A través de dos misivas diferentes, el líder y excandidato presidencial de la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) pronunciarse “públicamente” sobre la “inexistencia” del presunto golpe de Estado ocurrido en el país el 2019.

“He pedido a la ONU y a la Unión Europea, facilitadores del diálogo en la crisis de 2019, que se pronuncien sobre la inexistencia de golpe ni delito en la sucesión constitucional de Jeanine Añez, y eviten una violación de DDHH y de la democracia en el juicio. Creo que es su deber moral (sic)”, señaló Mesa a través de su cuenta de Twitter.

En las misivas, precisamente, Mesa hace referencia al diálogo que se entabló en noviembre de 2019 – tras la renuncia forzada de Evo Morales a la presidencia- previo a la asunción de Jeanine Añez como presidente del Estado.

“Es importante destacar que en los días siguientes al abandono de funciones y la salida de Bolivia del expresidente Morales, se desató una ola de violencia en distintos lugares del país, premeditada como una estrategia de vacío de poder, para generar un enfrentamiento fratricida entre bolivianos, seguida de caos y anarquía. Dicho riesgo se evitó por la decisiva intervención de la Iglesia Católica, la Unión Europea, las Naciones Unidas y representantes de países amigos, como promotores, facilitadores y veedores de un diálogo entre las principales fuerzas políticas y cívicas, que eran en ese momento quienes estaban llamados a resolver pacífica y democráticamente el conflicto”, señala la carta redactada por el líder de CC.

Mesa, en ese sentido, destaca que ese diálogo  “dio como resultado la pacificación del país, una sucesión constitucional legal y legítima y el reencauzamiento del proceso electoral para las elecciones de 2020, que es el título de legalidad y legitimidad del actual gobierno del Presidente Luis Arce Catacora”. “Pretender negar este hecho histórico irrefutable con una espuria sentencia penal, prefabricada a la medida de los intereses del expresidente Morales, con operadores fiscales y judiciales que han perdido total credibilidad ante el país, no solo implica socavar las bases de legalidad y legitimidad del actual gobierno, sino también la descalificación de las representaciones de la Iglesia Católica y de las organizaciones internacionales mencionadas, como si hubieran sido parte de una conspiración para derrocar a un gobierno y destruir la democracia en Bolivia. Por esta razón básica de principio y por su rol como facilitadores y testigos de actuación en el proceso de diálogo, pido una posición pública de parte de la Organización de Naciones Unidas sobre la cuestión de fondo de este ilegal e injusto proceso penal, además de los aspectos formales e importantes de la falta de un debido proceso”, añade la misiva.