En 2021 y parte de 2022, los conflictos sociales en Santa Cruz estuvieron orientados a presionar al Gobierno central y a los municipales, en una especie de tregua no pactada de los sectores sociales afiliados al MAS con la Gobernación de Luis Fernando Camacho. Sin embargo, ese ambiente terminó durante los últimos días de mayo, cuando los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas decidieron bloquear, luego de un encuentro político con el jefe de este partido, Evo Morales, y los denominados interculturales.

Ahora, los 27 municipios dirigidos por autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de algunos otros del total de 53 que hay en la región, están en apronte para mantener la presión al gobierno departamental, en una protesta que se extendió por dos semanas y que golpeó la economía de Santa Cruz, Beni y Cochabamba.

“Hemos dado un año entero para que pueda ordenar toda la documentación, recién nos estábamos asentando, nos estábamos organizando..., pero ya hemos esperado suficiente, ya es momento de que el Gobernador pueda sentarse con los municipios”, justificó el alcalde de Cuatro Cañadas, Hugo Gutiérrez.

Las elecciones subnacionales se realizaron el 7 de marzo de 2021 y las alcaldías y la Gobernación renovaron sus autoridades.

Un monitoreo de la Fundación UNIR muestra que en 2021 hubo 918 conflictos sociales en el país, entre los que predominaron los pedidos de bonos y otras asistencias debido a la crisis económica (por ejemplo, recursos para desayuno escolar). El 33% de los reclamos estuvo dirigido al Gobierno central, el 27% al ejecutivo municipal, sólo el 9% a los gobiernos departamentales y el resto se repartió entre el Ministerio Público y Educación.

Esta situación fue igual en Santa Cruz, donde a principios de año fueron bloqueadas distintas vías carreteras por pedidos al Gobierno central y a los gobiernos municipales en temas del sistema de salud y educación.

El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Hedilberto Cuéllar, dijo que todos los afiliados tienen demandas parecidas. “Son deudas de hace dos o tres años, tal vez más. Las regalías, desayuno escolar y rutas troncales son las necesidades de los 53 municipios de Santa Cruz”, explicó.

De los 53, 27 son conducidos por alcaldes militantes del MAS-IPSP y 26 por afiliados a Creemos (el partido de Camacho) y otras agrupaciones ciudadanas. Según Cuéllar, todos los municipios están unidos en el Consejo Directivo, instancia que dio a la Gobernación un ultimátum hasta el próximo 13 de junio para responder a sus demandas.

En las anteriores dos semanas, los sectores sociales aliados al MAS movilizaron a sus autoridades en las alcaldías para exigir de la Gobernación la construcción o mantenimiento de tramos camineros, obtener dinero de las regalías y desembolsos económicos para otras necesidades.

El norte soyero

San Julián y Cuatro Cañadas son municipios ubicados al noreste de la capital cruceña, en la zona del agronegocio y la producción de soya. Los pequeños productores, afiliados a la Federación de Comunidades Interculturales, mantienen negocios con las acopiadoras de grano que luego llevan el producto a la exportación.

La vía principal que atraviesa ambos municipios conecta a Santa Cruz de la Sierra con Trinidad (Beni), y por ella circula el ganado de las estancias hacia los mercados de las capitales.

San Julián mantuvo seis días de bloqueos, hasta el 27 de mayo, mientras que Cuatro Cañadas comenzó una protesta similar el 30 de mayo y se levantó al final de la semana pasada.

Las autoridades de la Gobernación denunciaron un “cerco” a la capital cruceña, aunque los bloqueos no obstaculizaron la carretera internacional Santa Cruz-Corumbá, las vías antigua y nueva a Cochabamba ni las rutas hacia el sur del país y hacia los valles productores de alimentos. El viernes, los bloqueadores de Cuatro Cañadas hicieron un cuarto intermedio de unas horas para permitir el paso de camiones y otros vehículos varados.

El reparto de la discordia

Para desvirtuar los motivos de las protestas, funcionarios de la Gobernación las califican de “medidas políticas”, mientras los movilizados dicen que están únicamente motivados por sus demandas locales.

¿A qué se debe que la Gobernación no pueda gestionar la construcción o mantenimiento de vías cortas dentro de los municipios? “El pedido de San Julián es de casi 60 kilómetros, hace 10 días o más está siendo mantenida por la Gobernación, pero ellos piden pavimentar. Es un proyecto que quedó a medias de la gestión 2018, hemos asumido el compromiso de pavimentar cinco kilómetros por año, ya que el kilómetro de pavimento asciende casi a 1,1 millones.

En Cuatro Cañadas, los tres tramos son atendidos, hay actas firmadas, de un plan anual de mantenimiento de caminos”, explicó el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Fernando Menacho.

