“Acercar la justicia a la gente y hacer que funcione mejor, alejando el poder político de los procesos de selección y designación judicial” ha señalado el relator especial de la ONU, Diego Garcia Sayán, en su informe final, luego de su visita oficial al país del 15 al 22 de febrero de 2022, con el propósito examinar la situación de la independencia del sistema de administración de justicia.

La frase resume las conclusiones del relator especial, quien además ha identificado los principales obstáculos al funcionamiento de un sistema judicial independiente e imparcial: injerencia política, presupuesto insuficiente, presiones externas e internas a los operadores de justicia, uso generalizado de la prisión preventiva –especialmente en aquellos casos de sensibilidad política– y prácticas extendidas de corrupción judicial; constatando que estos patrones que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados.

Frente a estos problemas, Garcia-Sayan también indica que ha recogido “consensos favorables de cara a contar con un sistema de justicia independiente”, y en particular se refiere a las posibilidades de mejorar los procesos de selección y nombramiento de las altas cortes.

Una de las innovaciones de la Constitución boliviana de 2009 fue la elección de las autoridades máximas del órgano judicial mediante sufragio universal y directo, previo un proceso de calificación y preselección de los candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa. En su valoración crítica, el relator define de manera categórica que “dicho sistema está politizado y no siempre ha conducido a escoger a las personas más idóneas”.

Y concluye que “la elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”.

Garcia Sayan identifica dos áreas particularmente problemáticas. La primera se refiere “al proceso de preselección de candidatos a ser sometidos a votación popular que es conducido y decidido por un órgano político, la Asamblea Legislativa”, donde la sociedad civil no tiene participación. Además, señala la preocupación sobre el hecho de que varios postulantes llegaron a la última fase del proceso de preselección con calificaciones muy bajas.

La segunda tiene que ver con la elección por sufragio universal, con una baja legitimidad de dichas votaciones dada la escasa participación del electorado. El relator recuerda que ha insistido en la prevalencia de criterios y procedimientos de designación vinculados a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del Estado de derecho, de conformidad con los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, concluyendo que: “Si bien no existe un modelo universal de procesos de selección y designación, es esencial que en estos procesos no sean los criterios ni las consideraciones de índole político los que prevalezcan”, subrayando que “cuanto más alejado esté el poder político de los procesos de selección y designación, mejor”.

De cara a esos consensos necesarios, se da cuenta que, en la perspectiva de concretar reformas al proceso de elección por voto popular de las altas cortes, se han recogido un par de posibles opciones. Por una parte, se ha presentado la posibilidad de realizar una modificación del sistema de elección de las altas cortes por sufragio universal mediante la reforma parcial del texto constitucional vía referéndum popular.

Esta propuesta plantea la creación de una comisión nacional de postulaciones, integrada por representantes independientes de la sociedad que elabore, sobre la base de méritos y exámenes, ternas sobre las cuales la Asamblea Legislativa elija por dos tercios del total de sus miembros a las personas que asumirán esas altas funciones.

Por otra parte, sin una reforma constitucional, se han identificado algunas propuestas que contribuirían a mejorar los mecanismos de selección y designación con procedimientos más participativos y plurales, fortaleciendo la fase de la preselección, sobre los que votaría la Asamblea Legislativa, con propuestas generadas en un espacio pluralista y participativo. Este espacio, por su composición plural y rigor procesal, podría preparar una lista corta con un orden de prelación.

La Asamblea, en principio, se atendría al orden de prelación planteado, salvo que existiesen razones y motivos de fondo fundados para no hacerlo. El voto popular ratificatorio entonces podría adquirir un carácter simbólico que refrenda una elección meritoria celebrada en la Asamblea, sobre la base de la selección alcanzada por esa comisión independiente y plural.

Entre sus recomendaciones finales, señala la urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional para la reforma de la justicia y hace un llamado a la sociedad e instituciones bolivianas a impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo.

Hay dos modalidades posibles, que coinciden en el objetivo de alejar al poder político de los procesos de selección y designación de las autoridades judiciales. Las dos experiencias pasadas, las elecciones judiciales de 2011 y 2017 –junto a la experiencia fallida hasta ahora en la designación del Defensor del Pueblo– mostraron el fracaso de los legisladores en su misión de calificar y seleccionar a los candidatos más idóneos para estos cargos. Ya sea mediante reforma constitucional o autolimitación legislativa, el desafío está en cómo se puede contener la decisión arbitraria del órgano político en la selección de las más altas autoridades de la justicia boliviana estableciendo una instancia plural, técnica e independiente para la preselección de postulantes.

Si los actores políticos no responden con madurez este reto, es el momento de la gente, para que mediante la reforma constitucional parcial por iniciativa ciudadana, sea protagonista de este cambio que el país espera.