La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, concluyó que la sentencia de 10 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Añez demuestra que hubo "golpe de Estado" o "ruptura constitucional" en noviembre de 2019.

"Esta sentencia nos demuestra que en nuestro país hubo un golpe de Estado, que hubo una ruptura del orden constitucional, que luego de 37 años de vida democrática se vulneró absolutamente todas las normas vigentes para romper con esa democracia" afirmó la autoridad en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

La teoría del "golpe de Estado" fue planteado por el expresidente Evo Morales en 2019 después de que huyó del país posterior a su renuncia y abandono del cargo como consecuencia de las movilizaciones ciudadanas después de las elecciones fallidas de octubre de 2019.

La idea fue alimentada con posverdades y acciones judiciales que anularon, al menos en los tribunales, la denuncia de fraude electoral cometida por Morales en su intento por ser reelegido por tercera vez consecutiva pese a que la Constitución boliviana permite una sola reelección continua.

La Fiscalía cerró la denuncia de fraude electoral con un estudio que encargó a un consultor español pese a que éste refrendó las irregularidades halladas por la OEA en su estudio de integridad electoral encargado por el mismo Morales en octubre de 2019.

El gobierno de Luis Arce se encargó de llevar el caso ante la justicia que en un proceso ordinario determinó la culpabilidad de Añez por los delitos de incumplimiento de deberes, y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Según la sentencia, la exmandataria debe cumplir 10 años de cárcel pero la ministra Prada ratificó que como querellantes apelarán el fallo para que la pena se amplíe a 15 años, "que es lo que corresponde por los delitos y agravantes cometidos".

"Se ha determinado 10 años de cárcel para Áñez y otros procesados, pero aún así, nosotros, porque éste es un proceso que se lo impulsa a través del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, vamos a proceder a una apelación pidiendo 15 años, que era lo que nosotros siempre hemos establecido, no solo por los delitos por las que fue juzgada, sino por los agravantes que existen en este caso", anunció.

Según la ministra de la Presidencia, éste es un primer "paso histórico" para conseguir justicia para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata aunque no adelantó si ésta se viabilizará mediante un proceso ordinario o en un juicio de responsabilidades.

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