Precisamente el plan B era Jeanine Añez quien ya había aceptado ser la mandataria y estaba presta a cumplir con el discurso preparado por los opositores.

La justicia boliviana dio el primer paso para la recon­ciliación de los bolivianos tras el golpe de Estado de 2019, cuando un grupo de políticos mediante sus mal llamados líderes de agrupaciones ciudadanas o ex presidentes decidieron que el Movimiento Al Socialismo sea eliminado del Poder Ejecutivo.

Desde el momento de la sentencia se viene el efecto dominó, en el cual se tendrá que convocar a los planificadores del golpe de Estado que comenzó meses antes, en los cuales Luis Fernando Camacho, desde el Comité Cívico de San­ta Cruz, articuló con varios entes simila­res de todo el país, trabajen en la desesta­bilización y en la narrativa del fraude o en el desconocimiento a las elecciones que se realizaron el 20 de octubre de 2019.

Camacho en un primer cabildo que después fue replicado por las ciudades capitales de seis departamentos, llama­ron al desconocimiento de los resulta­dos si es que el Movimiento Al Socialis­mo ganaba los comicios presidenciales.

Paralelamente a esa campaña de des­conocimiento a los resultados, Camacho organizaba todo un trabajo de violencia en contra de los cruce­ños del área rural y de todo aquel que se identifique con el MAS.

Similar discurso manejaba Carlos Mesa que indicaba que no aceptaría los resultados del 20 de octubre si es que la di­ferencia era abismal, por lo que trabajaron en esa narrativa falsa de un fraude.

Mesa dio un paso más y tomó el poder de los opositores y cuan­do le preguntaron que si estaba de acuerdo que Salvatierra asuma el poder, él dijo que ninguno del MAS podría ser presidente o pre­sidenta del Estado Plurinacional, por lo que su asesor Ricardo Paz se comunicó con Jeanine Añez para ofrecerle la presidencia.

Con ese panorama y en una reunión en las aulas de la Uni­versidad Católica, Samuel Doria Medina le anunciaba a Adria­na Salvatierra que ella no podría ser mandataria y que si no aceptaba el MAS se tenía un plan B.

Precisamente, el plan B era Jeani­ne Añez, quien ya había aceptado ser la mandataria y estaba presta a cumplir con el discurso preparado por los opositores.

En esa misma reunión, Tuto Quiro­ga asumía el poder de manejar los des­tinos de seguridad del país y se con­virtió en la persona que autorizaba los movimientos de la Fuerza Aérea Boli­viana, vulnerando todas las normati­vas tanto del Ejecutivo como del Le­gislativo del país.

Estas actuaciones de las ex autorida­des o simplemente personajes políticos que se arrogaron el poder del pueblo, puede determinar que se les instaure procesos penales por el daño que ocasionaron: la muerte de 38 personas que defendían la democracia.

Es momento que la justicia active un nuevo juicio, pero esta vez contra todos estos actores que son parte del Golpe de Estado de 2019.