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Las autoridades subnacionales, gobernadores y alcaldes, de al menos seis departamentos, además de El Alto, soportan el asedio de grupos afines al MAS con distintas demandas que intentan desestabilizar los gobiernos locales y regionales.
Autoridades de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Beni y El Alto calificaron como “políticos” los conflictos que aparecieron y señalaron al aparato masista de desestabilizar las gestiones, además del asedio judicial que imprimen las fiscalías departamentales.
En Santa Cruz, el gobernador, Luis Fernando Camacho sorteó tres conflictos: los bloqueos de San Julián, luego vino el de Cuatro Cañadas y este miércoles empezaron a presionar los municipios de Los Valles que llegaron hasta la ciudad reclamando el cumplimiento de promesas de parte de la Gobernación en sus proyectos.
Hasta el momento, las negociaciones que emprendió el Gobierno departamental lograron desarticular las presiones que tienen como objetivo desgastar a las autoridades, según estas denunciaron en varias oportunidades.
En el occidente, los conflictos alentados por los afines al Gobierno están centrados contra los alcaldes de las ciudades de La Paz y El Alto. Desde hace tres semanas, el alcalde Iván Arias soporta el asedio de los campesinos de la subalcaldía de Hampaturi, quienes reclamaban la destitución de la autoridad posesionada.
Arias tiene otro frente de ataque con los procesos judiciales que le han iniciado distintos sectores afines al Gobierno. Hace dos semanas relató que la Cancillería presentó una denuncia penal en su contra porque solicitó un pasaporte diplomático y no lo usó.
La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, también soporta el asedio de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) que es afín al MAS. Este miércoles esta organización impulsó un supuesto “bloqueo de las mil esquinas indefinido” que no tiene éxito, puesto que la circulación fue relativamente normal. Los padres de familia de varias unidades escolares también están programando sus protestas.
En Cochabamba, el gobernador Humberto Sánchez es del MAS y no enfrenta conflictos de las provincias donde la mayoría son del oficialismo. El que debe sortear los conflictos es el alcalde de Cercado, Manfred Reyes Villa.
El denominado grupo de ‘autoconvocados’ empezó sus protestas reclamando convertir el distrito 9 en una subalcaldía. Los reportes indican que cada tres semanas este grupo se rearticula y presiona al municipio local.
En Chuquisaca arrecia el ataque contra el gobernador Damián Condori, un disidente del MAS que gobierna contra la Asamblea. Hace poco capeó la tormenta de reclamos de los municipios cinteños de Villa Charcas, Culpina y San Lucas que demandan el proyecto carretero de la denominada Triangular Cinteña que los une a la ruta troncal, Potosí-Tarija.
También soporta presiones del Gobierno que le reclaman contrapartes para el cumplimiento de proyectos que no planificó como gobierno departamental, pero el Ejecutivo tiene convenios con los municipios rurales.
En Tarija, Óscar Montes y Jhonny Torrez, gobernador y acalde, respectivamente, soportan el asedio de la Fiscalía departamental, que está a cargo de la exministra de Justicia de Evo Morales, Sandra Gutiérrez, quien fue posesionada en diciembre de 2021 y hasta el momento logró la reapertura de un proceso que estaba archivado en contra de las dos principales autoridades regionales.
En Beni, según los reportes, el gobernador Alejandro Unzueta soporta el conflicto permanente con la Asamblea Legislativa que está en manos del MAS; en cambio el alcalde Cristhian Cámara, que postuló por el MTS logró acuerdos con el MAS en el Concejo Municicpal que le permite holgura en su labor.
