> El Informe País sobre la situación de los derechos y libertades en 2021 señala que se registraron 666 vulneraciones a las libertades, gestión que estuvo caracterizada por la proliferación de la narrativa de la posverdad.

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) en la presentación de su Informe País 2021, sobre situación de las libertades fundamentales y la institucionalidad democrática, sostiene que el Estado boliviano es el principal vulnerador de los Derechos Humanos y que la democracia está sufriendo un deterioro.
“El Estado es el principal vulnerador de Derechos Humanos”, declaró el responsable del programa de Defensores de la institución, Hernán Ávila, al precisar que de acuerdo al Observatorio de Unitas en 2021 se han registrado 666 vulneraciones a las libertades, derechos, y otras categorías.
De las 666, 429 atentaron contra el derecho a la protesta, seguido de los actos contra la libertad de expresión con 71 casos y aquellos que vulneran la libertad de prensa con 67.
En cambio, las violaciones a la institucionalidad democrática alcanzan a 62 casos, muy por encima de los registros sobre libertad de asociación, derechos de los defensores y libertad de reunión, con 15, 18 y cuatro vulneraciones identificadas.
Este escenario, según Ávila, va en contra de la democracia, “eso es lo que se puede observar que la institucionalidad democrática está cada vez más deteriorada”.
Genera particular preocupación la estigmatización a los medios de comunicación y a los periodistas, principalmente por autoridades del Ejecutivo y Legislativo.
“Sobre todo se da de autoridades públicas del ámbito nacional del Estado, administración publica sindicando a los periodistas que son personas que estarían mintiendo sobre lo que hace el Gobierno”, sostuvo.
El derecho a la protesta también ha sido vulnerado el año pasado, precisa Ávila, hubo detenidos y uso de la fuerza de manera desproporcionada, por ejemplo, en el caso de movilizaciones de los médicos o cuando se observaban leyes como la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas que luego fue abrogada.
Existe una tendencia a la “judicialización” de la protesta, cuando estas manifestaciones debieran estar garantizadas por el Estado, porque es el garante de los Derechos Humanos.
El “Informe país 2021” también señala que ese año se “ha caracterizado por la proliferación de la narrativa de la posverdad”.
La directora de la institución, Susana Eróstegui, manifestó que el Informe País es sobre la situación de las libertades fundamentales y las condiciones del entorno en el que las organizaciones de la sociedad civil desarrollaron su acción en Bolivia en 2021.
El reporte ha sido elaborado con base en el monitoreo de 25 medios de comunicación, datos de las organizaciones de la sociedad civil, y fuentes directas del Observatorio de Defensores de Derechos.
Considera que este informe es un aporte para la exigibilidad de derechos y libertades fundamentales desde la sociedad civil, y para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que se traduce en la confianza de la población en todos los órganos y entidades del Estado a nivel nacional, departamental y municipal, y en su independencia, así como en la transparencia. (ANF)