El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez, sostuvo este martes que las leyes y normas que fueron aprobadas durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez no serán afectadas si la justicia dicta una sentencia que declare a la exmandataria y a su administración como inconstitucional.

“No se va afectar las normas legales que hubiesen sido aprobadas en el periodo de Gobierno de facto, porque eso significaría generar una incertidumbre. Eso no significa que se está reconociendo su condición de presidenta no democrática de la señora Jeanine Áñez, porque ella no ha podido demostrar ante el país y ante los tribunales su condición de presidenta que haya cumplido con la sucesión constitucional”, explicó el legislador oficialista.

Gutiérrez argumentó que en la actualidad siguen vigentes normas que fueron aprobadas durante la época de las dictaduras en gobiernos de facto y no se quitaron la legalidad y legitimidad a las leyes o decretos supremos que se emitieron en gobiernos no democráticos.

“La ley de convocatoria para las elecciones generales ha significado apenas la recuperación de la normalidad constitucional y la recuperación de la democracia, porque sin esas normas, sin esas leyes, no hubiésemos logrado las elecciones; (además) el pueblo boliviano ha demandado una ley para que se pueda convocar a elecciones generales cuando la señora Jeanine Áñez quería prorrogarse por varios factores y pretextos atribuibles a la pandemia”, destacó el senador del MAS.

Respecto a la ampliación de mandato, el diputado del MAS, Gualberto Arispe, justificó que se tomó esa decisión en su momento “por la situación en la que vivíamos”. Además, destacó las normas aprobadas por el gobierno de Áñez que posibilitaron las elecciones nacionales para reestablecer el orden constitucional.

Áñez espera una sentencia por el caso “Golpe de Estado II” que analiza los actuados previos a la asunción de la presidencia interina como sucesión constitucional tras las renuncias en 2019 del Presidente, Vicepresidente y los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados.

La Fiscalía pidió 15 años de prisión para la exmandataria. Esta tarde continúa la audiencia y se espera un fallo del Tribunal, que en horas de la mañana le negó una vez más la posibilidad de defenderse en libertad, después de que la defensa de la exmandataria solicitó la cesación de su detención preventiva en la cárcel de Miraflores.