En tanto, la oposición, que tiene presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pide a organismos internacionales, como la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (NNUU), que se pronuncien porque fueron entidades que mediaron en la crisis de 2019.

“El pueblo que luchó por la democracia ha sido condenado a 10 años de cárcel”, se lee en el comunicado que emitió la Apdhb, que fue suscrito por su presidenta Amparo Carvajal.

Esa institución convocó a los defensores de derechos humanos y a “toda” la sociedad civil a una marcha, a las 12:00 de hoy. “Nuestro lema será Verdad, Justicia, Libertad y respeto a los derechos humanos de todos nosotros”, dice la nota.

Conade, por su parte, se sumó a la movilización anunciada por la Apdhb y confirmó dos actos de protestas para la siguiente semana. El primero es un “motocazo”, que se realizará en Cochabamba el 21 de junio. El segundo es una concentración, que se efectuará en Tarija, al día siguiente.

“Es decisión del MAS llevar a la señora Añez a un juicio penal y no constitucional, como establece la norma suprema. En consecuencia, nuestra reacción como Conade es convocar a la ciudadanía a movilizarnos”, aseguró Manuel Morales, representante del Conade.

Agregó que están a la espera de que haya pronunciamientos en otros departamentos y líderes, como en el caso del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, debido a que –sostuvo- sólo la presión ciudadana es la que detendrá esta situación.

Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), indicó que la sentencia contra Añez implica un premio a la impunidad y un homenaje a la tiranía. El legislador añadió que el veredicto es la “punta de lanza” para generar una arremetida autoritaria contra todos los líderes que protestaron contra la autocracia que desconoció los resultados del 21F e incurrió en “fraude electoral para quedarse indefinidamente en el poder”.

“Insistimos en el pedido de Carlos Mesa a la UE, a las NNUU, al Gobierno y al Estado de España y de Brasil, que han sido los facilitadores del diálogo en ese momento, para que Bolivia no caiga en el despeñadero del caos y de la anarquía, de la violencia desenfrenada. El hecho de aceptar esta sentencia es también una criminalización espuria para estas representaciones internacionales. No es suficiente que las NNUU controle las garantías del debido proceso, como lo está haciendo. Eso es importante, pero ellos también tienen una palabra como testigos de actuación”, sostuvo.

Centa Rek, senadora de Creemos, aseguró que en el país se eliminó el Órgano Judicial y que en su lugar existe “algo análogo a un sicariato judicial”, que –según su lectura- recibe órdenes de un partido político y las cumple a rajatabla.

La legisladora anunció que enviarán notas formales a NNUU, la UE, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demostrar lo que ocurre en Bolivia.

Rek agregó que el Gobierno no está en condiciones para generar una reforma judicial, porque “todo lo que haga en este ámbito será una mentira, una patraña, una cortina de humo para seguir ejerciendo el mismo sicariato judicial con órdenes expresas, con juicios exprés, sólo para perseguir a opositores y no para impartir justicia”.

La plataforma Otra Bolivia es Posible convocó a líderes nacionales, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, plataformas ciudadanas y comités cívicos a retomar las calles “contra el linchamiento judicial”.