ESCUCHA ESTA NOTA AQUÍ
El MAS y el Gobierno, en un ampliado ordinario y pese a las denuncias de injerencia política en la justicia, instruyeron a dos ministros de Estado y al fiscal general, Juan Lanchipa, iniciar procesos contra al menos 10 políticos y cívicos que respaldaron a Jeanine Áñez desde su ingreso al gobierno en 2019. Algunos diputados oficialistas incluso amenazaron con pedir informes al Ministerio Público sino convocan a los “autores intelectuales” del supuesto golpe de Estado.
“Pedimos a los ministros de Justicia (Iván Lima), de Gobierno (Eduardo Del Castillo) y Fiscalía General del Estado procesar a los golpistas como Luis Fernando Camacho, Fernando López, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Eduardo León, Luis Larrea, Waldo Albarracín, Luis Revilla, Luis Almagro y demás colaboradores”, señala la octava determinación.
Mientras, en EEUU la decisión de “sentenciar arbitrariamente” a Áñez “por cargos dudosos reduce imprudentemente el sistema judicial boliviano a una herramienta que busca saldar cuentas políticas”, según afirman seis senadores demócratas y republicanos, entre ellos algunos muy conocidos como Bob Menéndez, Marco Rubio y Ted Cruz, y expresan preocupación.
El jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe, dio lectura ayer a los nueve puntos acordados en su partido en coordinación con el gabinete de ministros, legisladores y los jefes de Estado, Luis Arce y David Choquehuanca.
En el encuentro también resolvieron trabajar en unidad “monolítica” del partido oficialista. Incluso se estableció que el expresidente Evo Morales estará a cargo de la conducción política del país.
La reunión del MAS se realizó el sábado 11 de junio en la Zona Sur de la ciudad de La Paz, mientras se realizaba la entrada del Gran Poder. El encuentro se extendió por más de 10 horas.
El diputado oficialista, Andrés Flores, acotó que si el Ministerio Público no convoca a declarar a los “autores intelectuales” del presunto golpe de Estado pedirán un informe escrito a Lanchipa.
“Nosotros vamos a pedir, como diputado nacional, informe al fiscal general porque obviamente ya deberían ser convocados estos señores”, manifestó el parlamentario y reclamó celeridad.
Estas decisiones se dieron al día siguiente de conocerse la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta y en medio de revelaciones del líder del MAS, Evo Morales, sobre la decisión de un nuevo juicio contra la también exsenadora por las muertes de 2019 en Senkata y Sacaba.
El analista político, Paul Coca, señaló que las últimas declaraciones de Evo Morales sobre la supuesta reunión que definió cómo sería el proceso contra Áñez es una muestra clara del estado de la administración de la justicia.
“Esto no terminará aquí, tengan por seguro, más bien habrán más situaciones, más problemas, más hechos y personas que serán investigadas, sancionadas y otras aprehendidas”, advirtió el politólogo en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.
Vulneraciones ante Corte IDH
La defensa de Áñez anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para denunciar las presuntas violaciones a sus derechos y al debido proceso desde la detención preventiva de la exmandataria.
“Estamos haciendo las acciones necesarias para llegar a la Corte IDH donde no existan partidos políticos, ni injerencia política, donde no hay amigos a los que se les pueda dar órdenes para rechazar recursos y cometer todas estas ilegalidades y violaciones al debido proceso”, informó Carolina Ribera, hija de la expresidenta y vocera de la causa.
Para llegar a esta instancia es necesario agotar la vía ordinaria en el país y luego se abre esta posibilidad internacional. El también expresidente Jorge “Tuto” Quiroga pidió a organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se pronuncien sobre las declaraciones vertidas por el jefe del MAS.
“Evo Morales revela que cúpulas masistas del partido, del Ejecutivo y del Congreso decidieron cómo, dónde y cuándo enjuiciar/sentenciar a Jeanine Áñez. Sometimiento judicial demostrado, que exige que los funcionarios internacionales se pronuncien ahora”, dijo en su cuenta de twitter.
En respuesta, el líder del MAS dijo que algunos medios tergiversaron sus palabras en su programa del domingo desde el Trópico de Cochabamba. Agregó que los organismos internacionales que estuvieron pendientes del proceso contra Áñez comprobaron que no existía persecusión política e incluso condenaron las masacres de 2019.
“En su visita, García-Sayán comprobó y aclaró que no hay ningún caso de persecución política, la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet condenó las muertes causadas por el gobierno de facto. ¿Ahora los golpistas pedirán que digan lo contrario? Cinismo golpista”, escribió en sus redes sociales.
Agregó que la CIDH como organismo defensor de derechos humanos deberá respetar la soberanía jurídica de Bolivia y decidir si apoyará a quienes “masacraron” a los ciudadanos que rechazaron el presunto golpe, caso contrario sería desconocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Movilizaciones
Luego de conocerse la sentencia contra Áñez y los exjefes militares, los defensores de derechos humanos convocaron a una movilización para hoy martes.
Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH-Bolivia), representado por Amparo Carvajal, pidieron a la sociedad civil apersonarse al medio día en las puertas de la institución para denunciar que “el pueblo que luchó por la democracia fue condendo a 10 años de cárcel”.
El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, dijo ayer que la sentencia contra Jeanine Áñez vulnera el Estado de derecho, por lo que desde el 21 de junio comenzarán las protestas que se iniciarán con un “motocazo” en Cochabamba, retomando con las movilizaciones luego del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).
Explicó que el comité ejecutivo del Conade comenzará a reunirse para analizar las repercusiones de la sentencia y la agudización de la crisis, pues considera que el fallo puede generar una situación de descontento como la que se dio tras el 21F que le dijo “no” a la reelección de Evo Morales para otro mandato.
El dirigente del Conade también instó a los líderes de la oposición, como el gobernador de Santa Cruz y líder cívico en la crisis de 2019, Fernando Camacho, a asumir acciones y no restringirse a apoyar desde las redes sociales.
“Veo mucha pasividad, mediante tuits y comunicados no puede pararse esta ofensiva de parte del MAS, que es ya una ofensiva de penalización de lo que ocurrió en 2019”, lamentó.
Nueva crisis política
Los juristas independientes que proponen una reforma judicial de fondo alertaron ayer sobre una nueva crisis política en el país, similar a la de 2019, tras la supuesta confesión del jefe del MAS, Evo Morales, de que el enjuiciamiento ordinario y condena a la expresidenta se definió en una reunión de la cúpula del masismo y no en el ámbito de la justicia.
“Alertamos que una mantenida conducta autoritaria de los gobernantes y, peor, un desconocimiento tan grosero de la independencia judicial (…), puede dar lugar al desconocimiento abierto de la Constitución, como ocurrió en 2017 con la sentencia constitucional que desató la penosa crisis de 2019, cuyos efectos aún no hemos superado”, se lee en un comunicado emitido por esa organización.
