Aún estamos a años de una nueva elección, pero no debemos dejar que el tiempo perfore la memoria y tenemos que ser capaces de recordar todo lo que nos prometieron quienes participaron en la última. En cada proceso electoral «descubrimos» que el uso y abuso de la palabra es moneda común pues se va más allá de lo posible «engatusando» a la gente, lo peor de todo es que si bien el pueblo es sabio aún sigue siendo muy ingenuo pues a veces termina votando por quien menos verdades le dice. Damos lugar a que se presenten candidatos que al parecer no saben lo que dicen ni lo que quieren y lo retransmiten al electorado.

Para algunos es muy fácil confundir los roles que tienen ciertas autoridad en la función pública y muchos que pretenden llegar a estos cargos prometen más allá de lo que realmente pueden hacer, ya sea por ignorancia o a propósito con intenciones cuestionables. Se ha criticado cuando candidatos a diputados ofrecen hacer caminos o represas como si esas acciones estuvieran dentro de sus competencias de acuerdo a ley. Parece que comprometerse a hacer solo lo que deben y pueden hacer no es muy atractivo y necesitan de otras ofertas más llamativas pero que no están en el marco de sus competencias. Así como los que postulan al Ejecutivo Municipal hacen promesas para solucionar los problemas de siempre simplemente revelando que los que estuvieron o están no lo hicieron y por eso quedan pendientes las carencias ya conocidas, en la medida que vamos conociendo los planes de trabajo de quienes participan en un proceso electoral, evidenciamos que el fenómeno de prometer lo que no se puede hacer esta presente nuevamente, no tanto porque no se quiera sino más bien porque no se puede legalmente.

Existe una confusión de papeles y competencias espeluznante, escuchando, nos damos cuenta que en el escenario municipal,
departamental, quienes candidatean a concejalías y a las asambleas legislativas locales o nacionales, hablan más como posibles alcaldes, gobernadores o presidentes, que como futuros legisladores confundiendo a la población con ofertas alejadas de lo que la ley les permite. Es pertinente remarcar que quien ocupó un cargo de estos tiene sobre todo la responsabilidad de legislar, hacer leyes, normas u ordenanzas que vayan trazando, planificando y empujando el desarrollo de una ciudad, un departamento o un país. Además, fiscalizar la administración de los recursos en manos del Ejecutivo, no puede prometer construir puentes o avenidas, no puede hablar de edificar parques y escuelas o mercados, por eso precisamos de servidores públicos que realmente sepan los límites de sus competencias y los verdaderos alcances de ellas para poder aprovecharlas en beneficio general ya que así se podrá diseñar una nueva visión de lo que necesitamos aunque no sean los que convocan, licitan y adjudican las obras, requerimos de quienes super vigilen el manejo de nuestro dinero y velen porque se invierta en proyectos de impacto de acuerdo a una planificación adecuada, en base a una priorización en función de las requerimientos del pueblo. El «hacer por hacer» no interesa, el «roba pero hace» es un insulto, sólo funcionarios bien formados, con principios y valores, con verdadera vocación, serán los que respondan al mandato popular recibido en las urnas. Ya es tiempo que no se ofrezca humo, ya es momento que no se quiera vender piedras, así como también es tiempo que el ciudadano despierte, abra los ojos y aprenda a identificar entre los auténticos y los embaucadores. Incluso se debería establecer un mecanismo que permita periódicamente recordarle a la gente qué fue lo que prometieron quienes fueron elegidos como autoridades, para que compare con lo que realmente están haciendo y se verifique si son coherentes con sus acciones.