La sentencia a 10 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado golpe de Estado II no convence a ninguna de las partes, por lo que anunciaron apelar la determinación judicial. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) provocó nuevas fricciones en torno a una autoridad del Ejecutivo a la que acusan de traición y “protagonismo desmedido”. A su vez, exigen nuevos procesos contra Áñez y otros políticos como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el empresario y excandidato de Unidad Nacional Samuel Doria Medina. Incluyen al secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
En medio de la polémica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) convocó para hoy a una marcha de rechazo a la sentencia.
“Nuestro lema será verdad, justicia y libertad y respeto a los derechos humanos de todos nosotros. El pueblo que luchó por la democracia ha sido condenado a diez años de cárcel”, se lee en la convocatoria.
La marcha iniciará a las 12:00 en puertas de la institución con sede en La Paz tras un llamado a los “defensores de los derechos humanos” a nivel departamental y nacional y la sociedad civil.
Áñez fue hallada culpable de asumir de manera ilícita la presidencia del Estado en 2019, sin cumplir los procedimientos para considerar las renuncias de autoridades.
APELACIÓN
La Fiscalía, que pidió 15 años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, alista una apelación contra la sentencia en función al “quantum de la pena”, es decir, la cantidad de tiempo de privación de libertad.
“Nosotros estamos a la espera de conocer los argumentos que tiene la sentencia para presentar nuestro recurso de apelación que es analizada por la comisión de fiscales y va fundamentalmente al quantum de la pena”, dijo el fiscal General, Juan Lanchipa.
La defensa de Áñez anunció también que apelará la sentencia, puesto que busca una absolución. La intención, según su hija, Carolina Ribera, es agotar instancias internas para poder acudir a instancias internacionales.
El ministro de Justicia, Iván Lima, citado por ABI, llamó a la calma y aclaró que recién mañana se conocerá el alcance de la sentencia para interponer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Según la autoridad, antes de que la sentencia tenga la calidad de “cosa juzgada” y pueda decirse que ha concluido este proceso, “todavía hay un camino importante que recorrer”.
“Al menos hay cuatro decisiones pendientes: el Auto de vista del Tribunal Departamental, el Auto Supremo del Tribunal Supremo, la sentencia de alguna sala constitucional y la decisión final del Tribunal Constitucional en una sentencia”, explicó.
DENUNCIA
La Dirección Nacional del MAS, mediante un pronunciamiento, acusó de traición a una autoridad del Órgano Ejecutivo, aunque no mencionó el nombre.
Señala a dicha autoridad del Poder Ejecutivo como quien pretende “posicionarse como el protagonista y actor único y principal de la captura y sentencia” de Áñez.
“En un nuevo afán de su desmedida búsqueda de protagonismo, pretende incluso eclipsar a la figura del propio Presidente y su gabinete, además de robarle al pueblo de Bolivia ésta victoria en su búsqueda por la justicia”, dice el texto.
Continúa advirtieron que esa autoridad del Ejecutivo lleva una “seguidilla de acciones de traición, dirigidas a dividir al MAS - IPSP, socavar la democracia y es un insulto a la memoria de los fallecidos de 2019 y sus familias”.
“El movimiento popular, sabrá en su momento, juzgar esta alta traición”, finaliza el punto.
Van por más procesos a políticos
Desde el Gobierno y el MAS anunciaron un nuevo proceso contra los políticos por las muertes de Senkata, El Alto y Sacaba, Cochabamba, en 2019.
El vocero de la Presidencia, Jorge Richter, manifestó, citado por Urgente.bo, que el Gobierno no se conformará con la sentencia de 10 años y exigió dar con los “cómplices” de la expresidenta.
A su vez, en una reunión entre legisladores plurinacionales del MAS con autoridades del Ejecutivo, según el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Gualberto Arispe, se determinó, de manera unánime, pedir a los ministerios de Justicia, Gobierno y la Fiscalía procesar a Almagro, Camacho, Mesa, Quiroga y Doria Medina, además del exdirigente cívico Marco Pumari, el exalcalde de La Paz Luis Larrea, el exdefensor del Pueblo y representante del Conade Waldo Albarracín y “demás colaboradores”.
Por su parte, el fiscal General, Juan Lanchipa dijo, citado por ERBOL, que pedirá a los fiscales de materia que actúen con la “celeridad que corresponda” en el caso golpe de Estado I que está en investigación, pero reconoció que existe demora en las citaciones a los principales denunciados.
Este caso se inició a finales de 2020, cuando la exdiputada del MAS Lidia Patty denunció al actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre, además de exjefes militares y de la Policía por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición. Luego, fue ampliado contra Áñez, quien fue detenida en marzo de 2021.
Apuntes
Reacciones
• El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, afirmó que el juicio ordinario y no el de responsabilidades contra Áñez fue decidida por quienes detentan el poder político, lo que generó diferentes reacciones.
• Los Juristas Independientes del país ven una “confesión expresa de la lamentable injerencia política en el sistema judicial del Estado” y advierten de que se hiere de muerte la democracia, “generando las condiciones para la instauración de un régimen autocrático”.
• También señalan que el sistema judicial fue secuestrado por quienes detentan el poder político “convirtiéndose en un instrumento de represión a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, afectando el Estado Constitucional de Derecho y la democracia”.
• Se inclinan por la propuesta de reforma parcial de la Constitución mediante Referendo Popular vía iniciativa ciudadana.
• La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) manifestó que esas declaraciones confiesan que existe una “asociación delictuosa” para manipular a la justicia. Según Carlos Alarcón, hay una “suprainstancia criminal” que define quién va a ser juzgado y de qué manera.
• El exmandatario dijo que sus palabras fueron malinterpretadas y, según ERBOL, culpó a “golpistas” y medios de comunicación. Aclaró que como MAS-IPSP debaten “por responsabilidad” la estrategia jurídica y política para lograr justicia.
• El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que las declaraciones de Morales se referían a casos como el de Senkata y Sacaba.
• Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga pidieron a organismos internacionales como la ONU, CIDH, UE y OEA pronunciarse con respecto al fallo en contra de Áñez y las declaraciones de Morales sobre la decisión del juicio ordinario.
