Según el índice que mide parámetros como restricciones a los poderes del Gobierno, ausencia de corrupción, transparencia, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal, la justicia boliviana está entre las 10 peores del mundo y en su categoría -países con puntaje menor o igual 0,40 sobre 1- solo se encuentran a países como Afganistán, Zimbabue, Uganda, Camboya, Etiopía o Pakistán. A una semana de la elección que renovará las cabezas del Órgano Judicial, oficialistas, opositores y analistas coinciden -por diversos motivos- que la renovación de cabezas no curará por sí sola la profunda crisis judicial. Se necesita una cirugía profunda que implica trasplante de operadores, casi un lavado de cerebro a los funcionarios y una batería de estudios y análisis que requerirán -siendo optimistas- nueve meses de trabajo arduo para parir una nueva justicia. Si a esto se suma que las propuestas de los llamados a encarar desde adentro la reforma no parecen alcanzar, la próxima elección podría ser un placebo para un enfermo terminal.

Los recursos
Según se puede leer en las propuestas de los 10 postulantes al Consejo de la Magistratura, institución rectora administrativa y disciplinaria de la justicia, las próximas autoridades no sacarán al Órgano Judicial de su crisis. 
Digitalización de los expedientes judiciales, descentralización de los tribunales departamentales, aumentar el número de juzgados y aumentar el catálogo de faltas son las principales propuestas, pero solo una de 10 candidatos propone, por ejemplo, un pacto fiscal entre el Órgano Judicial y el Ejecutivo para superar la crisis. Actualmente, el presupuesto del tercer poder del Estado alcanza al 0,4% del PGN, poco más de Bs 700 millones. Cuando se le cuestionó al senador René Joaquino sobre el monto, aseguró que las autoridades no habían presentado un proyecto para aumentar sus ingresos.
 
El diputado Wilson Santamaría describe el hacinamiento del Palacio de Justicia en Santa Cruz, con salas atiborradas de papeles y funcionarios para describir la inversión necesaria para cambiar la justicia. Pero el cuento empeora cuanto más Santamaría se aleja de la capital. Asegura que en juzgados como los de Montero o Yapacaní, la situación se torna dramática. Explica que no se puede hablar de cuánto es lo que necesita la justicia sin realizar antes el estudio propuesto en la cumbre judicial. Un análisis de situación con propuestas para remediarlo tomará nueve meses de trabajo.

Ese ‘pacto fiscal’ del que habla una sola postulante al Consejo de la Magistratura podría beneficiar a Santa Cruz si se desconcentraran los recursos. Según el exvocal Samuel Saucedo, el distrito judicial cruceño recauda entre el 40 y el 45% de los recursos del Poder Judicial y, hasta que estuvo en la administración de justicia, el retorno era mínimo.

El tamaño de la crisis
El primer parámetro que estudia el WJP es la restricción a los poderes del Gobierno. En otras palabras, independencia de poderes. Esta es quizá la mayor crítica de la oposición a estas elecciones. Según la diputada Eliane Capobianco, su razón para promover el voto nulo es que en la lista de candidatos hay gente que el MAS se ha comprometido a apoyar. 

Su colega Santamaría considera que el partido de Gobierno seleccionó siete docenas de sus militantes para hacerlos candidatos. Como en todo el proceso, la senadora oficialista Adriana Salvatierra ha sido la vocera para defender la selección. Recuerda que la oposición estuvo presente en la selección y puso muy buena nota a muchos de los postulantes, por lo que considera una irresponsabilidad de la oposición promover el voto nulo, en lugar de dejar que las mejores personas que están en el proceso electoral lleguen a los máximos tribunales del país.

Salvatierra cree que la disputa de la oposición es un problema más viejo, que se remonta a la Asamblea Constituyente cuando la oposición, liderada en ese momento por Podemos, puso como supuesto candado a la selección el voto de dos tercios del Congreso. Ahora que el MAS domina ambas cámaras, rechaza ese tipo de candados. Salvatierra asegura que se escuchó las sugerencias de los opositores y se incluyó a las universidades en la selección, pero los opositores querían dar voz a los colegios de abogados y organizaciones sociales para garantizar transparencia.
 
