“…el Relator Especial recogió numerosas manifestaciones en favor de la conveniencia y urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional al respecto (reforma) y hace un llamado a la sociedad e instituciones bolivianas a marchar en esa dirección (…) El Relator Especial insta al gobierno a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del órgano judicial…”

Acuerdo nacional y plan estructural para la Reforma, es lo que se lee, resumidamente, entre las recomendaciones más importantes de Diego García Sayán, recomendaciones ahora en manos del Gobierno y de la opinión pública que repudia la tragedia judicial que ha dejado en la inermidad valores esenciales como la vida, la libertad, la integridad física, la dignidad, la seguridad y el patrimonio de la gente, valores que, en lugar de proteger, el sistema de justicia los violenta cotidianamente a través de la persecución judicial, la impunidad, el hacinamiento carcelario, el abuso de la detención preventiva, la secundarización de la justicia indígena y la corruptela generalizada, que es la descripción básica que contiene sobre la justicia boliviana el Informe del Relator de la ONU.

Claro que estamos de acuerdo con esas recomendaciones. Ojalá hubiera plan estatal estructural y acuerdo nacional para la Reforma, pero somos redobladamente escépticos, al menos, por las siguientes razones:

1. En solo 18 meses el Gobierno ha formulado ya 3 propuestas de reforma distintas, archivando las anteriores. Primero, en 2021, habló de reforma constitucional, luego en febrero de 2022 redujo su “visión” a un planteamiento de mejora de algunas leyes, y en septiembre de 2022 oficializó otra propuesta de “6 ejes” que iban desde la redistribución de jueces, hasta la implementación de las TIC (técnicas de información y comunicación) para modernizar el sistema.

2. Esos criterios de reforma normativa y de mejora administrativa son necesarios, pero parecen solo parches porque no apuntan a las causas profundas de la tragedia judicial que vivimos, y que no son otras que el sometimiento político de jueces y fiscales, el miserable presupuesto judicial, y la marginalización de la justicia indígena originaria.

3. Seguramente el contenido epidérmico de las propuestas-parches gubernamentales, improvisadas al calor de los variados escándalos judiciales, desaminaron la promesa presidencial del 3 de enero de 2022 cuando Arce comprometió una “cumbre” en marzo para concretar la “reforma”. A fines de febrero el ministro Lima anunció la postergación indefinida de la “cumbre” y junto con ella, al parecer, el archivo de sus propuestas, dejando la temática sin rumbo.

4. Iván Lima, a tiempo de archivar cumbre y parches, declaró que ocurría ello porque no había acuerdos con la oposición parlamentaria que, extrañamente, ahora el ministro la considera imprescindible, pese a que en todos los meses anteriores ese mismo personero calificó una y otra vez a esa oposición de “golpista” por proponer la renuncia del fiscal y de los magistrados.

Todavía no hemos escuchado la versión opositora para saber si hubo conversaciones y propuestas, y las razones del fracaso que lamentó Lima, que más parece un “pretexto” para justificar el extravío de una política sin contenidos e improvisada al calor de las urgencias menudas de la coyuntura.

5. La semana pasada, conocido el Informe de García-Sayán, el Gobierno no pudo disimular su incomodidad. Primero fue el portavoz gubernamental y luego el viceministro de Justicia que ofrecieron, “para los próximos días”, una nueva propuesta de reforma, que sería la 4.ª y que aparece como un nuevo taparrabos para ocultar las desnudeces mostradas por la ONU.
Fue el viceministro Siles el que detalló, en remplazo de los 6 ejes anteriores, los 4 ejes del nuevo plan a discutirse en 4 mesas: a) Presupuesto judicial; anteriormente el criterio era 0 de incremento, b) Carrera judicial; antes se habló solo de exámenes “descolonizadores”, c) Acceso a la justicia; anteriormente solo de manera tangencial se mencionó fortalecer la conciliación y arbitraje, y d) Justicia indígena originaria, que antes estuvo absolutamente ignorada.

Difícil no ser escépticos frente a la errática conducta gubernamental que solo visibiliza la ausencia de propuestas y de voluntad de cambio.