El 27 de mayo, la Gobernación se comprometió con el municipio de San Julián a construir el próximo año los cinco kilómetros entre Brecha Casarabe y Núcleo 41, para lo cual elaborará un proyecto hasta el 31 de julio, y gestionará ante el Gobierno el financiamiento para construir todo el tramo. El diseño debe estar listo el 31 de octubre.

El pedido de las regalías es menos claro. En San Julián acordaron una mesa de análisis técnico-legal para los primeros días de junio y conciliar saldos para saber qué monto corresponde al municipio, según dijo el asambleísta del MAS Dilfe Rentería.

Sobre la demanda de regalías, el Alcalde de Cuatro Cañadas señaló: “No tengo información, eso queremos saber de ellos”. El exalcalde y jefe de la Federación de Interculturales del municipio, Juan Pablo Peñaranda, precisó que se adeudan regalías desde 2015-2016, que llegan a entre 10 y 12 millones de bolivianos.

Menacho aclaró, sin embargo, que “no hay ninguna deuda de regalías con los municipios porque las regalías van destinadas a las provincias..., a través de proyectos presentados vía los Consejos Provinciales de Desarrollo”.

“En gestiones anteriores sí se hacía una distribución a los municipios, pero esto fue observado por la Contraloría. La norma dice que las regalías van a los municipios a través de proyectos de competencias departamentales, no municipales”, manifestó.

Cuéllar insistió en que el problema no es falta de dinero. “El Ministerio de Economía no adeuda (regalías) a la Gobernación, pero la Gobernación tiene deudas con los municipios”, insistió. Según el presidente de Amdecruz, los municipios necesitan ese dinero para atender “electrificación rural, pozos de agua y mantenimiento de caminos gubernamentales”.

La otra demanda de los municipios es el apoyo al desayuno escolar. La Ley 261, promulgada el mes pasado por Camacho, recategoriza a las alcaldías para la entrega de ese respaldo.

“Se han hecho tres categorías. En la A están todos los municipios que no tienen ingresos tributarios y se les asigna un 80% de presupuesto, a los municipios que tienen medianos ingresos el 65%, y a los grandes el 50% de los recursos para el desayuno escolar”, explicó Menacho. Para 2022, continuó, “la Gobernación aprobó cuatro millones de bolivianos más para atender el desayuno escolar, es el más alto que se ha probado en todo el año”.

Los padres de familia y maestros tienen constantes observaciones sobre la calidad y cantidad del alimento escolar. “¿Quién desayuna con 0,90 centavos? Esa ley la tenemos que tratar para que mínimo sean tres bolivianos, algo humano, porque estamos hablando de nuestros estudiantes. Este desayuno implica derivados de soya, de quinua, para que sea nutritivo”, dijo Cuéllar, quien además es el alcalde de El Torno.

La Ley 261 define porcentajes de respaldo a los municipios, según recaudaciones impositivas. El alcalde de Cuatro Cañadas explicó: “Somos un municipio joven, pero nos han recategorizado como Warnes, Montero, etc., en esta gestión nos bajaron 100 mil bolivianos”.

En la página web de la Alcaldía de Cuatro Cañadas está tal vez una de las razones de la falta de dinero en las arcas municipales: la Ley 171/2021, firmada por Gutiérrez, dispensa el 50% del pago de impuestos por bienes inmuebles y propiedad de automotores en su jurisdicción debido a la crisis de la Covid-19. Una decisión similar fue adoptada por otros municipios en el país.

“El gobierno departamental no atiende, la única forma de hacerse atender es con movilizaciones y bloqueos, a pesar de que no debería ser así. No estamos de acuerdo con esa medida de presión porque estamos frenando la economía del país”, aseguró Marco Fernández, presidente de la Dirección Departamental (DD) del MAS-IPSP en Santa Cruz y principal dirigente de la Federación de Comunidades Interculturales en el departamento.

Pero en el recibidor de su oficina de la DD del MAS-IPSP se encuentra visible un papelógrafo en la pared con un esquema: La DD en lo alto, círculos de bloqueos a lo largo de una línea horizontal en el medio, y asambleístas, diputados, alcaldes, concejales y equipo técnico de respaldo en la base.

El Comité Cívico pro Santa Cruz se pronunció el 2 de junio contra las medidas que “afectan al desarrollo y progreso de Santa Cruz y la soberanía alimentaria nacional”, a la vez que llamó a defender el “libre tránsito y el modelo de desarrollo productivo en el departamento”.

Los empresarios presentaron cifras de pérdidas por las protestas: 2,5 millones de dólares en ocho días los ganaderos benianos, y un millón los cruceños.

Para los dirigentes el MAS , como el caso de Fernández, esto se debe a que “la gestión de Camacho es pésima”. Dijo que, por información del Gobierno, saben que “la Gobernación tiene recursos para subsanar estos conflictos” por lo que concluyen que “sólo no les da la gana de atender”.

Lejos de mostrarse preocupado, Menacho afirmó que el ultimátum de Amdecruz no es para preocuparse.