Texto: Richard H. Fischer Landívar- El autor es economista

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La esencia de la política consiste en cómo alcanzar el poder, controlarlo y mantenerlo. En cuanto la organización del gobierno es un asunto que concierne a la administración pública. 

Hecha esta distinción haremos lo mismo con los sistemas políticos colocando una sencilla división: aquel sistema donde los ciudadanos tienen todos sus derechos garantizados y otro donde se controla a los ciudadanos mediante la negación o manipulación de sus derechos. El primer sistema se denomina democracia directa y el segundo, democracia representativa (o indirecta). 

Visto lo anterior, la democracia y todo aquello que le concierne y son sinónimos (libertad, justicia, etc.) “es una cuestión de derechos”: ¡y el derecho se tiene o no se tiene! Así de simple: por ejemplo, se tiene derecho a tener libertad de expresión o no se tiene, en derecho desde el punto de vista jurídico no hay medias tintas; o el ciudadano tiene libertad a expresar su opinión sobre cualquier tema (mientras no vulnere el derecho de terceros y las buenas costumbres) o no la tiene. El derecho es el poder. La pandemia a nivel global y local es un tema en el que la libertad de expresión, entre otras libertades, fue limitada o coartada y eso es intolerable. Internamente tenemos las persecuciones políticas con privaciones de libertad ipso facto; eso también es intolerable, son dos ejemplos de clara vulneración a los derechos y garantías constitucionales y si estos derechos se encuentran protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE), ¿cómo así es que fueron pisoteados y vulnerados estos dos derechos establecidos en la Constitución de Bolivia? De eso se trata la política y de eso versaremos para dar una respuesta clara y definitiva refiriéndonos a los sistemas políticos, uno en el cual es imposible vulnerar la Constitución o la voluntad popular, y los demás sistemas que están diseñados para torcer y burlar la ley mayor, la CPE. 

Con esta sencilla deducción queda en claro que la alternativa de vivir y convivir en un Estado, país o nación donde los ciudadanos hagan respetar sus derechos y su voluntad es una decisión que deben tomar la mayoría de sus miembros, es decir, el pueblo. 

Hacia el bicentenario

A tres años de cumplirse el bicentenario de la fundación del Estado boliviano (1825-2025), aún nos debatimos en búsqueda de la soberanía. ¿Qué es soberanía? La soberanía se dice que pertenece al pueblo al conferirle la máxima autoridad. Sin embargo, esa soberanía que se le atribuye al pueblo se transfiere en su integridad a los poderes públicos de un plumazo en los sistemas políticos regidos por la democracia representativa. 

En realidad, a quienes se transfiere “los derechos” es a la clase política y estos señores una vez que se revisten de todos los derechos del pueblo hacen “con todo ese poder” recibido lo que les viene en gana literalmente, de tal forma que los derechos del pueblo con su soberanía incluida se les entrega mansamente y hasta ingenuamente provocando con ello el surgimiento de la tiranía como constataremos más adelante. Tiranía otorgada por el pueblo legalmente inscrita en la Constitución que la clase política, al menos en nuestro medio, la hará valer en toda su integridad cuando así convenga a sus intereses mediante todos los medios a su alcance: fiscalía, Poder Judicial, Policía Boliviana y, si faltara, Fuerzas Armadas de la nación, todo ello legalmente porque, si aún faltara, realizarán cuánto esté a su alcance incluyendo el terrorismo de Estado: un ejemplo de estos actos se encuentra, entre muchos otros, en la brutal intervención a la marcha del Tipnis. 

La tiranía no es una característica exclusiva del Estado boliviano, en el cual los derechos del ciudadano se pisotean a placer. Lo que sí es una característica boliviana es la corrupción, delito que destruye a la nación porque, entre otros poderes, la clase política administra y decide dónde se colocan los ingresos y riquezas de toda la nación. 

La democracia representativa
Para profundizar el tema de la “democracia”, diremos que el mundo se encuentra en desorden gracias al modelo del sistema político mayoritariamente impuesto: el de la democracia indirecta o representativa. Por ejemplo, el pueblo boliviano entrega en cada elección todos sus derechos a la clase política, lo que se constituye en otorgarles un cheque en blanco toda vez que nuestra nación, por sus características intrínsecas, dicho sea de paso, por responsabilidad directa de las clases políticas, históricamente tenemos los índices más bajos en desarrollo humano y económico, por lo cual no es de extrañar la existencia de instituciones débiles. 

Un ejemplo de lo aseverado es el Poder Judicial, el cual sólo con nombrarlo da escalofríos por tener al Tribunal Constitucional Plurinacional a las órdenes del poder político; tomemos otro ejemplo, por decir el Tribunal Supremo Electoral, el cual opera sin transparencia alguna ganándose el descrédito de la población al no haber respetado ni hecho respetar los resultados del referéndum del 21-F y que acarreó la crisis política de 2019. Entonces, si nuestro Estado es incapaz de garantizar la voluntad ciudadana, es porque hemos llegado a un límite intolerable del estado de la cosa pública, y no va a ser una política o una ley parche que componga una nación gobernada por la corrupción institucionalizada. 