“…el Relator Especial recogió numerosas manifestaciones en favor de la conveniencia y urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional al respecto (reforma) y hace un llamado a la sociedad e instituciones bolivianas a marchar en esa dirección (…) El Relator Especial insta al gobierno a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del órgano judicial…”

Acuerdo nacional y plan estructural para la Reforma, es lo que se lee, resumidamente, entre las recomendaciones más importantes de Diego García Sayán, recomendaciones ahora en manos del Gobierno y de la opinión pública que repudia la tragedia judicial que ha dejado en la inermidad valores esenciales como la vida, la libertad, la integridad física, la dignidad, la seguridad y el patrimonio de la gente, valores que, en lugar de proteger, el sistema de justicia los violenta cotidianamente a través de la persecución judicial, la impunidad, el hacinamiento carcelario, el abuso de la detención preventiva, la secundarización de la justicia indígena y la corruptela generalizada, que es la descripción básica que contiene sobre la justicia boliviana el Informe del Relator de la ONU.

Claro que estamos de acuerdo con esas recomendaciones. Ojalá hubiera plan estatal estructural y acuerdo nacional para la Reforma, pero somos redobladamente escépticos, al menos, por las siguientes razones:

1. En solo 18 meses el Gobierno ha formulado ya 3 propuestas de reforma distintas, archivando las anteriores. Primero, en 2021, habló de reforma constitucional, luego en febrero de 2022 redujo su “visión” a un planteamiento de mejora de algunas leyes, y en septiembre de 2022 oficializó otra propuesta de “6 ejes” que iban desde la redistribución de jueces, hasta la implementación de las TIC (técnicas de información y comunicación) para modernizar el sistema.

2. Esos criterios de reforma normativa y de mejora administrativa son necesarios, pero parecen solo parches porque no apuntan a las causas profundas de la tragedia judicial que vivimos, y que no son otras que el sometimiento político de jueces y fiscales, el miserable presupuesto judicial, y la marginalización de la justicia indígena originaria.

3. Seguramente el contenido epidérmico de las propuestas-parches gubernamentales, improvisadas al calor de los variados escándalos judiciales, desaminaron la promesa presidencial del 3 de enero de 2022 cuando Arce comprometió una “cumbre” en marzo para concretar la “reforma”. A fines de febrero el ministro Lima anunció la postergación indefinida de la “cumbre” y junto con ella, al parecer, el archivo de sus propuestas, dejando la temática sin rumbo.

4. Iván Lima, a tiempo de archivar cumbre y parches, declaró que ocurría ello porque no había acuerdos con la oposición parlamentaria que, extrañamente, ahora el ministro la considera imprescindible, pese a que en todos los meses anteriores ese mismo personero calificó una y otra vez a esa oposición de “golpista” por proponer la renuncia del fiscal y de los magistrados.

Todavía no hemos escuchado la versión opositora para saber si hubo conversaciones y propuestas, y las razones del fracaso que lamentó Lima, que más parece un “pretexto” para justificar el extravío de una política sin contenidos e improvisada al calor de las urgencias menudas de la coyuntura.

5. La semana pasada, conocido el Informe de García-Sayán, el Gobierno no pudo disimular su incomodidad. Primero fue el portavoz gubernamental y luego el viceministro de Justicia que ofrecieron, “para los próximos días”, una nueva propuesta de reforma, que sería la 4.ª y que aparece como un nuevo taparrabos para ocultar las desnudeces mostradas por la ONU.
Fue el viceministro Siles el que detalló, en remplazo de los 6 ejes anteriores, los 4 ejes del nuevo plan a discutirse en 4 mesas: a) Presupuesto judicial; anteriormente el criterio era 0 de incremento, b) Carrera judicial; antes se habló solo de exámenes “descolonizadores”, c) Acceso a la justicia; anteriormente solo de manera tangencial se mencionó fortalecer la conciliación y arbitraje, y d) Justicia indígena originaria, que antes estuvo absolutamente ignorada.

Difícil no ser escépticos frente a la errática conducta gubernamental que solo visibiliza la ausencia de propuestas y de voluntad de cambio.

Estaremos atentos al “4to plan de reforma” oficialista, pero no lo haremos con los brazos cruzados. Seguiremos impulsando, con renovado vigor, la propuesta ciudadana de reforma vía referendo popular, para lograr independencia, idoneidad, recursos y justicia verdadera para todos, que es lo que resume nuestra propuesta que, en su Informe, la tomó en cuenta el propio García-Sayán.