El golpe de mano del presidente Arce sustituyendo a Gabriela Mendoza del Ministerio de Planificación por otro hombre de todavía más de su confianza como Sergio Cusicanqui viene a dar un mensaje nítido: con las cosas del Estado no se juega.

La renuncia diferida del director del Instituto Nacional de Estadística (INE) vino a poner en tela de juicio la eficiencia en la gestión de un gobierno acosado desde dentro y desde fuera, pues el desafío más importante que tiene Bolivia entre manos en este momento es cumplir con la realización del Censo de Población y Vivienda con todas las garantías, y desde luego, las turbulencias no son buenas.

En general, hacer fracasar cualquier iniciativa gubernamental se ha convertido en una suerte de deporte nacional de oposición y el censo no lo es menos, las principales figuras de la oposición se han dedicado en cuerpo y alma a cuestionar su ejecución como si se tratara de un elemento político, que en ningún caso lo es.

Hacer un buen Censo de Población y Vivienda es un paso elemental para garantizar la correcta ejecución de políticas públicas a todos los niveles, por eso, no se entiende que el asunto se tome como si de una disputa más se tratara y los partidarios de unos y de otros se conviertan en barrabravas exaltados con un asunto absolutamente técnico.

Es verdad que el censo no se preveía ejecutar en esta gestión, cuando hace exactamente diez años que se hizo el anterior, pero que se concedió en el momento en el que algunos departamentos lo empezaron a utilizar como arma política. La negativa sonó claramente a un cálculo político y la rectificación fue conveniente, pero empecinarse en una fecha sin tener las garantías suficientes sería un error. Sin duda hay quien cree que esto es una competencia simplemente por saber quién son más y quién son menos, y eso no pasa de ser algo anecdótico.

La filtración de la renuncia del director del INE, con desmentidos intempestivos y falsos, fue un despropósito. No pasa nada si se asume la responsabilidad política de haber hecho las cosas mal y por ende, renunciar al cargo al ser incapaz de garantizar la ejecución del Censo con credibilidad en la fecha comprometida. No haber sido capaz de gestionar esta situación, poniendo al Estado en cuestión, ha motivado un cese político al más alto nivel que refuerza la voluntad de Arce. Se necesitan ministros con capacidad y solvencia técnica, además de arrojo político para asumir cuando las cosas no están bien.

Lo peor que le puede pasar al Censo de Población y Vivienda es precisamente que sobrevuele sobre él la sombra de la sospecha, que la palabra “fraude” se asocie a sus resultados, y esto pasará si alguien pretende convertir los resultados en un referéndum sobre la gestión sin tener en cuenta los pasos mínimos, involucrando a los actores, transparentando la cartografía y asegurando que la boleta censal se ha discutido lo suficiente, aunque no todos estén de acuerdo en el contenido final. Nada de esto ha pasado hasta el momento, pero Cusicanqui tiene ahora el margen político para replantear el cronograma. No es cuestión de correr, sino de hacerlo bien.