A un año y medio de las próximas elecciones generales y alrededor de dos de las subnacionales, el panorama de las organizaciones políticas es bastante desolador.

Un breve recorrido muestra algunas constantes. Por una parte, como casi es obvio suponer, aquellas que han logrado espacios en el ámbito público tienen mejores condiciones que las que no lo hicieron. En el caso de las primeras, por supuesto el MAS cuenta con las mejores condiciones debido a su presencia en el Gobierno central, en gobernaciones, ya sea en instancias ejecutivas o legislativas, y por supuesto en alrededor de dos tercios de los  municipios, seguido por Demócratas y en menor medida UN que han logrado incorporarse, solos o en alianzas, en varios espacios subnacionales. El punto es que la vinculación de una organización política con instancias de poder les otorga posibilidades de vigencia; por un lado, por los aportes económicos que desde esas instancias realizan sus militantes, y por otra, por la presencia que mantienen ante la población, otra vez, donde el MAS tiene las mayores ventajas. Por supuesto, a veces esto también ha resultado contraproducente debido a los diversos casos de irregularidades en la gestión de autoridades ejecutivas o legislativas, no siempre probadas y en algunos casos ligadas a intereses políticos de los acusadores, pero que ha llevado a muchas autoridades locales a juicios, cárcel y posibles revocatorios.

Al contrario, muchos de los partidos, pero sobre todo agrupaciones ciudadanas locales que no han accedido a ámbitos públicos, solo adquieren vigencia en etapas electorales o por la presencia esporádica de sus liderazgos; es decir, se activan para participar en elecciones, lo cual muestra una gran, sino total debilidad institucional, pues  permanecen en una situación casi de latencia manteniendo un pequeño grupo de dirigentes de buena voluntad, en muchos casos en una labor filantrópica, que realiza las mínimas tareas administrativas para cumplir con las muchas exigencias del Órgano Electoral para mantener habilitadas  sus siglas, como por ejemplo, rendiciones de cuentas o presentación de informes, pero donde la palabra institucionalidad, organización o relación con la sociedad pasan totalmente a un segundo plano, peor aún, sus posibilidades de crecer o engrosar su militancia.

El caso de las organizaciones de pueblos indígenas es aún más crítico, puesto que si no están vinculadas a la esfera de poder, no cuentan con mínimas condiciones de mantener vivas a sus organizaciones por falta de respaldo institucional y financiero que les otorgue condiciones de sobrevivencia; así de claro, más allá de la voluntad que puedan tener de mantener su actividad política/institucional ligada a las estructuras de poder local.

El problema principal es que el país, en la última década,  ha ingresado en una  paradoja e incluso contradicción, pues si bien legalmente y producto de la Asamblea Constituyente se busca el respeto al pluralismo y la diversidad -que también por supuesto debe expresarse en el campo de  la política-, al mismo tiempo, debido a la presencia predominante de un partido en el poder que tiende a la concentración y al continuismo,  tiende a la neutralización de las otras alternativas que constituyen una amenaza; por tanto, una instancia como el organismo electoral tiene la gran responsabilidad no solo de lograr leyes que apoyen y regulen a las organizaciones políticas, sino también exigir su cumplimiento, para fiscalizarlas, que es una labor de hecho necesaria, y también para velar por su sobrevivencia. Convengamos en que las condiciones actuales no son ni de lejos las mejores para la democracia representativa, que sostiene al sistema político en el país.