“Es una mentira que la sentencia será para hacer justicia por las víctimas de Senkata y Sacaba. Es reprochable usar a víctimas para aparentar que se hace algo de justicia”, declaró a principios de semana David Inca representante de las víctimas (Página 7, 8.6.2022), consultado sobre el pedido de 30 años de presidio efectuado por manifestantes y el “Pacto de Unidad”, en los días previos a la sentencia condenatoria dictada este viernes 10 de junio contra la expresidenta Áñez. Esta sentencia se dictó en un cuadro caracterizado por:

1. La crisis terminal de la justicia boliviana expresada en la injerencia política, el sometimiento de los jueces, la corrupción, la mora procesal, la impunidad de los delincuentes, el hacinamiento carcelario, el abuso de la detención preventiva, la carencia de presupuesto y la partidización de la elección de jueces supremos; características enumeradas por Diego García-Sayán en su informe final del 11 de mayo de 2022.

2. La afirmación inequívoca, precisamente, de García-Sayán referida al enjuiciamiento de Janine Áñez en sentido que “dicho caso pone de manifiesto los problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva”, agregando que “todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana”.

3. La postergación indefinida de la “cumbre judicial” gubernamental que debía realizarse en marzo para aprobar una reforma judicial en base a seis ejes anunciados en septiembre de 2021. Se trataba básicamente de una propuesta de medidas administrativas que no apuntaban a la problemática de fondo detallada por el Relator de la ONU.

4. Las declaraciones del vocero presidencial y del Viceministro de Justicia de 26 de mayo, anunciando “para los próximos días” una nueva propuesta  de  reforma,  esta  vez  traducida  en cuatro  ejes -presupuesto, carrera judicial, acceso y justicia indígena- que serían discutidos en cuatro mesas, pero ahora bajo la conducción de David Choquehuanca, seguramente en el escenario parlamentario y con la participación de las bancadas. Transcurridas dos semanas del anuncio no hay señales ni desde el Ministerio de Justicia ni desde la Vicepresidencia.

5. La opción de la vía “ordinaria” para el enjuiciamiento de la expresidenta Áñez, que se tramitó ilegalmente hace 440 días contrariando la Constitución y la ley 044, que mandan Juicio de Responsabilidades por delitos cometidos por los primeros mandatarios. Dicha opción de juicio ordinario es justificada de parte del Gobierno porque supuestamente los delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución” (Art. 153 y 154 del Código Penal), bajo el denominativo de “golpe II”, habrían sido cometidos por la señora Áñez como senadora antes de “autoproclamarse” presidenta, por lo que no merecería juicio de Responsabilidades.

6. La violación flagrante de parte de jueces y fiscales del principio de unidad de juzgamiento previsto por el Art. 117 de la Constitución que prohíbe dobles procesos por el mismo hecho, ya que los actos de “autoproclamación” presidencial de la señora Áñez no se pueden separar de su inmediata conducta posterior como presidenta del Estado, porque se tratarían, en la propia lógica del Gobierno, de actos preparatorios consustanciales al “golpe de Estado” que luego habrían dado lugar a las masacres de Sacaba y Senkata. Esa violación constitucional apareja la nulidad del proceso de acuerdo al Art. 122 de la misma Constitución. 

7. La omisión e ignorancia, tanto de acusadores como de defensores de la señora Áñez, con respecto al único juicio a un gobierno inequívocamente de facto y golpista, el de García Meza, en el cual se cumplió la Constitución procesando al exdictador y sus colaboradores tanto por los delitos de su gobierno, como por los hechos sediciosos y delictivos anteriores, preparatorios del golpe del 17 de julio, especialmente por el asesinato de Marcelo Quiroga, Carlos Flores y Gualberto Vega durante el asalto paramilitar a la sede de la COB, delitos perpetrados el 17 de julio, un día antes de que García Meza se autoproclamara presidente, lo que ocurrió recién el 18 de julio.

En ese cuadro trágico, aun sin conocer sus fundamentos, la sentencia dictada contra la expresidenta Añez carece de legalidad y legitimidad por el burdo sometimiento de los jueces, por la reiterada violación de la Constitución, por la calidad de papel mojado de las recomendaciones internacionales, por el archivo de “cumbres” y reformas, y por el engaño a las víctimas.  

¿Podrá en ese cuadro hablarnos todavía de reforma judicial Choquehuanca? Sólo nos queda el referendo por iniciativa ciudadana para iniciar la transformación de la justicia.