El segundo punto medido por la WJP es la corrupción. Ahí la justicia boliviana fue catalogada como la segunda más corrupta del mundo, tiene el puesto 96 entre 97 países estudiados. 
Para Samuel Saucedo, exvocal de la Corte de Distrito de Santa Cruz, este es el tema clave. Cree que todo el resto puede estar muy bien planificado, las intenciones de los gobernantes pueden ser las mejores, se pueden reformar todas las normas, pero lo más urgente es “cambiarle el chip a los juzgadores para que actúen acorde a la ley, no solo a lo que dicta el poder político, el poder económico y el poder social”. Saucedo, que en 2010 renunció a la vocalía para “no ser partícipe del manoseo político”, engloba la injerencia política, social y económica como formas de corrupción. Cree que el cambio llegará con trabajo a muy largo plazo, que deberá comenzar con una selección honesta de abogados para el instituto de la magistratura, para que se elija a personas con perfil de juez, sin participación de padrinos que facilitan el acceso.
 
Santamaría cuenta que la corrupción ha llegado a tal punto que hay funcionarios de juzgados que trabajan sin sueldo, porque saben que la ‘ganancia’ real viene por otro lado.
Salvatierra explica que la depuración ya ha comenzado, que hace pocos meses se separó de sus cargos a todos los jueces que tenían proceso y que a principios del próximo año se evaluará al 70% de los juzgadores que llevan más de 12 años en el cargo. Para reemplazarlos hay más de 200 graduados del instituto de la magistratura.

En los litigios
La justicia penal es otro de los parámetros medidos por WJP. Allí Bolivia ocupa el lugar 95 entre 97 medidos por la ONG internacional. Lo más innovador propuesto por los candidatos del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia, en este acápite, es la digitalización de los expedientes.
 
Así, no solo habrá más control del litigante, sino que se podrá notificar vía correo electrónico y hacer otro tipo de trámites en línea. Santamaría explica que la ley ya prevé esa posibilidad, que hay sistemas digitales tanto en la Fiscalía como en los juzgados en los que se registran las causas. 

Sin embargo, los cambios no vendrán tanto por las propuestas de las autoridades, sino por la implementación del Nuevo Código Penal, que privilegia la oralidad de los procesos, que trata de acabar con el cambio de jueces limitando las recusaciones, promoviendo que un juez vea toda la causa, desde la audiencia de medidas cautelares hasta la sentencia, separando  la labor del juzgador, de la administrativa y de la de archivo. Con ello -además de sanciones para abogados, fiscales y jueces que falten a las audiencias- se pretende que un proceso legal dure entre seis meses y un año, terminando con la retardación de justicia. Para ello, se tratará de acabar con la tramitación de juicios a través de memoriales.

Sin embargo, eso será efectivo una vez que haya una acusación formal para llegar a juicio. Hoy, según datos de la Asamblea Legislativa Plurinacional proporcionados por la senadora Salvatierra, el 86% de las causas penales están en etapa preparatoria, solo el 12% está en juicio y el 4% está en recurso de casación. Eso causa un panorama de cárceles llenas de presos preventivos, sin sentencia.

Ahí también ve un problema Santamaría. Todo proceso de reforma judicial tiene que llegar hasta la cárcel. “Actualmente los centros de detención son recintos controlados por delincuentes que le cobran a la gente por vivir ahí”, describe. Duda de que la efectividad del uso de tecnología para delitos menores, porque aún no se sabe cuánto costará un brazalete GPS o dónde estará el centro.

Nada de esto dependerá de las autoridades que se elegirán la próxima semana. Unas cosas deberán ser resueltas por el Órgano Ejecutivo y otras, como la formación ética de los profesionales en derecho, será un proceso de décadas.
Mientras tanto, según un informe de 2015, del Ministerio de Justicia, había más de 516.000 procesos tramitándose en unos 600 juzgados. Ese da un promedio de un proceso por cada 19 ciudadanos. Solo el 35% de las causas se resuelven en tiempo que la ley prevé. El resto, nos vuelve subcampeones latinoamericanos de la injusticia.