Uno de los aspectos que ha conflictuado la reanudación de actividades de la ALDT, ha sido la Sentencia de Acción Popular que emitió el Tribunal Departamental de Justicia, que ha concedido la tutela en parte, a un sector del pueblo indígena Weenhayek representada por Pablo Rivera, quien dice ser representante y es quien se ha constituido como accionante, pidiendo el reconocimiento de las nuevas autoridades electas.

Sin embargo, salió a flote la división interna y se supo que hay tres dirigencias paralelas producto de la injerencia política y las pugnas, lo curioso es cada una de estas cabezas asegura tener la representación legal de este pueblo indígena. Por un lado, está el capitán grande Pablo Pérez Saqueo, por otro, Moisés Sapirenda y también Pablo Rivera.

Si bien la Acción Popular ha sido presentada por uno de estos dirigentes, el mismo pueblo indígena ha cuestionado el accionar de la justicia ordinaria por parcializarse a acatar la disposición legal de un solo sector y no así considerar al resto, además, que no verificó quién tiene la representación legal.

La Sentencia Judicial ha sido de conocimiento público la semana pasada, pero recién el pasado lunes fue notificada a las partes interesadas. Sin embargo, en este contexto, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija no ha querido hacer una interpretación del documento, guardándose para este martes en una conferencia de prensa, para recién informar de las acciones con las que van a proceder.

Al momento, Salazar continúa en funciones como asambleísta departamental y presidente de la ALDT, pero debe aguardar por el pronunciamiento del TED para conocer cuál será su futuro.

Weenhayeks piden respetar sus derechos

El sector del pueblo Weenhayek encabezado por el capitán grande, Pablo Pérez Saqueo, llegó a la capital chapaca para ratificar su respaldo al asambleísta Salazar, además de exigir el respeto a sus derechos que tienen como pueblo indígena.

 “A Federico lo estamos respaldando, porque toda la confianza que damos a esta persona, es porque nosotros ya lo conocemos, una persona que tiene la capacidad de trabajar”, señaló.

Pérez denunció que las acciones que está encarando el dirigente Pablo Rivera, obedecen a intereses políticos del MAS. Asimismo, advirtió que, si procede la Sentencia Judicial y despojan a Salazar del curul legislativo, van a asumir medidas de presión.

En esa misma línea, el gobernador de Tarija, Oscar Montes, denunció que el MAS está cometiendo “acciones abusivas” en contra del departamento, usando las instituciones del Estado para perseguir políticamente a sus adversarios, tanto legisladores como también a su persona.

“Ustedes saben que después de la elección de la directiva de la Asamblea Departamental, que ha sido un ejercicio democrático que ha contado con el voto de 26 de 30 asambleístas, algo histórico que nunca se ha visto en la asamblea tarijeña (…). Sin embargo, a partir de aquello la dirigencia del MAS ha iniciado un proceso judicial en contra del hoy electo Presidente de la ALDT, lo mismo ha hecho con el dirigente del pueblo Guaraní, una serie de acciones que están yendo en contra del ejercicio del sistema democrático”, señaló.

El MAS niega injerencia

La asambleísta departamental por el MAS, Juanita Miranda, refutó las acusaciones por injerencia política y enfatizó que los pueblos indígenas tienen sus propios procedimientos democráticos por los que hacen valer sus decisiones.

“Ellos están respaldados por la Constitución Política del Estado para ejercer sus derechos por usos y costumbres, a diferencia de los asambleístas electos por voto popular y en el marco de la Ley Electoral, nosotros sí podemos sufrir un revocatorio a partir de los dos años y medio de gestión, sin embargo, los pueblos indígenas pueden recovar el mandato cuando así lo consideren”, enfatizó.

Advierten vulneración a la Constitución

Para el presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Oscar Vargas, la Sentencia Judicial vulnera algunos preceptos constitucionales, pasando por encima las decisiones que asumen los pueblos indígenas en ejercicio de sus usos y costumbres al elegir a sus autoridades.

“Aquellos asambleístas que están en ejercicio y gozan del respaldo, además de un documento que acredite que ellos son los verdaderos representantes, pues eso es lo que se debe cumplir y se debe respetar”, mencionó el profesional.Este aspecto también ha sido observado por los dirigentes indígenas, quienes piden respeto a sus autoridades electas según sus normas.