Por Ronald Nostas Ardaya, industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

En lo que va del año, y según reportes de medios de información, en Bolivia se han producido 58 conflictos que utilizaron los bloqueos de carreteras como medida de presión. Del total, 27 se realizaron en el departamento de Santa Cruz, 12 en Cochabamba y 4 en La Paz; en la mayoría de los casos afectaron a carreteras internacionales, es decir, vías utilizadas para los viajes de ciudadanos a países vecinos y para el comercio exterior.

Considerando la dimensión del perjuicio, se esperaría que los bloqueos tuvieran como causa problemas estructurales de difícil solución; sin embargo, en la mayoría de los casos, los temas han sido de menor relevancia y solo de interés local, como los que refieren a alguna obra municipal no ejecutada, demanda de mantenimiento de caminos vecinales, desayuno escolar, ítems en las escuelas, construcción de rompemuelles o seguridad ciudadana. Hay extremos como el bloqueo para pedir una reunión con autoridades locales; para que se autorice el comercio en vía pública a una asociación de comerciantes; o para reclamar por la existencia de un sindicato de trufis paralelo.

Algunos bloqueos fueron particularmente graves, como el generado por un movimiento antivacunas que se prolongó por casi 10 días y alcanzó a cinco departamentos; el que paralizó una carretera internacional durante más de una semana por la construcción de la doble vía o el reciente en San Julián, que se sostuvo por casi una semana.

Sin minimizar el efecto que tienen otras acciones generadas en los conflictos, los bloqueos de carreteras están entre las medidas más perjudiciales para el país porque sus consecuencias son multidimensionales, transversales y duraderas. Rubros y actividades como el transporte, el comercio local e internacional, el turismo, la alimentación, la provisión de medicinas, insumos y muchos otros, son afectados de manera directa al interrumpirse la cadena de suministros, retrasarse las entregas e incluso dañarse los productos perecederos o los que necesitan refrigeración.

El impacto del corte de vías puede ser también muy grave para las poblaciones rurales en el área de afectación, que muchas veces sufren carestía o aumento del precio de alimentos e interrupción de actividades educativas, sanitarias y de administración pública; paralización de su sistema de transporte; pérdidas para sus productores y limitaciones en el comercio entre comunidades.

Pero también hay otros daños menos visibles, pero más perniciosos, como el desgaste de la imagen del país, el incumplimiento de contratos, las coacciones y robos, la afectación de la integridad y la salud de choferes y pasajeros, e incluso la pérdida de empleos o la quiebra de empresas.
Aunque el bloqueo de carreteras es un medio de presión de larga data en Bolivia, es evidente que en los últimos años se está convirtiendo en una medida creciente y sostenida, debido entre otros factores a la facilidad de su implementación, sus efectos a corto plazo y la impunidad para quienes las promueven, ejecutan o permiten.

Principalmente, es una muestra del debilitamiento extremo del Estado de derecho y la pérdida del elemental sentido de respeto a la ley y los derechos colectivos, sobre todo si consideramos que estas acciones están tipificadas en los Arts. 213 y 214 del Código Penal boliviano, que se refieren expresamente a los atentados contra la seguridad de los transportes y los servicios públicos.

Las normas en todo el mundo definen que las carreteras son espacios de dominio público, construidas para el bien común y el disfrute de todos sin excepción, y no pueden asumirse como propiedad privada de ningún dirigente, grupo o comunidad, y menos considerarse medio disponible para imponer intereses.

Lamentablemente en Bolivia, la naturalización de los bloqueos de caminos, el temor a señalar límites a la protesta, la tendencia a invisibilizar la vulneración de derechos durante su ejecución y, sobre todo, la funcionalidad de estas medidas los intereses políticos, sea de los partidos gobernantes o de los opositores, hacen que se los interprete como un ejercicio democrático tolerable, y que no corresponde ni siquiera investigar a quienes, por ignorancia o mala fe, causan daños a la economía y la seguridad, hasta alcanzar niveles de desastre.

Hace falta prevención, pero también es necesaria la sanción, para los dirigentes que, sin agotar ninguna instancia previa, impulsan los bloqueos de carreteras; para las autoridades que por desidia o incapacidad no atienden las demandas oportunamente; y para el propio Ministerio Público que incumple su deber de procesar a los que, en nombre de las reivindicaciones de un grupo, vulneran los derechos de todos.