La planificación del Censo de Población y Vivienda, previsto para el 16 de noviembre, avanza entre tropiezos y poca transparencia hacia la población. Prueba de ello es que el 9 de mayo renunció el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, pero el caso sólo saltó a la luz pública esta semana, cuando su carta fue filtrada a las redes sociales.

Pese a que el INE desmintió la renuncia, el propio Arandia informó que evidentemente había dimitido por problemas de salud, aunque aseguró que “el censo está a salvo”. Horas después, el presidente Luis Arce rechazó la renuncia y le dio su respaldo a Arandia para que siga en el cargo, lo cual llama la atención porque, de haber sido un real problema de salud, ni el Presidente podría haber hecho cambiar esa situación.

Finalmente, este jueves, el presidente posesionó a un nuevo ministro de Planificación, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del censo. Gabriela Mendoza fue reemplazada por Sergio Cusicanqui, un hombre del círculo más cercano de Arce. Mendoza es la ministra que había descartado la inclusión de la categoría mestizo en la boleta censal argumentando que “nosotros somos pueblos indígenas originario campesinos. Tenemos la mayor parte en nuestra población una autoidentificación”.

Esta inestabilidad coincide con el retraso en las tareas previas al censo, como la presentación y socialización de la boleta censal y la actualización cartográfica.

La boleta censal, en la que se incluirán todas las preguntas que se harán a los habitantes del país, debió ser publicada en mayo, pero hasta ahora no se conoce su contenido. Entre tanto, la actualización cartográfica sólo tiene un avance del 23%, según dijo el propio Arandia.

“La etapa de planificación se encuentra concluida en un 100%, la actualización cartográfica (está) en más del 23% y el resto de etapas con un avance significativo. Ahí quiero garantizar que el censo está a salvo”, había dicho al anunciar su retiro de la institución.

Por otro lado, las regiones reclaman al INE por su falta de transparencia y por no haber sido tomadas en cuenta en la planificación de una actividad tan importante para el futuro del país. No faltan las voces que piden la postergación del censo para garantizar el éxito de su realización.

Si pese a estos tropiezos, el gobierno considera que todavía puede llevar adelante el censo en la fecha prevista, lo que queda es pedirle transparencia y consenso con los principales actores de este proceso. De otra forma, corre el riesgo de llevar al país a un censo que lejos de solucionar puede agravar los grandes problemas existentes en cuanto a distribución de recursos y escaños, entre otros.