La intención de Evo Morales y su entorno de dejar por sentada su teoría de presunto “golpe de Estado”, que tiene como objetivo lavar su imagen, atenta contra la legitimidad del gobierno de Luis Arce y además busca garantizar su candidatura en 2025 o promover el revocatorio para retornar al poder, refieren analistas y legistas en referencia a los últimos actuados del líder de los cocaleros.

El debate sobre si fue o no golpe no va a determinar que se tenga que volver al vicio más antiguo de los sucesos, que podría darse a nivel jurídico, pero a nivel político es imposible que interrumpa un mandato constitucional del presidente Arce Catacora para entregárselo  a Morales, explicó el abogado Ramiro Cárdenas.

En ese contexto, el abogado constitucionalista y analista Paul Antonio Coca sostiene que “no se puede decir que el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez fue ilegal, inconstitucional, de facto, y a la vez indicar que sus actos son válidos, tal como quiere hacer ver el partido del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Estamos ingresando a una problemática muy fuerte. Hay un detalle: como jefe del MAS, (Morales) ha centralizado todos los poderes de acuerdo al estatuto y el congreso del MAS, no creo que ceda la candidatura a Arce Catacora. En todo caso, el único ganador con esta sentencia es Evo Morales porque él ya tiene un instrumento para negociar varios puntos con el MAS y el propio Arce Catacora y ver cómo va a usar la sentencia en un futuro teniendo a la justicia de su lado, teniendo el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de su lado”, sostuvo.

Sin embargo, fue más sutil al indicar que con este proceso, que se piensa que está castigando a Áñez, está poniendo en cuestionamiento la legalidad y legitimidad del Presidente y Vicepresidente actuales, que se han venido a menos.

No interesa la justicia

“Si hubo golpe o no, a esta alturas ya no interesa, porque quedó claro que es una sucesión constitucional, no en circunstancias normales, pero sí fue constitucional. Entonces no es una búsqueda de justicia, sino precisamente anular ese escenario de fraude que lo inhabilita y habilitar su reelección o postulación, como se le hizo el presunto golpe no terminó su mandato y puede ser reelecto”, señaló el constitucionalista Carlos Alberto Goitia.

Agregó que Morales busca la administración de 2025 si es que no antes y el discurso irá en ese sentido “al haber hecho golpe, digamos, y no va haber fraude, entonces queda habilitado”.

Revocatorio

En esta ambición de poder de Morales, si bien no se podría dar un retroceso en todo lo actuado para entregar el poder al líder cocalero, que fue reconocido como ganador de la elecciones de 2019 por los administradores del anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE), puede promover un “revocatorio” en contra de Arce.

“Con las últimas acciones promovidas por Morales, se ve que se está estrellando contra tres personas en Bolivia: contra el gobernador Luis Fernando Camacho, contra la alcaldesa Eva Copa y finalmente contra Arce Catacora. Ahora, en qué medida puede tener un beneficio a corto plazo a una posible candidatura, hay un mecanismo que se va a activar a fines del próximo año que es la revocatoria de mandato, cuando Arce cumpla dos años y medio de gestión y eso va a significar que ya la revocatoria va a estar bastante activada y estará como actor Morales”, sostuvo el constitucionalista Coca.

Acciones que probaron que hubo fraude electoral

Ante los argumentos que maneja el MAS sobre un presunto golpe de Estado en 2019, hay más de una decena de evidencias que establecen un fraude electoral promovido por Evo Morales.

Entre ellas se puede mencionar el informe-memoria sobre el proceso de pacificación de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), que contiene varias revelaciones en torno a cómo el MAS, encabezado por Evo Morales, deliberadamente produjo un vacío de poder con la posibilidad cierta de que eso conduzca a un enfrentamiento fratricida.

Otro argumento del MAS y su gobierno, con ayuda de la administración kirchnerista de Alberto Fernández, intentaron validar un“golpe” con una acusación internacional de envío ilegal de armas a Bolivia para masacrar a los movilizados del partido azul.

Otro episodio fue el promovido por el masismo y su fiscal Juan Lanchipa, que presentó el “Informe Corchado”, un estudio hecho por la consultora española Bisite, dirigida por el docente universitario Juan Manuel Corchado, atribuida a la Universidad de Salamanca, que concluyó que hubo irregularidades en el proceso electoral de 2019, pero que posiblemente no hubo fraude electoral en 2019, lo que le sirvió al fiscal para cerrar las denuncias contra Morales.

La Organización de Estados Americanos ratificó la auditoría vinculante de expertos que encontraron manipulación dolosa de los resultados.

Rek: “Hay un sicariato judicial”

La jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, aseguró que con el fallo judicial en contra de la expresidenta Jeanine Áñez se ha creado un sicariato judicial sometido a un partido político, el Movimiento Al Socialismo, eliminando así al Órgano Judicial.

“Lo que existe es algo análogo a un sicariato judicial (el Órgano Judicial) que recibe órdenes de un partido político y que las cumple a rajatablas”, señaló Rek.

La legisladora agregó que, en las actuales circunstancias, el Órgano Ejecutivo no tiene las condiciones para llevar adelante una reforma profunda al Órgano Judicial, por lo que todo lo que se realice al respecto será una simple patraña.