Con armas de fuego y a balazos. A ese nivel ha llegado la lucha dentro de las áreas protegidas entre los originarios defensores ambientales y los mineros que invaden lugares históricamente ‘sagrados’, como el Parque Nacional Madidi.

Hace unas semanas, la minería ilegal en Apolo dejó ocho heridos, dos secuestrados y la quema de 20 viviendas. Sin embargo, el problema es estructural, ya que informes de organizaciones como el Centro de Documentación e información Bolivia (Cedib) muestran un alarmante incremento en el uso del mercurio en la minería del oro, práctica que violenta el compromiso de Bolivia con el Convenio de Minamata. 

A esta denuncia, incluso, se ha unido el relator de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, e informes de organizaciones como Reacción Climáticas, que probaron la presencia y los efectos del mercurio en los pueblos indígenas.

A pesar de la escalada de gravedad, la nueva directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Carmen López, solo informó que la entidad evalúa una intervención contra la minería ilegal en el norte paceño. “Seguro lo vamos a hacer cuando corresponda”, indicó tras ser posesionada, además de responsabilizar al “Gobierno de facto”. López también aseguró que están “a punto” de realizar gestiones con respecto a este tema, y que pronto saldrán a la luz.

Desde su cuenta de Twitter, el presidente Luis Arce habló de la firma de un acuerdo que se constituye en importante alianza con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), para “seguir fortaleciendo las reservas internacionales en oro y reforzar la lucha contra la minería ilegal”. 

Por su parte, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), lanzó un ultimátum al Gobierno de Arce, para destituir a la recién posesionada directora de la AJAM.

Otra exigencia minera es la rezonificación de las áreas protegidas para expandir la actividad minera. Una de las más codiciadas es el Parque Nacional Madidi, uno de los más biodiversos del mundo, se le quiere ‘ablandar’ la zona ‘núcleo’ o de máxima protección, según manda el plan de manejo.

Ramiro Balmaceda, presidente del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (Fecoman), aseguró que algunas áreas donde operan sus afiliados ya son “obsoletas” porque el oro se termina. Reconoció que la actual zonificación de áreas protegidas obstaculiza realizar ciertas actividades extractivas. 

Violencia en Tariquía
Otro informe del Cedib dejó en evidencia que con una resolución de 2014 se aprobó un nuevo plan de manejo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (2014/2025), y se dio curso a una licencia ambiental para actividades extractivas petroleras en zonas no permitidas.

Con el nuevo plan de manejo se altera la zona de protección estricta como la de uso moderado, donde pueden realizarse actividades económicas.

Las tres subcentrales de Tariquía cuestionaron el rol del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ente a cargo, de asumir un rol permisivo y fuera de la norma, además de ignorar los reclamos y protestas de la población de la reserva.
También denunciaron que en otro punto de Tariquía, en el Cajón, existan operadores políticos, asalariados de las petroleras, que abusan de las pocas familias que habitan el lugar.

Según José Humacata, coordinador en la plataforma internacional Unidos por Tariquía, esta agresión sistemática y simultánea a varias áreas protegidas tiene que ver con la crisis económica que atraviesa el país. “Hemos visto tanto despilfarro y corrupción, que no han sido sostenibles, incluso la política de hidrocarburos, es por eso que recurren a la explotación de materias primas en nuestras áreas protegidas”.

Dijo que la mayor frustración es que en Tariquía solo hay el 15% de probabilidad de éxito para sacar gas comercial, con una inversión es mayor a $us 700 millones. “Entonces, estamos pensando que si no es fracking, están haciendo elefantes blancos con este tipo de explotación, para continuar con actos de corrupción, porque de otro modo no vemos sostenibilidad”, apuntó.

Arremetida minera
Otro parque nacional amenazado por la minería es el ANMI San Matías, donde se autorizó el ingreso a la empresa Mincruz, para la explotación de manganeso.

El director del área protegida, Mauricio Morales, en entrevista con la Revista Nómadas, aseguró que hay preocupación de su parte y del Sernap, ya que se logró caducar la licencia ambiental de Mincruz, pero la empresa apeló al Viceministerio de Medioambiente y existe una sentencia constitucional que obliga a dar la licencia.

Curiosamente, el permiso autoriza el trabajo en una zona de producción forestal que no permite minería ni desmonte. Morales reconoció que el sitio donde se pretende explotar minerales es una cabecera que alimenta los cursos de agua de Santo Corazón, San Fernando y de todo el Pantanal.

Asimismo, Mincruz cuenta con un permiso de desmonte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT), que afectará a 20 hectáreas.

En los últimos años, desde 2019, el ANMI San Matías es uno de los puntos con mayor daño debido a los incendios forestales, que fueron un prólogo de estos permisos de explotación minera.