Ahora veamos la tiranía permitida por el sistema político de la democracia representativa en naciones más desarrolladas como España, por ejemplo, la cuarta economía, inmersa en la Unión Europea, la región más avanzada social y democráticamente en nuestro mundo. Si de por sí la clase política en este país hace lo que le viene en gana en materia política y económica, cuando ocurrió la emergencia sanitaria por la pandemia sus ciudadanos fueron presa del abuso a sus libertades de expresión y de locomoción, como pocos países lo sufrieron (Argentina y Bolivia entre otros), y no se diga que sus derechos no estén protegidos porque su Constitución explícitamente enuncia el resguardo de su derecho a acudir y ser atendido con prioridad por el Poder Judicial. Contrariamente, Alemania fue el único país de la UE donde se respetó la ley mayor al proteger a sus ciudadanos permitiéndoles elegir entre negarse o el aceptar la vacunación experimental forzosa dictada por la emergencia sanitaria; y es que en esta nación los derechos humanos están protegidos específicamente en un acápite blindado de su Constitución. Son ejemplos comparativos de cómo se comportan las instituciones en el sistema representativo, unas más débiles que otras. 

Indudablemente coexistimos en un mundo interdependiente, lo cual no significa que tengamos que rehusar a nuestros derechos y nuestra soberanía, y que con la guerra de Ucrania se está queriendo polarizar de nuevo, configurando dos polos de poder: EEUU-Europa y otro entre China-Rusia, en donde las naciones con cierta independencia económica y política están jugando mejor sus cartas sin dejarse manipular; ellas son, a saber, la India y los países árabes, dueños de las mayores reservas de petróleo que están manteniendo su soberanía y transando por igual con ambos bloques de poder de acuerdo a sus intereses. 

El caso suizo

Pero existe un país que, encontrándose en la región de Europa, milenariamente se mantiene soberano: nos referimos a Suiza, seguramente la nación más libre, feliz sobre la tierra, todo ello gracias a haber adoptado y perfeccionado un sencillo sistema político: el de la democracia directa, sistema que le garantiza la paz y la seguridad y con ello el progreso material, veamos las características y ventajas de este modelo. 

El sistema político de la democracia directa otorga la soberanía al pueblo en todo momento, por lo mismo la ley está en sus manos (en su voluntad expresada en referéndums regularmente programados). De esta forma las leyes pueden ser modificadas en favor del interés nacional. Nos referiremos a Suiza porque es la única nación en el mundo que ha adoptado este sistema y lo ha perfeccionado al incluir también el federalismo porque este instituto les imprime eficiencia a las regiones y asegura la unidad nacional. Este sistema político asegura en todo momento que las decisiones de la mayoría se efectúen en consenso a diferencia del sistema de la democracia representativa donde el consenso es necesario exclusivamente entre la clase política, resultando que este consenso en el caso boliviano de instituciones débiles se limite prácticamente a la voluntad de los presidentes de las organizaciones políticas, porque ellos son en definitiva los dueños o propietarios de los partidos, y esta concentración de poder en pocas manos conduce inevitablemente a la corrupción; a que ellos decidan a qué sectores o grupos de la población se favorezca; en definitiva, a que gobiernen de forma despótica o tiránica, y casi siempre en contra de los intereses de la mayoría y de la nación. 

Por eso no nos cansamos de reiterar: los sistemas políticos deciden quién va a gobernar, ¿el pueblo o un grupo de sabandijas? En todo caso, ésa es una decisión que debe tomar el conjunto de la nación, es decir, el pueblo. 

El mejor sistema político

Con esta sencilla explicación debería bastar para que el pueblo boliviano y cualquier otra nación se decidiera por adoptar el sistema político que más le convenga y ése no puede ser otro que el de la democracia directa; al fin de cuentas es de interés de cada ciudadano y el del conjunto de la población hacer respetar sus derechos, el de controlar su destino, el de su familia y de su comunidad, el de hacer respetar su dignidad en definitiva y no dejar la caja abierta del dinero público para ser aprovechada por la clase política, entregándole todo el poder en el nefasto sistema representativo. 

Suiza es el ejemplo vivo donde, una vez electos, los de la clase política redactan bien las leyes, porque saben que si redactan leyes en contra de los intereses nacionales inmediatamente son observados o destituidos; porque el sistema no otorga fisuras para que cometan delitos de corrupción que no sean inmediatamente castigados; porque la transparencia del sistema otorga la seguridad para construir el orden público con eficiencia y honestidad en el servicio. De esta forma, los cuatro referéndums nacionales y regionales que anualmente se programan en Suiza por lo general se tratan como meros trámites sin mayores sobresaltos. El Gobierno central es compartido entre los partidos políticos, de forma tal que obliga a la clase política a efectuar una administración transparente, eficiente y corresponsable de los resultados, para que se constituyan en un eslabón del progreso y no en los verdugos de su pueblo.