ESCUCHA ESTA NOTA AQUÍ
A pesar de las exhortaciones de organismos internacionales, la anunciada reforma judicial no ha reportado ningún resultado, observó el jurista y académico Luis Alberto Ruiz, en el marco de un proceso de reflexión sobre esta temática. Anticipó así las razones de una “ley corta” que apunte a establecer las bases “de una reforma de la Constitución”.
La normativa debe plantear, señaló Ruiz, una prohibición específica para que los magistrados que cumplan un mandato; por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “no aparezcan luego, en una próxima gestión” en otras alta cortes del país.
“Hay muchos casos, de varios magistrados que aparecen en tribunales con altas responsabilidades y así la justicia puede quedar fácilmente secuestrada ante los intereses de determinados grupos de poder”, señaló el jurista.
Indicó que al menos existen 10 casos en los que un magistrado termina su gestión y aparece en otra alto tribunal de justicia o como autoridades del Ejecutivo. Esto está mostrando la configuración de “una compleja red que controla a la justicia, pero no para todos”, afirmó.
“Esta ley corta, remarcó, debería servir de base para debatir la reforma constitucional que permita a los jueces tener gestiones de hasta 10 años, pero sobre todo que sean elegidos sobre la base de sus méritos y no por los contactos que tenga con el poder”, afirmó.
La reforma de la justicia fue anunciada tras la llegada al poder del presidente Luis Arce, en noviembre de 2021, cuando incluso se abrió la posibilidad de realizar un ajuste a la Constitución Política del Estado para “despolitizar el sistema judicial”.
El jurista consideró que actualmente las autoridades judiciales están inmersas en el sistema político nacional y “hacen política” porque para llegar a sus cargos tuvieron que hacer lobbies con dirigentes políticos y representantes de las organizaciones sociales.
“La ley corta debe prohibir la reelección y la rotación de magistrados y será el primer paso para restituir la meritocrática para que los jueces no vayan detrás de los dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales, donde se cierran sus postulaciones”, insistió.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, las máximas autoridades del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura son elegidas a través del voto tras una preselección en el Legislativo.
Colectivos de juristas en los que participa Ruiz identificaron que esta preselección provoca “un secuestro de la justicia” por intereses políticos y de grupo que deberían corregirse, precisamente, con esta “ley corta” que “también apunta a dignificar el trabajo de jueces”.
En ese marco, Ruiz reclamó un actitud más proactiva por parte del Legislativo para promover el debate “no solo de la reforma, sino de la transformación” de la justicia.
El Ministerio de Justicia proyectó al menos cinco leyes en el marco de esta reforma. Incluso se han previsto ajustes en la Ley 025 del Órgano Judicial para mejorar la selección de los candidatos a las altas cortes.
La próxima elección judicial, la tercera experiencia desde 2010, se desarrollará el próximo año. La eliminación de este proceso tendría que realizarse a través de un proceso de reforma judicial que demanda al menos tres años, según los cálculos del Gobierno.
