La verdad sale a la luz, por más oculta que esté, incluso en el pliegue más recóndito e invisible. Eso es lo que se puede concluir de las últimas declaraciones del expresidente y actual líder cocalero Evo Morales sobre la condena a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez. Ni bien se terminaba de conocer la parte resolutiva de la inconstitucional e ilegal sentencia contra Áñez, de 10 años por dos delitos, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, el político Morales ha expresado lo que hasta ahora se ignoraba sobre el verdadero origen de este espurio proceso penal en la justicia ordinaria.

Ha revelado Morales que en una reunión de carácter político convocada por el presidente Luis Arce y en la cual participaron él, los denominados “movimientos sociales” -los aliados corporativos del Gobierno- y las bancadas del MAS se resolvió que la expresidenta Jeanine Áñez fuera procesada en la justicia ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades. “En una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, ministro de la Presidencia; Pacto de Unidad, no todos; jefes de bancada de senadores y diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, afirmó Morales.

Correspondía, en respeto a la Constitución Política del Estado y a leyes específicas en la materia, procesar a Áñez mediante un juicio de responsabilidades, pero el oficialismo no cuenta con los dos tercios en el Legislativo que le hubieran permitido autorizar ese proceso. Por tal razón, como expresa Morales, se decidió someter a Áñez a una querella en la justicia ordinaria, en un proceso a todas luces irregular, porque la jurisprudencia nacional al respecto señala que hasta el dictador Luis García Meza Tejada fue sentenciado en un juicio de responsabilidades. 

Queda demostrado, entonces, que el proceso penal en la justicia ordinaria tuvo origen en la decisión política del oficialismo y que se buscó tal escenario porque los estrados judiciales hoy carecen de independencia y de imparcialidad y son sumisos al oficialismo. Bajo estas condiciones, era imposible que en un juicio irregular, con fines políticos, se buscara la verdad histórica de los hechos; por el contrario, Áñez ya estaba sentenciada antes del juicio. 

¿Qué busca, entonces, este proceso contrahecho y con motivaciones políticas? Algo que pareciera que es producto de la ficción, pero que Morales también lo ha confirmado ayer, al expresar que la condena corroboró que hubo una ruptura del orden constitucional; se puede resumir así ese afiebrado pensamiento: si todo golpe de Estado rompe el orden constitucional e interrumpe un mandato legítimo y si Morales, en noviembre de 2019, fue víctima de un “golpe de Estado” entonces tiene que volver al poder o por lo menos recuperarlo en 2025.

El proceso y la condena a Áñez no buscan otra cosa que reponer en el poder a Morales. Esto sólo es posible en un país en el que se vulneran los principios y valores democráticos. Por tal razón, ahora el oficialismo quiere perseguir a todos los líderes políticos opositores y cívicos.