Un nuevo enfrentamiento al sur del Parque Nacional Madidi deja en evidencia la minería ilegal descontrolada y la falta de inspecciones por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). El martes se registró una disputa entre comunarios de Unión Pauje y Correo del municipio de Apolo que dejó ocho heridos de bala y provocó la quema de 20 viviendas. También hubo dos secuestrados que fueron rescatados con el apoyo de la Unidad de Narcóticos de la Policía Boliviana que llegó al lugar.

“Hay un montón de empresas ilegales que están ingresando en el municipio de Apolo y esto es responsabilidad de la AJAM que debería hacer una inspección del lugar. La mayoría está trabajando clandestinamente en el municipio y también afectando a nuestro Parque Madidi aprovechándose y escudándose en las comunidades conformando cooperativas sin legalidad”, denunció la subgobernadora de la provincia Franz Tamayo, Genoveva Espinoza, en contacto con EL DEBER.

La subgobernadora y la senadora Cecilia Requena solicitaron
la intervención inmediata de la AJAM y de otras instituciones, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el Ministerio de Minería y de Gobierno porque el asunto escapa de sus manos por causa del nivel de peligrosidad, ya que en las últimas semanas sufrieron amenazas y amedrentamiento por parte de dirigentes que no las dejan cumplir con su trabajo de fiscalización.

Los pedidos de intervención datan desde febrero de este año cuando se reportó el traslado de maquinaria pesada con fines de explotación minera en la comunidad Azariamas y río Tuichi. Luego en marzo, comunarios de Chushura también denunciaron que fueron atacados por interculturales dedicados a la minería, presumiblemente estaban armados y dispararon a varios campesinos. En ninguno de los casos hubo respuestas de las autoridades competentes.

Este medio se contactó con la AJAM para hablar con la principal autoridad; sin embargo, comunicaron que desde la renuncia de Brenda Lafuente aún no se había posesionado al nuevo director de la institución. Ayer por la noche se conoció que Carmen Nilza López es la flamante autoridad.

“La AJAM no provee información pública accesible y georeferenciada, ni siquiera a nosotros como fiscalizadores. Mucha gente empezó a hacer minería solamente con haber reservado cuadrículas de tierra y antes de que la AJAM termine el proceso de dotación de derecho minero empiezan a explotar porque saben que la AJAM no controla”, explicó la legisladora Requena, de Comunidad Ciudadana. 

Detalló que cuando lograron llevar a Lafuente a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la
Asamblea Legislativa admitió que solo contaba con nueve efectivos policiales para hacer las inspecciones y expresó su impedimento por controlar la minería ilegal por el peligro y las armas de fuego que usan en lugares como Azariamas.

Método “distractivo”

Un día antes del enfrentamiento en el sector Chontalaca que dejó ocho heridos, la comunidad originaria de Unión Pauje se declaró en estado de emergencia porque, supuestamente, el pueblo indígena Leco de Apolo y “grupos vandálicos a la cabeza de individuos con procesos en la Fiscalía de Puerto Acosta y Charazani” intentaban ingresar a su territorio.

“Cualquier ingreso por parte de estos grupos no autorizados por la comunidad originaria Unión Pauje y quieran provocar enfrentamientos serán de total responsabilidad de su persona e iniciaremos procesos a cada uno de ustedes acudiendo a las instancias correspondientes”, señala la carta enviada el 30 de mayo al capitán grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), Vicente Mamani Peña.

La subgobernadora Espinoza aseveró que uno de los firmantes, Eynar Chávez Averari, se escuda como representante de las diferentes comunidades y que él ya tenía conocimiento de que ocurriría una disputa porque así lo devela la carta donde se anticipa a los posibles conflictos por tierras cuando en realidad se disputaba la minería.

Requena aclaró que las personas que tienen procesos penales y están con detención domiciliaria, a los que se hace referencia en la misiva, son dirigentes que denunciaron la presencia de las empresas mineras ilegales.

"Las mineras en el norte de La Paz se están asociando con algunos dirigentes de las organizaciones campesinas, uno de ellos es Eynar Chavez dirigente provincial. No solo él sino hay otros dirigentes que están tratando de unir los dos asuntos: tierras y minería. Están solicitando tierras para poder hacer minería con comunidades locales”, puntualizó.

Asimismo el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, dijo que existen dos versiones del hecho, una que señala que los pobladores fueron avasallados por otras personas que nos son del lugar e ingresaron armados para hacer operaciones mineras, pese a que no tienen autorización.

Mientras que el otro grupo afirma que sí tienen la autorización por usos y costumbres para hacer la explotación minera.

“No podemos mentir, ambas partes (Unión Pauje y Correo) quieren gozar de la minería. Una parte quiere gozar y el otro quiere su tajada”, aseveró el ejecutivo provincial de Franz Tamayo, Remberto Arias.

La autoridad solicitó continuar con las investigaciones para que se identifique a los responsables del uso de las armas de fuego y, además, se encuentre a quién dotó a las personas de estos insumos ya que los heridos son de ambas comunidades.

Arias intentó ingresar a Unión Pauje para conciliar; sin embargo, informó que no lo dejaron ingresar a ese territorio. Existe temor ya que con anterioridad “hicieron desaparecer” a un dirigente.

Responsabilidad municipal

En este asunto no solo existiría responsabilidad del Gobierno central para controlar la minería ilegal, sino el Concejo Municipal de Apolo que estaría actuando en “complicidad” con las empresas, ya que recientemente autorizó el ingreso de maquinaria pesada al lugar.

Un video grabado por la subgobernadora registra el momento que ingresan por la tranca de Yalihuara, Apolo una excavadora de orugas 325D de la marca Caterpillar y una retroexcavadora supuestamente para ser entregada a la cooperativa minera de Motosol.

Espinoza contó que previo al ingreso de maquinaria funcionarios del Sernap los detuvieron. Luego los concejales del municipio habrían habilitado su paso.

Este medio se contactó con la presidenta del Concejo Municipal de Apolo, Amanda Salazar, quien negó tener conocimiento del ingreso de maquinaria y combustible al lugar.

“Nosotros no damos autorizaciones. Las cuadrículas las otorga la AJAM y la única competencia que tenemos es la otorgación de licencias de funcionamiento que estamos trabajando para no incurrir en irregulares”, especificó.

Aclaró que a la fecha no emitieron ninguna licencia de funcionamiento a ninguna empresa minera. 

Amenazas

La subgobernadora Espinoza y la senadora Requena advirtieron que sufrieron amenazas por parte de Eynar Chávez. Ambas fueron amedrentadas por esta persona quien a nombre de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Tupac Katari de La Paz impide
la fiscalización.

Según el máximo representante, Luciano Marca, Chávez sería parte de la directiva de la provincia Franz Tamayo. Pero, por las denuncias de amenazas y como principal operador de los enfrentamientos pedirán un informes a la provincial para luego sancionarlo.

“No le conocemos, no representa a la Federación Departamental. Vamos a pedir informe y luego desconocerlo", aseguró.