Batallando contra innumerables factores que podrían constituirse en una traba (los niveles de inseguridad y el clima, por ejemplo), en los últimos años los alteños han demostrado su indiscutible poder de crecimiento económico y político. El Alto ya no es sólo una “ciudad dormitorio”, como era calificada antes, sino más bien una urbe que cada vez genera más empleos y que en los últimos comicios nacionales tuvo un papel decisivo en la elección del gobierno actual.

No obstante, ese estimulante panorama es carcomido cada cierto tiempo por un monstruo que volvió a mostrar cabeza la semana pasada y que suele llegar acompañado de violencia y hasta de muerte. Nos referimos a los grupos de dirigentes radicales que encubren sus objetivos políticos en demandas sociales y generan conflictos que muestran a esta urbe de más de un millón de habitantes como si fuera una tierra de agresivos e intolerantes.

Esta vez cercaron las instalaciones de la Alcaldía y tomaron como rehenes a unas 700 personas, entre ellas niños y niñas, madres embarazadas y personas de la tercera edad que no tenían nada que ver con el justificativo de esa violenta arremetida: obras para los establecimientos escolares.

Ya durante el bloqueo previo a esta reprochable acción delictiva (la toma de rehenes es un delito) estos dirigentes fueron descubiertos presionando a los padres de familia para que participen en los bloqueos, bajo amenazas de multas y otro tipo de sanciones.

Este episodio trajo a la memoria lo ocurrido hace seis años, en febrero de 2016, cuando un grupo similar, y con demandas similares, quemó las instalaciones de la Alcaldía, entonces a cargo de Soledad Chapetón, en una acción criminal que dejó seis fallecidos y 18 heridos.

En ambos casos, las alcaldesas recibieron, además, amenazas contra su integridad física e identificaron como responsables a los grupos radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS). A Chapetón le llegaron a quemar la casa y ahora Copa tuvo que dejar la suya para ponerse a buen recaudo junto a sus hijos.

Esta vez, los funcionarios de la Alcaldía vincularon a estos grupos con dos exministros de Evo Morales, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, esta última actual concejala en esa urbe.

Habrá que recordar que durante los conflictos de 2019 Quintana advirtió que Bolivia se convertiría “en un gran campo de batalla, en un Vietnam moderno” y que en marzo de este año la misma Copa reveló que el exministro “opera desde Senkata”, en el Distrito 8 de El Alto. En el caso de Alanoca, en 2019 se descubrió un arsenal de bombas molotov en el garaje del ministerio que estaba a su cargo.

Y, claro, también tienen relación con esta ala radical los grupos que se movilizaron durante la crisis de 2019, saquearon negocios, quemaron estaciones de la Policía Boliviana y acabaron a golpes con la vida del sargento primero Juan José Alcón Parra, quien era vecino de la urbanización Villa Pacajes, de la ciudad de El Alto.

Es lamentable que estos grupos estén dando una imagen equivocada de los más de un millón de alteños (1.109.048, según las proyecciones del INE) que en su mayoría buscan el progreso de esa urbe con su trabajo, en un ambiente de paz.

Y no se trata de callar las legítimas aspiraciones que pudieran tener los padres de familia u otros sectores que se sienten desatendidos por las autoridades locales, sino de poner freno a estas acciones violentas que, más que protestas de la sociedad civil, parecen operativos políticos encubiertos en demandas sociales.

No esperemos que esa prometedora urbe, una de las más habitadas del país, vuelva a vestirse de luto. Y para ello es importante la labor del gobierno central y de la Policía Boliviana, que no pueden permitir que se repitan cercos con toma de rehenes, ni en El Alto ni en ninguna parte del país. Además, el presidente Luis Arce no debe olvidar que 492.597 alteños lo llevaron a la silla, desde donde ahora gobierna el país.