- La Palabra - Unidos en el desacuerdo
- El Deber - Jorge Tuto Quiroga: “La unidad no se construye fuera de la legalidad; me quieren sacar”
- El Deber - Doria Medina: “Hay dirigentes que creen que la política es el territorio de los vivillos”
- Correo del Sur - Pese a observación de Tuto, Samuel dice que encuesta va
- La Razón - Cuando agosto sea 17
- El País - Andrónico versus Evo: La hipótesis del golpe blando
- El País - Rumbo al 17A: Del reproche de Andrónico al berrinche de Tuto
- El País - El TSE definirá hasta el 30 de mayo la habilitación de candidaturas
- La Patria - Ballivián convoca a reunión urgente ante divisiones entre líderes opositores
- La Patria - TSE coordina verificación del padrón electoral con universidades privadas en Santa Cruz
Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: domingo 05 de junio de 2022
Categoría: Consulta previa
Subcategoría: Concesiones mineras, construcción de carreteras, exploración hidrocarburífera, proyectos de desarrollo, otros
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Lamentablemente, las noticias sobre los avasallamientos de propiedades urbanas y rurales del sector productivo, cometidos por los llamados “interculturales”, que en realidad son militantes masistas, hacen correr ríos de tinta, sin que el Estado intervenga para frenar estas acciones que vulneran derechos humanos y constitucionales de los afectados. En Cochabamba, sólo por citar un ejemplo, es conocido el caso de la hacienda lechera La Angostura, donde los loteadores, con el apoyo de consorcios de jueces, fiscales y policías, han comenzado a construir casas en los predios avasallados y no hay autoridad -Estado- que los desaloje. Y no la hay porque hoy el Estado está bajo el control de quienes favorecen los avasallamientos.
Otra prueba de lo que afirmamos es la exigencia de los cooperativistas mineros, aliados del Gobierno -en realidad, uno de los grupos corporativos que ejerce el poder, al ser parte del MAS-, de “rezonificar” las áreas protegidas del país, de tal modo que ese “rediseño” les permita ingresar a esas zonas para proseguir con sus actividades mineras. No hay más lógica que la del extractivismo: debido a que las áreas obtenidas ya no tienen oro, entonces los cooperativistas esperan recibir otras, para proseguir con sus tareas depredadoras y contaminantes. Es conocido el refrán que dice que por donde Atila transitaba ya no crecía ni la hierba; algo parecido sucede con las “actividades” de estos mineros, que dejan desiertos y polución por donde operan. Y ahora quieren más.
Si imperase la racionalidad, el Estado y el Gobierno tendrían que negar la pretensión de estos mineros, que además, y con mayor frecuencia, avasallan predios a tiros; sin embargo, sus dirigentes ya se han reunido con el Presidente para lograr esa “rezonificación” de las áreas protegidas, en especial la del Parque Nacional Madidi, que está en el centro de sus intereses, y no sería raro que les permitan ingresar a esos santuarios de biodiversidad, si se considera que ya se han conformado comisiones para ese propósito depredador. ¿Y qué sucedería si no se cediese a sus desproporcionadas pretensiones? Sus dirigentes dicen que están listos para movilizarse si no satisfacen sus demandas. Es decir, volverían los dinamitazos a las calles de La Paz.
¿No conmueve al Gobierno la destrucción del hábitat de millares de valiosas especies naturales de esas áreas protegidas? No. ¿No merece ser preservado el Parque Nacional Madidi, una de las zonas con mayor biodiversidad de la superficie terrestre? No. ¿No es mejor conservar las áreas protegidas porque pueden generar más recursos que la extracción de gas natural y oro? Al parecer, es algo que no le interesa al Gobierno. Un país como Costa Rica, de extensión menor a la de Bolivia, según los expertos, tiene un ingreso anual de 5 mil millones de dólares por el ecoturismo.
Las áreas protegidas pueden ser la base de un patrón de desarrollo distinto al que propugna el extractivismo masista. Pero eso no interesa a los cortoplacistas. Y por eso las áreas protegidas serán avasalladas, paradójicamente, con una “rezonificación” legal.