Narcotráfico
Hace poco, en el Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontró un laboratorio de cristalización de cocaína con su pista de aterrizaje, e incautó más de 800 kilos de droga.

Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la pista clandestina era para que aterricen avionetas con droga procedente de Perú, para su refinamiento en Bolivia.

A este hallazgo se suman una serie de fábricas de droga descubiertas en las entrañas del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM), entre 2012 y 2022.

Uno de los ex operadores de turismo del PNNKM , que pidió el anonimato, dijo que no es posible reactivar el turismo porque es un peligro para los visitantes, porque los campamentos están en ruinas, y porque los anuncios del Sernap de iniciativas turísticas no eliminan el narcotráfico, sino que se adaptan a él, al mover turismo en una zona distinta a la de los narcotraficantes.

Por otro lado, el investigador Tim Killeen, que trabajó en organizaciones como WWF y Conservation International, al hacer un monitoreo satelital encontró que entre diciembre de 2021 y abril 2022, la minería ilegal comenzó a trabajar en el parque, a lo largo de los farellones occidentales de la meseta de Caparuch.

“Aún no ha sido verificado por las autoridades, pero las cicatrices de la deforestación son típicas de los garimpeiros de Brasil. El precio del oro está en los máximos históricos y esto tiende a empeorar”, publicó en sus redes.

Para Killeen, el problema de la minería en el PNNKM es peor, por mucho, que el de los “pichicateros”, enfatizando en que los reportes periodísticos sobre todo se han concentrado en el tema del narcotráfico. La alerta de Killeen fue publicada el 25 de mayo de este año, y hasta la fecha las autoridades tampoco se han manifestado.

De acuerdo a Aurelio Vaca El Hage, subgobernador de la provincia Velasco, donde se encuentra el parque nacional, y quien también es parte del comité de gestión de esa área protegida, junto a otras autoridades viajó a Brasil para averiguar sobre la minería, pero le aseguraron que no saben sobre eso, y que lo único claro es el tráfico de la madera.

“Creemos que los brasileños están entrando al parque a hacer explotación, quizás de oro, pero no hemos ido ahí porque el Sernap no nos ha permitido”, dijo, ya que existe el riesgo de encontrarse con narcos.

Vaca El Hage dijo que se hace la misma pregunta que hace la prensa: qué hacen las autoridades encargadas de las áreas protegidas, por qué el Gobierno no interviene, por qué no hacen un barrido e inspecciones permanentes. 

“Por referencias de la gente sabemos que hay muchas fábricas de droga en el parque, en Porvenir, Florida, Flor de Oro y, sin embargo, descubren una fábrica y ahí acaba. Es como si supieran que hay las fábricas, pero algo pasa, que no van a investigar debidamente”, dijo.

Otra de las presiones sobre el Tipnis es el resurgimiento de la presión para entrar a esa área protegida y terminar los 70 km de vía que faltan para unir Villa Tunari (Chapare) con San Ignacio de Moxos.

Desolación
Uno de los mayores daños ocasionados por la agroindustria y la deforestación debe ser el de Laguna Concepción, catalogada como sitio Ramsar, y área protegida departamental.

De esa otrora fuente de agua, inmersa en más de 135 mil hectáreas de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Refugio de Vida Silvestre Departamental Laguna Concepción, hoy solo queda desolación.

Según una investigación de Nómadas, alrededor del sitio Ramsar se construyeron decenas de kilómetros de desagües de sembradíos, que, además, llegan con químicos del agro a ese punto.

La deforestación de esta zona, además de la construcción del puente menonita que llega a los Bañados de Isoso, amenaza a estos con ser los siguientes en secarse.

El discurso
En su intervención en el Encuentro Internacional Estocolmo + 50, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, reafirmó la importancia de reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos, y enfatizó en la necesidad de abandonar la visión capitalista.

En la práctica, las áreas protegidas del país están siendo cada vez más heridas.

EL DEBER buscó a Teodoro Mamani, director del Sernap, pero no respondió.

DATOS

15 MILLONES DE DÓLARES
El Fondo Legacy Landscapes Fund, del gobierno alemán, que busca conservar la biodiversidad, cubrirá un programa que beneficia a los parques Madidi, Pilón Lajas y Apolobamba, con $us 15 millones. El Sernap también espera el desembolso de recursos del Banco de Desarrollo Productivo para Otuquis, ANMI San Matías y Kaa Iya.

PERSONAL DEL SERNAP
Del comité de gestión del Noel Kempff denunciaron la imposición de dos directores interinos. Desde Abolac denunciaron un proceso administrativo contra uno
de sus miembros, el guardaparque Daniel Pacci, además del retiro de siete guardianes del bosque del área protegida Cotapata.