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Jeanine Áñez, la segunda presidenta mujer en la historia de Bolivia, fue condenada este viernes a 10 años de cárcel por el caso denominado Golpe II, en el que se la acusó por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, supuestamente cometidos en su actuación como senadora entre la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 hasta su llegada al poder el 12 de noviembre de ese año.
El juzgado Primero de Sentencia, tras deliberar varias horas, tomó la determinación y la comunicó a las partes, mientras que anunció que el fondo de la decisión y la justificación la hará conocer en los próximos días.
Jeanine Áñez fue detenida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad, Beni, tras una operación que fue protagonizada, en persona, por el comandante de la Policía Johnny Aguilera y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Fue trasladada de Trinidad a La Paz y al día siguiente, el domingo 14, una jueza cautelar la envió a prisión por la probable comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por los que la demandó la exdiputada del MAS Lidia Patty. Este proceso se denomina caso Golpe I.
El 18 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) eliminó del Código Penal el delito de sedición previsto en el artículo 123 y, por lo tanto, ninguna persona puede ser procesada por esta causa. No obstante, los cargos de terrorismo siguieron vigentes, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales.
Este hecho complicó la construcción del juicio en vía ordinaria. No la procesaron a través de un juicio de responsabilidades, que debía ser aprobado por dos tercios de la Asamblea, precisamente porque el MAS no los tiene, con el argumento de que cometió delitos como senadora, no como presidenta.
La defensa de Jeanine Áñez, en específico el jurista Alaín Canedo, señaló que hasta el sanguinario Luis García Meza fue juzgado con caso de corte, pese a que el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz se produjo antes de que el dictador asuma la presidencia de facto. “Esas son las incoherencias de toda esta historia”, comentó.
Fue de esta manera que el MAS, desde el Ejecutivo y el Legislativo, configuró otra estrategia para juzgar a Áñez como a cualquier delincuente común.
El 27 de abril, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó una demanda y dijo que, tras seis meses de análisis y recopilación de información, se identificaron otros siete delitos supuestamente cometidos por ella, pese a que la expresidenta fue reconocida durante su año de gestión por mandatarios de otros países, así como por organismos internacionales.
El 2020, el Tribunal Supremo de Justicia la invitó a la inauguración del año judicial como presidente constitucional. La Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobó la convocatoria a las elecciones de octubre de ese mismo año y también la prórroga de mandato para las autoridades subnacionales. Áñez promulgó esas normas también reconocida por el Poder Legislativo como presidente constitucional.
La expresidenta estuvo hasta este viernes, que recibió sentencia en uno de ellos, doblemente cautelada y encarcelada por los casos Golpe I y II.
El 11 de mayo de 2021, la Fiscalía admitió el segundo proceso presentado por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en el que se encontraban los dos delitos, y cuatro más que fueron retirados con el tiempo.
El 10 de febrero de este año, pese a que la defensa de Áñez insistió en que no correspondía por la investidura presidencial que tuvo la exautoridad, se inició el juicio oral que se redujo a los delitos de resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes y público. El mismo se sustanció y concluyó en un tiempo récord nunca antes visto, de solamente cuatro meses.
