Human Rights Watch (HRW, que es una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos) planteó este viernes ocho observaciones al proceso penal que enfrentó la expresidenta Jeanine Áñez; alertó sobre la vulneración de derechos y observó motivaciones políticas en este proceso porque no llegó a juzgar la muerte de civiles ni las rupturas constitucionales.

“Nos preocupa la forma en la que han sido llevados a cabo los procesos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez”, afirmó César Muñoz, investigador senior del organismo internacional que siguió de cerca el proceso legal, así como las vulneraciones de derechos que se produjeron con la crisis política de 2019.

Áñez fue hallada culpable de delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por un tribunal ordinario que la juzgó como exsenadora y, en ese marco, por la forma en la que accedió al poder tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

“Los tribunales superiores ahora deben examinar cuidadosamente y de forma independiente cómo se llevaron a cabo los procesos penales contra la expresidenta Áñez, así como garantizar el debido proceso y los remedios adecuados si determina que se violaron sus derechos”, apuntó el especialista al exponer las observaciones de la HRW.

1.- En 2019, el Alto mando militar pidió la renuncia a Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral ahora cuestionadas. Que militares le pidan la renuncia a un presidente constituye una afrenta directa a los principios democráticos. Los fiscales deben investigar esos hechos.

2.- Toda investigación penal debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional.

3.- El sistema judicial boliviano sufre de injerencia política desde hace años. Los gobiernos se han aprovechado de su falta de independencia y debilidades estructurales: tanto el de Evo Morales como el de Jeanine Áñez impulsaron acusaciones infundadas contra rivales políticos.

4.- El presidente Arce sigue sin reformar la justicia. Su gobierno impulsa el proceso contra Áñez por la forma en que asumió como presidenta interina en 2019. Al mismo tiempo, siguen en la impunidad las 37 muertes ocurridas en ese contexto, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata.

5.- La expresidenta Áñez fue detenida en marzo de 2021 acusada de terrorismo, sedición y conspiración. HRW revisó la imputación y no encontró evidencia que la sustente. Más tarde, los fiscales la acusaron por incumplimiento de deberes y por adoptar resoluciones contrarias a la ley.

6.- A la expresidenta Áñez no se le permitió asistir en persona a su propio juicio, pero sí estuvieron presentes los fiscales, abogados y otras personas. Eso le impidió consultar con sus abogados durante las audiencias.

7.- Los jueces dijeron que no podían garantizar la salud y seguridad de la expresidenta Áñez en el tribunal. Las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de los acusados para que asistan a su juicio. Los imputados no deben ser castigados por las fallas del Estado.

8.- Los delitos por los que Áñez fue condenada (incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley) están definidos de manera muy amplia en la ley boliviana. Los gobiernos de Morales y Áñez usaron esos tipos penales en procesos que parecían tener motivaciones políticas.