En el sur del Parque Nacional Madidi, en el municipio de Apolo del departamento de La Paz, comunarios y mineros ilegales se agarran a tiros, queman viviendas, se producen secuestros y el Estado hace brillar allí su completa ausencia.

El martes de esta semana se produjo un enfrentamiento que dejó ocho heridos de bala en el lugar; 20 viviendas fueron quemadas y dos personas fueron secuestradas, porque en esa zona operan decenas de empresas mineras ilegales que llegan para explotar oro y se establecen como poderosos grupos armados que pasan por encima de las autoridades locales, siembran violencia y no hay autoridad que los detenga.

Establecen algo así como pequeños Estados dentro del Estado boliviano y en ellos no manda nadie más que ellos.

En el país existe una Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), responsable, como su nombre indica, de regular y controlar la actividad minera en el país, pero su presencia en lugares alejados como Apolo es nula; directamente no existe y ni siquiera realiza inspecciones esporádicas en la zona.

Las empresas mineras que allí se asientan son ilegales, trabajan de manera clandestina, destruyen el equilibrio de los ecosistemas de parques nacionales, como el Madidi, y en muchos casos involucran a comunidades cercanas en alianzas que después utilizan para su defensa.

También hay instituciones estatales como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Ministerio de Minería y Ministerio de Gobierno que igualmente se desentienden de la cadena de ilegalidades que acompaña la actividad extractiva ilegal de aquella región.

La subgobernadora de la provincia Franz Tamayo, Genoveva Espinoza, denunció en declaraciones a EL DEBER que las empresas ilegales se escudan en las comunidades conformando cooperativas no reconocidas y que ella no puede cumplir con su trabajo de fiscalización porque cuando ha intentado hacerlo ha sufrido amenazas y amedrentamiento por parte de dirigentes aliados de la ilegalidad.

Incluso denunció que desde febrero pasado reportó el traslado de maquinaria pesada con fines de explotación minera en la comunidad de Azariamas y el río Tuichi. Un mes después, comunarios de una población cercana llamada Chushura igualmente denunciaron que fueron atacados por interculturales dedicados a la minería ilegal, quienes estaban armados y dispararon contra varios campesinos del lugar.
En ninguna de esas denuncias hubo respuesta alguna de las autoridades nacionales citadas.

La legisladora Cecilia Requena asegura que ni siquiera a ella como senadora del Estado la AJAM le provee información pública accesible y georreferenciada y que mucha gente comenzó a hacer minería no autorizada solo con reservas de cuadrículas de tierra antes de que la AJAM termine el proceso de dotación de derecho minero, y lo hacen porque saben que la Autoridad Minera no controla.

Es más, en una ocasión la extitular de la AJAM, Brenda Lafuente, compareció ante la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, y allí admitió que su oficina contaba con solo nueve efectivos policiales para hacer las inspecciones y puso de manifiesto su impedimento para controlar la minería ilegal por el peligro y las armas de fuego que usan los mineros en lugares como Azariamas.

Y como ya es norma en el país del revés, en el caso de Apolo los dirigentes que denunciaron la presencia de las empresas mineras ilegales tienen detención domiciliaria por acción de los interculturales mineros que se aliaron con algunos dirigentes de organizaciones campesinas, unidos bajo la estrategia de pedir tierras para hacer minería con comunidades locales.