Con un juicio exprés se ha condenado a 10 años de cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez. Se pasó por encima de la Constitución y se la juzgó por la vía ordinaria, después que el Movimiento Al Socialismo no consiguió reunir dos tercios de votos en el Legislativo para proceder, como se debía, con un juicio de responsabilidades. Se advierten varias irregularidades, sin contar con las constantes intervenciones de miembros del Ejecutivo y Legislativo que ejercieron presión sobre jueces ‘obedientes’. El Gobierno de Luis Arce sostiene que con la condena se cierra “institucionalmente” un capítulo doloroso para Bolivia: lo ocurrido en 2019 y que el MAS llama “golpe de Estado”. Lo real es que la herida sigue abierta y que aún quedan cuentas pendientes, precisamente las que golpean al partido en función de gobierno.

Olvida el Gobierno que una gran porción de los bolivianos no cree que hubo golpe de Estado. Es más, la población vio estupefacta cómo se fue desmontando un grosero fraude electoral en 2019, que dio lugar a un paro nacional ciudadano de 21 días y que terminó con la renuncia de Evo Morales (quien se beneficiaba con la manipulación de las elecciones).

La sentencia es otra muestra del calamitoso estado de la justicia. Se hizo a un lado la Carta Magna que establece que los expresidentes deben ser sometidos a juicio de responsabilidades, esto fue cambiado a capricho del MAS. Se la condenó cuando estaba pendiente una resolución del Tribunal Constitucional sobre una queja que la defensa de Áñez había presentado. Y recbió su condena en ausencia; es decir mirando la audiencia on line, porque le impidieron estar presente. Además, fue el mismo comisionado de las NNUU quien puso como referencia el caso de la exmandataria para citar los abusos que se cometen con la detención preventiva.

Dos días después de la sentencia, Evo Morales, expresidente que renunció en 2019, reveló que el juicio ordinario contra la expresidenta se decidió en una reunión política del Movimiento Al Socialismo. Vaya admisión que no hace más que poner en evidencia, una vez más, cuán sometida está la justicia al poder político de turno.

Para la alta dirigencia masista -según el exmandatario- lo importante del fallo es que dice que en Bolivia hubo “golpe de estado”. Y está claro que lo que se pretende es borrar la manipulación del sistema electoral en los comicios de 2019. Este hecho fue sustentado por informes de las misiones electorales de la OEA y de la Unión Europea. Antes de ellos lo puso en evidencia la empresa Ethical Hacking, contratada por el Tribunal Supremo Electoral para auditar los comicios.

Es entonces una falacia pretender decir que con la sentencia a Jeanine Áñez comienza a cerrarse el capítulo de lo que ocurrió en 2019. Primero, porque solo satisface al MAS y a sus afines; segundo, porque pretende instalar una posverdad, la del golpe de estado, y esconder la grosera manipulación de las elecciones. La auditoría que la OEA hizo a las elecciones, inmediatamente después de que estas ocurrieron y con acceso a información de primera mano, determinó varias irregularidades: desde la manipulación informática al sistema electoral, al TREP hasta la falsificación de actas. La Unión Europea después respaldó tales conclusiones, que desnudan delitos electorales, los cuales no fueron investigados y menos juzgados. Por cierto, llama la atención el silencio de la Unión Europea y de Naciones Unidas (facilitadoras de una solución en la crisis de 2019) frente a la condena a Jeanine Áñez.

El capítulo negro de 2019 está lejos de ser superado, mientras el MAS, con toda su representación política y sus vasallos en el Poder Judicial, se empeñen en negar que el país exige justicia contra quienes pretendieron reinstalarse en el poder mediante el fraude.