En uno de los juicios más veloces y aberrantes de la historia de Bolivia, la expresidenta Jeanine Añez fue sentenciada a 10 años de prisión por un delito inexistente, el golpe de Estado que, según el MAS, la exmandataria perpetró en 2019 en contra del expresidente Evo Morales.

Todos los bolivianos, incluidos los jerarcas del MAS, saben que en Bolivia no hubo tal golpe. La historia resumida es que Evo Morales, en su intento de prorrogarse en el mandato, desconoció los resultados de un referéndum, que luego se hizo habilitar como candidato con el Tribunal Constitucional y con el Tribunal Electoral en contra de la Constitución, que se presentó a las elecciones de 2019 para un cuarto mandato y que, según la OEA, su partido cometió dolo y manipulación de resultados.

Ese conjunto de sucesos, y no sólo el supuesto fraude, provocó la ira de la población, que salió masivamente a las calles a protestar en contra de Morales hasta lograr su renuncia al cargo. Tras él, se produjo la dimisión de toda la cadena de mando y, en medio del caos y amenazas de guerra civil, la primera vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, asumió el mando para llenar el vacío de poder dejado por el MAS. ¿Dónde está el golpe?

El MAS articuló la retórica del golpe cuando retornó al poder para dejar a Evo Morales limpio de las acusaciones de fraude. Como no tenía dos tercios de votos en la Asamblea para llevar a Añez a un juicio de responsabilidades, como hubiera correspondido, tuvo que armar un caso en la justicia ordinaria. Primero la acusó de terrorismo, pero ante las críticas de la comunidad internacional, armó un nuevo caso, al que llamó “golpe II”, para juzgarla por resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.

El incumplimiento de deberes se sancionaba con dos años de prisión, pero en 2021, el mismo MAS cambió el Código Penal y elevó la condena a 10 años de cárcel. Pero, no conforme con eso, la Fiscalía hizo una “combinación” de delitos y agravantes para pedir 15 años de cárcel. El gobierno, que en principio había vaticinado una sentencia máxima de 12 años, se sumó al pedido de los 15 años, aunque la sentencia terminó siendo de 10 años.

Durante el juicio, se vulneró el debido proceso y se violaron los derechos de Añez, al punto de negarle asistir a sus propias audiencias, las que tuvo que seguir desde la cárcel conectada a una sesión virtual. Todos sus pedidos de cesación de detención preventiva fueron negados, pese a que superó con creces los seis meses que prevé la ley para permanecer en esa condición.

Los jueces y fiscales actuaron con obsecuencia y respondiendo a los intereses del gobierno, por tanto, desestimaron la mayoría de las pruebas presentadas por la expresidenta, entre ellas el informe de la OEA sobre el supuesto fraude, el reporte de la Conferencia Episcopal sobre las jornadas de pacificación y el comunicado del Tribunal Constitucional que informaba sobre la jurisprudencia en el caso y que avalaba su asunción al mando.

Y, en el afán de condenarla lo antes posible, el gobierno de Luis Arce y la Fiscalía olvidaron a las víctimas de Sacaba y Senkata, para quienes no hay justicia hasta ahora. El MAS prefirió enjuiciar a Añez por un delito inexistente que por los hechos de su gobierno.

Con Añez han sido sentenciados a 10 años de cárcel el excomandante en jefe de las FFAA Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Yuri Calderón y los demás miembros del alto mando recibieron condenas entre dos y cuatro años de prisión.

Finalmente, la venganza de Morales se ha consumado. Añez ha sido declarada culpable y deberá pasar en la cárcel los siguientes 10 años de su vida, aunque tiene otros juicios pendientes y es probable que, si el MAS sigue gobernando, sea sancionada a más años de prisión.

A estas alturas, el presidente Luis Arce tendría que preguntarse si valió la pena apuntalar la retórica del golpe, si valió la pena sentenciar a una inocente, si valió la pena jugarse por Evo Morales, el máximo dirigente de los cocaleros, que ahora socaba a su gobierno porque quiere, a cómo dé lugar, recuperar el poder perdido.