La decisión del Órgano Judicial de fijar 10 años de prisión para la expresidenta Jeanine  Añez no es ninguna sorpresa. Por el contrario, lo que sorprende es que la pena no sea mayor.

Y no se trata de que Añez se lo merezca. No. Lo sucedido entre octubre y noviembre de 2019 es tan evidente que no admite réplica. Lo que ocurrió fue un fraude electoral. La reacción de la gente frente a las evidencias de la manipulación de la voluntad popular determinó que salga a la calle en protestas multitudinarias que condujeron a los gobernantes de entonces, Evo Morales y Álvaro García, a presentar renuncia a sus altos cargos.

Una vez más, como lo dijimos en su momento, hay que recordar  que ni a Morales ni a García se les encañonó con arma alguna para que dimitieran. Es más… su mensaje de despedida, transmitido por el canal estatal de televisión, duró mucho porque, precisamente, nadie les urgía más allá del set de televisión.

En un golpe de Estado, a los gobernantes legales se les exige dejar el poder con prisa. Y luego se cierra el Parlamento, y toda otra instancia que se atreva a cuestionar al régimen emergente. En el caso de la Bolivia posterior al 10 de noviembre de 2019, el Congreso siguió funcionando, incluso encabezado por militantes del partido de los gobernantes renunciantes.

Pero hubo un hecho clave en el cambio de gobierno de la fecha mencionada: luego de su largo discurso, Morales y García se fueron, cargando paquetes cuyo contenido no se ha dilucidado hasta ahora. Fue una huida en toda la regla, y, como suele suceder cuando se trata de escapes, aparejó una alta dosis de cobardía. Fue humillante y, tomando en cuenta los antecedentes de su dilatado gobierno, lo más seguro es que Evo juró cobrar venganza por la humillación.

Esa venganza se tradujo, primero, en la detención de Añez, que fue la senadora que asumió la vacante dejada por las renuncias de todos quienes estaban habilitados para asumir el mando de la nación, y, ahora, en la sentencia que ha emitido el Órgano Judicial más sometido de los últimos tiempos: 10 años de cárcel.

Pero, repetimos, la sentencia no es lo que se esperaba porque, al final de cuentas, este es un juicio político y, en ese marco, la sentencia debió ser la máxima de nuestra legislación, 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero no porque le juicio lo ameritara, sino porque eso era lo que buscaba Evo.

Él mismo lo dijo, en su primera reacción ante la sentencia: "Diez años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia". En la primera parte, el expresidente expresa su contrariedad, porque su decisión era una pena  mayor, y en la segunda habla de un daño a la democracia que hubo, en efecto, pero no se cometió al aplicarse la prelación sino antes, cuando no se respetó la constitución que dice que nadie puede volver a postularse luego de dos mandatos consecutivos, como fue el caso de Morales.

Evo quería una pena mayor, para que el escarmiento a sus enemigos políticos, y a los testigos de su cobardía al huir, sea lo suficiente para que no se atrevan a nada más, pero no tomó en cuenta que en su mismo partido hay varias maneras de ver la verdad.

Con Arce en el poder, la influencia de Evo no es lo que él quisiera, así que la sentencia es un disimulo: se la condena, pero no lo suficiente. Es otra manera de recordarle a Evo que él no gobierna el país, por lo menos en apariencia, pero se la sentencia; es decir, se deja en claro que todos quienes se metan con el MAS recibirán su castigo.

Y eso es sentar las bases para un gobierno autocrático que no está dispuesto a dejar el poder.