Continúa una prisión injusta y vengativa contra la expresidenta Jeanine Añez, practicada por el gobierno de Luis Arce, con características de inaudita crueldad. Se le atribuye al líder del MAS, Evo Morales, la promoción de este caso porque la sentencia condenatoria aportaría contra las versiones de fraude electoral de 2019. A este plan vengativo se sumaría el factor de que la asunción de Añez a la presidencia, fue un factor contra el proyecto –que se dice existió– de retorno de Morales al poder, según planificación de sus estrategas.
Sin respetar la Constitución Política del Estado (Artículo 184) y la ley de Juzgamiento de Altas Autoridades, las que disponen Juicio de Responsabilidades para quienes hubieran ejercido la presidencia del Estado, particularmente, las actuales autoridades infringieron estos preceptos sin cumplir el imperio de dichas leyes. No puede ser más claro que a la expresidenta le corresponde juicio de responsabilidades. La jurisprudencia nacional es abundante, amplia y decisiva al respecto. Bajo la batuta del ministro de Justicia, Iván Lima, se ha recurrido a un desvío del juicio a la justicia ordinaria. Este embuste, situado muy lejos del derecho ha ido más allá, desdoblando los presuntos delitos en los juicios de “Golpe I” y” Golpe II”. Ahora toca a su fin el Golpe II. Al efecto, el titular de Justicia confesó que se procedía así porque el MAS no tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa, porcentaje exigido por la Constitución.
El atropello contra Jeanine Añez no solo es jurídico sino físico. Sin tener clemencia de su delicado estado de salud, su encierro se prologa cada vez por seis meses, no pudiendo ser más inhumano. Pese a sus crisis nerviosas y depresivas se le ha negado sistemáticamente ser atendida en una clínica u hospital, poniendo su salud al borde del colapso. Se prohíbe la compañía nocturna de sus hijos, salvo contadas veces. Mediante pretextos ilegales no se le ha permitido defenderse en libertad, denegando las reiteradas solicitudes de su defensa.
Este proceso que debería ser público se lo tramitó por vía virtual, con todas las dificultades técnicas que supone, y por fin se tramitó presencialmente, pero no se aceptó la concurrencia de la procesada, atentando contra la previsión legal de que todo imputado tiene derecho a sus descargos personales. Tampoco la prensa tiene acceso pleno, sino esporádico.
Turbas de supuestos funcionarios públicos y grupos posiblemente estipendiados se apostan en todas las puertas de los tribunales para hostigar a Carolina Ribera, tenaz y valiente hija de Añez. Este sañudo extremo se reveló en las propias pantallas de más de una abogada del Ministerio de Gobierno y otra del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. El proceso en cuestión incrementa la historia negativa de nuestra debilitada Justicia y marcará por su grande injusticia un testimonio de lo que es capaz la pasión política retorcida.