Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 10 de junio de 2022
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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El líder de la primera fuerza de oposición recuerda a estas instancias que fueron mediadoras del diálogo en la crisis de 2019.
El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, mediante cartas, pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Europea (UE) que, como facilitadores del diálogo en 2019, se pronuncien sobre la inexistencia de un “golpe de Estado” en el país.
“He pedido a la ONU y a la Unión Europea, facilitadores del diálogo en la crisis de 2019, que se pronuncien sobre la inexistencia de golpe ni delito en la sucesión constitucional de Jeanine Añez, y eviten una violación de DDHH (derechos humanos) y de la democracia en el juicio. Creo que es su deber moral”, escribió en Twitter el líder de la primera fuerza de oposición.
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Mesa publicó la carta dirigida a la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Bolivia, Susana Sotoli, y en ella le manifestó que el objetivo del juicio contra la expresidenta Jeanine Añez es encubrir los presuntos delitos electorales que configuraron el caso del fraude electoral que se atribuye al expresidente Evo Morales en las elecciones de 2019.
El líder de CC subrayó también que en los días siguientes al abandono de funciones y la salida de Bolivia del expresidente Morales se desató una ola de violencia.
Además, apuntó que se evitó un “enfrentamiento fratricida entre bolivianos” por la intervención de la Iglesia Católica, la Unión Europea, las Naciones Unidas y representantes de países amigos, como promotores, facilitadores y veedores de un diálogo.
El diálogo -señaló Mesa- dio como resultado la pacificación del país, una sucesión constitucional legal y legítima y el reencauzamiento del proceso electoral para las elecciones de 2020, que “es el título de legalidad y legitimidad” del actual gobierno de Luis Arce.
“Pretender negar este hecho histórico irrefutable con una espuria sentencia penal, prefabricada a la medida de los intereses del expresidente Morales, con operadores fiscales y judiciales que han perdido total credibilidad ante el país, no solo implica socavar las bases de legalidad y legitimidad del actual gobierno, sino también la descalificación de las representaciones de la Iglesia Católica y de las organizaciones internacionales mencionadas, como si hubieran sido parte de una conspiración para derrocar a un gobierno y destruir la democracia en Bolivia”, remarcó en la misiva.
Carta enviada a la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Bolivia. CC





