El expresidente Carlos Mesa envió una carta a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Bolivia, Susana Sottoli, y a la Unión Europea para que, como facilitadores del diálogo en la crisis sociopolítica del país, en noviembre de 2019, se pronuncien sobre la “inexistencia” de un golpe de Estado ni delito en la sucesión de Jeanine Áñez.

En la misiva, Mesa manifiesta que se lleva adelante un “ilegal e legitimo juzgamiento penal de la expresidenta constitucional de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, violatorio de las más elementales garantías constitucionales del debido proceso, para un hecho que nunca ocurrió: un inexistente golpe de Estado”.

Considera que el fin de este juicio es encubrir delitos electorales que configuraron el “gigantesco fraude electoral” del expresidente Evo Morales y su cúpula de Gobierno en las elecciones de 2019.

En el contexto en el que Evo Morales había renunciado y salido del país, hace referencia a la mesa de diálogo instalada para calmar la situación crítica del país con la intervención de la Iglesia católica, la Unión Europea, las Naciones Unidas y representantes “de países amigos”, como promotores, facilitadores y veedores de un diálogo entre las principales fuerzas políticas y cívicas.

Escribió que aquel diálogo dio como resultado la pacificación del país, “una sucesión constitucional legal y legítima” y el reencauzamiento del proceso electoral para las elecciones de 2020 por la que Luis Arce ocupa la Presidencia actualmente.  

Creen que pretender negar “este hecho histórico irrefutable con una espuria sentencia penal, que, dice, es “prefabricada a la medida de los intereses del expresidente Morales”, con operadores fiscales y judiciales no solo implica socavar las bases de legalidad y legitimidad del actual Gobierno, sino también la descalificación de las representaciones de la Iglesia católica y de las organizaciones internacionales mencionadas, “como si hubieran sido parte de una conspiración para derrocar a un gobierno y destruir la democracia en Bolivia”, agrega más adelante.  

“Por esta razón básica de principio y por su rol como facilitadores y testigos de actuación en el proceso de diálogo, pido una posición pública de parte de la Organización de Naciones Unidas sobre la cuestión de fondo de este ilegal e injusto proceso penal, además de los aspectos formales e importantes de la falta de un debido proceso”, pidió Mesa.

Actualmente, Áñez enfrenta la posibilidad de recibir una pena de hasta 15 años por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, antes de su sucesión al poder, tras la renuncia de Morales.