La pasada semana dos hechos aparentemente distintos llamaron la atención por motivos nada obvios. El primero, durante la interpelación del Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no solo fue criticado sino también increpado en torno a declaraciones hechas acerca de los resultados de la política de seguridad ciudadana en El Alto, o su acercamiento al tema de narcotráfico enfrentando directamente los intereses del Chapare y su máximo líder, Evo Morales Ayma. Sorpresivamente la votación permitió eludir la censura por parte de la Asamblea Legislativa. El acto democrático de la participación a través de sus representantes, mismos que bajo el sistema de las grandes mayorías, trunca cualquiera de sus actos aún si la razón y la evidencia están de su lado.

El segundo hecho se refiere a una trifulca armada por dos concejales, oficialista y opositor en el concejo municipal de Sucre. La escena que presidió el amago de pelea involucró al concejal oficialista, Oscar Sandy, quien se negaba a ceder la palabra a una colega concejal. Ante el hecho, Antonio Pino, concejal opositor, se levantó de la sala en medio de un cruce de palabras con Sandy por su actitud déspota.

Nuevamente la supuesta democracia representativa queda alejada de temas relevantes que efectivamente reflejan las preocupaciones de los gobernados por una simple pulseta por el poder.

Los últimos 15 años se ha utilizado un concepto de democracia únicamente vinculado a aspectos de forma, mientras las mayorías se expresen y su decisión se acate, y estos provengan de un proceso electoral previamente organizado, cualquier decisión y acción posterior que surja como resultado de la representatividad de los gobernados viene protegido por un manto de legitimidad que la hace incuestionable.

Es imperfecta, aún idealizada por muchos, parecería resolverse simplemente cambiando las fichas en la siguiente elección, sin embargo, los mecanismos de colectivización de la sociedad hacen que renunciar a su individualidad y ceder su tuición sobre los temas que verdaderamente les preocupan para que sea el representante quien delibere y si es posible desarrolle alguna acción que permita resolver ese problema o necesidad insatisfecha.

Somos testigos de la ausencia absoluta de equilibrios entre las instituciones deliberativas y las ejecutivas a todo nivel, principalmente las nacionales. Existe una instrucción interna que deja a los representantes como simples peones al tanto de sus limitaciones, siendo su rol únicamente el de reproducir el poder.

¿Qué se ha logrado a partir de esta democracia?

Leyes que simulan el acomodo de piezas en un amplio tablero de ajedrez, es decir se pospone antes la satisfacción de necesidades reales de sus gobernados frente a la consolidación del proyecto político que simplemente busca reproducir el poder una y otra vez.

Bolivia en el Índice de Libertad Humana, calculado por el Instituto CATO y el Instituto Fraiser, en su edición 2021 da cuenta que de los dos componentes que hacen al índice: Libertad Personal y Libertad Económica es esta segunda la que se ha deteriorado con el pasar del tiempo, pero vamos en orden. Bolivia obtuvo una calificación de 7,41/10 ocupando la posición 86/165 de Libertad Personal: entre los subcomponentes que forman parte de su estructura la peor calificación tiene que ver con el Estado de la Justicia (3,1/10) entendido a través del Procedimiento Judicial (3,8/10), la Justicia Civil (3,3/10) y la Justicia Criminal (2,2/10). Curiosamente esta es la eterna queja del ciudadano promedio, que sus representantes deberían haber priorizado.

Por otro lado, teniendo una calificación de 6,28/10 Bolivia ocupa la posición 125/165 de libertad económica: entre los subcomponentes que se miden salta a la vista la baja calificación conseguida por el Sistema Legal y el Derecho de Propiedad (3,9/10) y una calificación importante del Tamaño del Gobierno (6,0/10) que se explica a través de la medición de las transferencias y subsidios (8,8/10), el consumo de gobierno (5,6/10), la propiedad de activos en manos del Estado entre otros (5,7/10). Es decir, el Estado ha incrementado sus atribuciones con la venia de los representantes que deliberaron y aprobaron leyes para “legitimar” la voluntad del poder y no así las necesidades insatisfechas de los gobernados.

Esa democracia que se colectiviza ha impedido que el individuo pueda tener la mínima certeza acerca de la propiedad privada, la base fundamental de la que depende la creación de riqueza. Irónicamente el Estado ha sido priorizado como acumulador de la riqueza ajena, amparado en un Sistema Judicial totalmente ausente, administra discrecionalmente los recursos naturales y la tierra y ha dinamitado el trabajo a través de su máxima instancia ahogando la formalidad vía incrementos salariales impuestos por la fuerza, el salario mínimo nacional y otros beneficios que su “Sindicalismo Corporativo” a acompañado sin desentonar ninguna de las directrices provenientes del Plan Maestro del Poder.

La democracia para algunos es el ejercicio de su derecho a elegir y ser elegido, para otros significa que cualquier decisión es producto de la voz de las mayorías representadas a través de sus legisladores. Pero lo que el grueso de la población ha olvidado es que el verdadero sentido de la democracia es la construcción de acuerdos y pactos por el bienestar de los ciudadanos que se dice representar.

Lo sé, es algo idealista y hasta “naive” pensar en ese tipo de democracia, esta tiene que emanar del individuo, consciente de su esclavitud de SXXI y dispuesto a rebelarse contra la formalidad de la democracia actual, un ejercicio estéril y escénico que consumimos en silencio como placebo para olvidar las frías cadenas de la resignación.