El presidente Luis Arce rechazó ayer la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia. La ratificación de la confianza se produjo en momentos en que aumenta la desconfianza entre sectores políticos y ciudadanos de que el Gobierno administre un Censo transparente.

Además, surgieron sospechas sobre el uso de $us 68 millones concedidos en calidad de préstamos por organismos internacionales destinados a cubrir los costos operativos del proceso censal, previsto para noviembre.

Por la mañana, Arandia admitió que la carta de renuncia presentada el 9 de mayo y que se hizo pública el martes, fue escrita por él debido a una grave lesión que sufrió en la rodilla izquierda y que le causó problemas neurológicos y psiquiátricos. Esperaba la respuesta del presidente Luis Arce.

En ese momento Arandia presentó a 11 personas que conforman su equipo “que no ha parado de trabajar un día”, incluso puntualizó que tres de ellos: Martha Oviedo (quien asumió la jefatura en su ausencia), Johnny Suxo y Luis Pereira, fueron directores del INE.

Por la tarde, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que la baja de Arandia es de carácter temporal y el jefe de Estado había conversado con el director del INE para que se reincorpore a sus funciones. “El presidente le ha dado su respaldo”, dijo Alcón.

La viceministra repitió la frase que horas antes había emitido Arandia: “El trabajo de organización del Censo 2022 no se ha detenido. Según el director del INE, la institución cuenta con un equipo profesional de primer nivel. “Garantizamos que este proyecto, el más grande y ambicioso de nuestro país, continuará avanzando sin pausa, bajo estándares internacionales y en cumplimiento estricto de parámetros técnicos. El trabajo se encuentra avalado por la Comisión Internacional de Alto Nivel”.

Precisamente, a raíz de esta comisión internacional, el senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira solicitó al Gobierno postergar el Censo, convocar a las regiones e instituciones para reprogramarlo y evitar así un daño económico de $us 68 millones al Estado.

Informó que recibió respuestas a sus cartas enviadas a los organismos de la Comisión Internacional de Alto Nivel, conformada por el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Explicó que ambos organismos entregan el dinero al Gobierno, pero no se harán responsables de “garantizar la transparencia” de su manejo, porque no hacen ningún tipo de seguimiento ni control de calidad, dijo Paz.

Observó que el proyecto de ley N° 246/2021-2022 que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-35/2022 destinado a financiar el “Proyecto Censo de Población y Vivienda 2022”, no detalla en qué se va a gastar cada actividad de los componentes uno y dos del contrato de préstamo de Fonplata, por $us 40 millones.

“Lo cierto es que el INE tampoco explica cómo se utilizará el dinero del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de $us 26,4 millones, ni de los $us 40 millones de Fonplata. El saldo de $us 1,6 millones, que es aportado por el Tesoro General de la Nación, se destinará a comprar 44 camionetas para el INE”, afirmó Paz. Agregó que “lo lógico sería que esa información esté colgada en la página web oficial del instituto o del Ministerio de Planificación”.

El senador tarijeño señaló que “para evitar el engaño y un daño económico al Estado para la realización del Censo, lo mejor sería invertir esos $us 68 millones en la construcción de 47 hospitales de primer nivel o en 68 unidades educativas”, propuso.

Además, señaló que “las cartografías no se acabaron, la boleta censal debió estar concluida y difundidas en mayo; no hay garantías de transparencia”, complementó.

Al respecto, Arandia señaló que la actualización cartográfica estadística es un proceso que se encara con seriedad. “Por primera vez en la historia de Bolivia llevamos una cartografía digitalizada y estadística; el proceso ya comenzó. Tenemos avances significativos en las ciudades de Cobija, Oruro, Potosí y Trinidad. 

Hay sistemas de monitoreo en tiempo real desarrollados dentro del INE que nos permiten obtener reportes diarios y un detalle minucioso del movimiento de los actualizadores cartográficos que llevan adelante este proyecto”.

Este medio preguntó qué pasa con la situación cartográfica de otras regiones. Con respecto a Santa Cruz, su respuesta fue muy abstracta. Dijo que “en lo que se refiere a la actualización cartográfica vamos a avanzar tal cual lo hemos señalado de manera escalonada, cumpliendo todo nuestro cronograma, que es profesional, serio, concreto y directo”.

Se le consultó sobre la inversión que se ha ejecutado hasta el momento, el director contestó que, “desde un punto de vista de ejecución presupuestaria, resulta bastante complejo hablar de cifras específicas, pero sí podemos dar las de ejecución física o logística. La etapa de planificación se encuentra concluida en un 100%, la actualización cartográfica (cuando faltan cinco meses), al 23% y el resto de etapas tiene un avance significativo. Ahí quiero garantizar que el Censo avanza, y vuelvo a insistir, de forma normal pese a mi baja. No aceptaremos que este argumento de salud se emplee como una falacia para desvirtuar nuestro trabajo”.

Paz Pereira insistió en cuestionar: “¿las boletas censales están listas?, ¿por qué no podemos verlas?, quiero que me las muestren; se ha avanzado en la cartografía, ¿por qué no la muestran? Esa es información pública, que debiera estar colgada en la web”, insistió.

El senador oficialista Luis Adolfo Flores lamentó que la oposición constantemente cuestione el Censo. “No quiere su éxito, lo hace ahora con la renuncia de una persona. Vamos a aprobar las solicitudes de créditos para que tengamos los recursos suficientes para hacer el Censo este año”.

Sobre el cuestionamiento de la transparencia, recomendó a su colega Paz Pereira que haga una petición de informe escrito, y si no hay respuesta, “puede hacerlo oral. Si es necesario, sabemos que el pueblo necesita saber, apoyaremos esos requerimientos”

El diputado Marcelo Pedrazas, de CC, se manifestó también por postergar el Censo. “Correcto, lo dijimos desde un principio. Nosotros como departamentos del sur: Chuquisaca, Potosí, Tarija, no tenemos en este momento las condiciones producto de la pandemia, de generar espacios que nos favorezcan en un futuro. El censo era cada 10 años, pero tuvimos un confinamiento de dos años, lo correcto sería posponer todo, hacerlo hoy llevará a falsear datos y eso irá en desmedro de las regiones menos favorecidas”.

No a la postergación
Aunque con matices distintos, Creemos, el MAS, y miembros de la oposición se manifestaron en contra de suspender el Censo.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que “el Censo está al borde del fracaso”, pero complementó: “Dejen la soberbia a un lado y reconduzcan el proceso, porque las regiones no aceptaremos la suspensión del proceso, ni un censo fraudulento”.

El jefe de bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, señaló que “es intencional lo que sucede con el INE. Esta renuncia que estaba oculta es intencional, el Gobierno no quiere cumplir con el Censo. El Gobierno le miente al país, exigiremos que cumpla con esta cita”.

El diputado Erwin Bazán señaló que “la renuncia evidencia de que el Gobierno busca postergar el Censo. No dejemos que se lo haga mal y con fraude, es momento de la emergencia”. El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, señaló que “estamos muy preocupados, el Censo se debe llevar a cabo en noviembre con todas las normas de seguridad”. 

El diputado del MAS Héctor Arce y el senador William Tórrez garantizaron que el censo no se suspenderá un día, es una prioridad y la ley es de cumplimiento obligatorio.