El Censo de Población del año 1950 arrojó que Bolivia tenía el 73,8% de sus habitantes viviendo en el área rural y el 26,2% en el área urbana. La población viviendo en 50% urbana y rural se produjo el año 1983. Proyectando esos datos y continuando con los censos de 1992, 2001 y 2012, considerando la presión migratoria (ausencia de servicios públicos dignos en áreas rurales, carencia de salud y educación, disminución de oportunidades productivas, economía de escala, cambio climático, envejecimiento de la población y atracción de las ciudades), para el Censo de 2032 podríamos tener al 90% viviendo en el área urbana y al 10% en el área rural.

Esta realidad acompaña tres provocaciones. La primera tiene que ver con la existencia de 1 millón de km2 técnicamente sin población. ¿Qué haremos con esa extensión? Sabemos que el vaciamiento de habitantes no significa ausencia de explotación/uso de la tierra en sus diferentes modalidades (agricultura, ganadería madera, industria, minería, hidrocarburos o producción de cocaína), o por la necesidad de mantener baja población en razón de uso o destino, como son los parques, áreas protegidas o territorios indígenas.

Una segunda provocación tiene que ver por la legítima definición ideológica del Estado cada vez más difícil económicamente de sostener, de su cualidad originaria indígena campesina que respalda la plurinacionalidad. Reconociendo su existencia, la evidencia empírica demuestra que los 13 años de existencia del Estado Plurinacional han significado la incorporación de un conjunto de reivindicaciones discursivas, posicionamiento ideológico y valoración de sus cualidades, sin que el Estado las haya convertido materialmente en políticas públicas. No existen textos, leyes, procedimientos, estructura institucional ni posibilidad comunicacional en las 36 lenguas e idiomas definidos como oficiales, al mismo tiempo que el valor de la tierra sigue sin resolverse pues el pedido de dotaciones agrarias por colonos, interculturales y demandantes privados, “por la existencia de muy pocas personas viviendo en grandes extensiones”, demuestra el desconocimiento de las cualidades que tienen las tierras del oriente. Como demostración simple, veamos el avasallamiento que ocurre en el Tipnis y en la Autonomía Iyambae en Charagua. 

La tercera, y más rotunda, es generada por el abandono de áreas rurales y el crecimiento de las ciudades con presión urbana sobre servicios deficientes, concentración en regiones metropolitanas y la necesidad de incorporar en el debate a las ciudades intermedias para ocupar inteligentemente el territorio. Bolivia necesita aprobar políticas públicas que ordenen la vida de la población, sus necesidades básicas insatisfechas y de esta manera definir la responsabilidad de quién debe hacerse cargo de organizar la vida en sociedad y en las áreas urbanas. La respuesta teórica señala que le corresponde al Gobierno municipal, pero la realidad demuestra la imposibilidad normativa, material e institucional para lograrlo. Quien se perjudica rotundamente con ello es el administrado, que no tiene a quién acudir para demandar lo que necesita, debiendo los padres de familia bloquear un corredor vial internacional porque en el municipio no existe desayuno escolar.

Y mientras el 10% de la población originaria indígena originaria vivirá en áreas rurales, el 90% de la población viviendo en realidades urbanas ya nos estamos atropellando.