Por alguna extraña razón de la nueva política, una acción básica institucional de Estado como es la realización del Censo de Población y Vivienda se convierte en arma arrojadiza partidaria; una tensión que ojalá sirva para que la planificación sea más detallada si cabe y no se toleren errores ni relajos, pero que tiene el riesgo de desacreditar la herramienta antes incluso de su nacimiento, lo cual sería un despropósito para los intereses nacionales.

El Censo tiene una función elemental en la planificación y va más allá de contarnos y saber cuántos somos en cada pueblo, comunidad, municipio o departamento. No, no se trata de una competencia para saber quién es el número 1 ni hay premio especial para el ganador. Tampoco se trata de contarnos lo maravillosos que somos ni lo bien que ha crecido el país, que parece ser también la intención de algunos obsesionados con refrendar sus gestiones.

De lo que se trata, esencialmente, es de decir la verdad, de tomarnos una radiografía en el momento preciso, sin promesas electorales, sin proyectos a medio hacer. Se trata de que en el momento digamos si tenemos o no tenemos agua, gas, luz, trabajo, personas a cargo o tal o cual enfermedad o síndrome del que nadie se hace cargo.

Por eso es que el desafío es grande, porque se muestra el Estado en la desnudez de la verdad, en la frialdad del dato sumado, sin adornos: tantos duermen en cama, tantos no; tantos tienen agua potable, tantos no; tantos trabajan, tantos no.

Tarija resultó ser uno de los departamentos socialmente más avanzados según los datos del Censo de 2012. Así lo indicaban los datos relativos al acceso al agua potable, a internet, a la electricidad y, sobre todo, al gas natural, aunque también evidenciaba que a los pies de los pozos se seguía viviendo en la precariedad de la leña.

En Tarija sí va a interesar y mucho el dato final de población, pues las proyecciones estiman que rondamos los 600.000 habitantes, pero la realidad de seis años de crisis y destrucción de Producto Interno Bruto (PIB) no dejan de pasar factura también a nivel poblacional.

En esas, será también interesante saber cómo ha evolucionado la migración interna desde las provincias hacia la capital. En 2012 fueron los municipios como Padcaya y O´Connor los que dieron señales de agotamiento en su crecimiento vegetativo, pues prácticamente rentaban en negativo. A ello le han seguido diez años de autonomía departamental y de una forma muy particular de administración, diversificando recursos y concentrando mucha inversión en las provincias, tantas veces desdeñada desde la capital. ¿Habrá servido para fijar población?

Para un departamento de frontera como el nuestro, es importante que los municipios y las comunidades estén habitadas, vivas y que se creen oportunidades para sentar la soberanía, que no se hace con hitos, sino con familias.

En esas, ojalá los datos que se recaben sean los más fiables, pues nos van un buen puñado de decisiones en esto.