“Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión. Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la Presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, escribió el Relator de la ONU en su cuenta de Twitter.

El pronunciamiento se da después de que el pasado viernes Añez, en un juicio ordinario, recibiera una pena de 10 años por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en el caso Golpe II, en medio de denuncias por atropellos y vulneraciones al debido proceso. Además, la expresidenta tiene otros tres procesos penales en curso, entre ellos el caso Golpe I por delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

García-Sayán dijo que hay una preocupación en la comunidad internacional por “las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial” e hizo referencia a las revelaciones que hizo el fin de semana el expresidente Evo Morales y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien develó que el juicio por la vía ordinaria contra Añez fue una decisión tomada entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, él y la cúpula del partido oficialista.

“Preocupa lo revelado este domingo por el expresidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del Gobierno y del partido de Gobierno, en que habrían acordado que la señora Añez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades”, señaló.

García-Sayán hizo referencia a la sentencia que pesa contra Añez, cuyo detalle se dará lectura este miércoles en el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, porque considera que la justicia boliviana aún tiene la oportunidad de hacer las correcciones necesarias. Informó que la oficina en Bolivia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace seguimiento al caso.

Asimismo, García-Sayán lamentó que hasta la fecha la justicia haya omitido analizar y pronunciarse sobre hechos graves como los de Sacaba y Senkata registrados luego de la asunción de Jeanine Áñez a la Presidencia, en noviembre de 2019.

Diego García-Sayán visitó Bolivia en febrero de este año para sostener encuentros con diferentes sectores de la sociedad y así conocer el funcionamiento del sistema judicial y en una percepción preliminar hizo notar la falta de independencia en la justicia. Tres meses después, se conoció el informe del Relator de la ONU en el que publicó diferentes observaciones a la justicia y alertó que persiste la corrupción y la injerencia política, haciendo mención al caso Añez.

El Gobierno boliviano negó que hubiera injerencia en los procesos contra Añez y anunció que buscará que se suba la pena de la expresidenta a 15 años. Además, el partido de Gobierno anunció la activación de otro proceso penal contra la exmandataria por el caso Sacaba y Senkata, hecho registrado cuando Añez ya era mandataria.

Reacciones

La expresidenta Jeanine Añez y su hija Carolina Ribera se refirieron al pronunciamiento del Relator de la ONU y cuestionaron a las autoridades judiciales por no dar las garantías al debido proceso y aplicar las leyes a conveniencia política.

“La confesión culpable de Evo Morales sobre injerencia llega a Naciones Unidas. El relator para la Independencia Judicial, Diego García-Sayán, manifiesta su preocupación por decisión política de juicio ordinario contra Jeanine Añez en lugar de juicio de responsabilidades como expresidenta”, señala el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la exmandataria.

Por su lado, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó de contundente la apreciación que hizo García-Sayán sobre la “confesión de Evo Morales” y la forma en que se lleva el proceso contra Añez.

“La descarada injerencia política del gobierno del MAS sobre el sistema judicial en el juicio de Jeanine Añez, sólo es una prueba más de que están afanados de que el pueblo olvide el fraude electoral monumental que cometió Evo y el MAS para perpetuarse en el poder”, apuntó Camacho.

Análisis de juristas

Algunos abogados y el Observatorio Jurídico Electoral “Del revés al Derecho” señalaron que no se puede procesar a Añez en la vía penal por actos registrados cuando ella era mandataria, sino que corresponde un juicio de responsabilidades. Alegaron que de no seguir ese curso, los procesos están viciados de nulidad.

“A la expresidenta Jeanine Añez se le ha vulnerado el derecho al debido proceso y al juez natural que consagra la Constitución Política del Estado, al haber sido sometida a tribunales que no poseen ni la jurisdicción ni la competencia para juzgar a una expresidenta sea cual fuere la vía por la que accedió a este cargo”, refiere el pronunciamiento de dicho Observatorio.

Por su parte, el abogado Eusebio Vera dijo que hay normas vigentes sobre el juzgamiento a exmandatarios por presuntos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y para eso “en forma obligatoria y necesaria se debe acudir a la Ley 044, es decir a un juicio de responsabilidades”.

Para el abogado Jorge Santistevan, “Jeanine Añez en el ejercicio de sus funciones, todo lo que ha ocurrido a partir de la sucesión constitucional (en 2019), todos son actos que están enmarcados en la Ley 044. Por tanto, ella no debió ser procesada en la justicia ordinaria”.