Nada ha cambiado desde entonces para creer que esta vez el proceso arrojará resultados distintos. Este año se han reeditado todos los problemas vistos en 2011: preselección arbitraria de los candidatos, deficiente sistema de evaluación de los mismos, imposición de la voluntad de la bancada oficialista mayoritaria en la Asamblea Legislativa y una débil actuación fiscalizadora del Tribunal Supremo Electoral, cuestionado sobre todo en estos últimos días por su intento de inhibir y descalificar el derecho ciudadano al voto blanco o nulo en las elecciones de este 3 de diciembre. Esto, a tono con la posición del MAS, que se ha vuelto a jugar por el desconocimiento de ese derecho.

Esa posición tampoco es nueva. Ya en 2011, el presidente Morales llamó “delincuentes confesos” a quienes promovían el voto nulo como manifestación de rechazo a la forma en que se desarrolló la primera elección. Una expresión que se sumó a otras ya dichas por Morales Ayma, dejando en evidencia el carácter autoritario del primer mandatario, cada vez más notorio. Pese a los ataques oficiales, el voto nulo se impuso en las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011, sumando casi 43% y junto con el 15% de votos blancos, casi 58% del total de la votación. Esto sin contar que ese año se registró la mayor abstención electoral en 30 años: 20,3%.

El resultado fue la elección de autoridades con apoyo electoral de uno a once por ciento de votos válidos, 
un desastre para cualquier elegido, tal como tuvo que aceptarlo luego el mismo presidente Morales que, pocos meses después, reconoció que el proceso fracasó. Pese a ello, el Gobierno insistió este año en la fórmula usada en 2011. Así llegamos a este 3 de diciembre, a enfrentar otras elecciones judiciales que reproducen los vicios de las de hace seis años y que, por lo mismo, reeditan la campaña ciudadana por el voto nulo y no apenas por el voto blanco. Ya se sabe que el voto blanco manifiesta apenas rechazo a los candidatos, mientras el voto nulo expresa el rechazo al proceso judicial impuesto.

Esta vez, pagando un precio más alto. Mientras que en 2011 el Gobierno desembolsó un total de 85,1 millones de bolivianos para financiar las elecciones judiciales, este año dio al Tribunal Supremo Electoral la suma de 106,4 millones de bolivianos para el proceso, cifra mayor un 24 por ciento con relación a la de 2011. Y eso, una cifra “reajustada”, ya que el TSE había pedido nada menos que 155,6 millones de bolivianos para 2017. Una erogación que no se justifica si se evalúa la gestión de las autoridades elegidas en 2011. A seis años de la primera elección de jueces y magistrados por voto popular, no hay mejoría en la administración de justicia, sino todo lo contrario: está más controlada que antes.

No es un control cualquiera. No es un control ciudadano. Es un control político, ejercido desde el centro del poder, desde el Gobierno central. Un control que está lejos de acabar, tal como se puede verificar haciendo un seguimiento de las actuaciones de magistrados y jueces, así como de otros actores que hacen parte del sistema y que son designados por el Gobierno o por la mayoría oficialista en la ALP, como los policías y fiscales. En la lista de ejemplos hay casos de mayor peso considerados “cuestión de Estado”, como lo es el caso Rózsa o el caso Morales-Zapata; y otros menores, casi personales, como el de Ostreicher, el de Dirk Smith o los numerosos casos de narcotráfico vinculados a dirigentes oficialistas.

Por eso las elecciones del próximo domingo pueden ser consideradas el día D no solo para la justicia en Bolivia, sino también para todos los bolivianos. Vamos a jugarnos otra vez, en este proceso, la vigencia plena de nuestras garantías constitucionales y, muy probablemente, la estabilidad democrática y la consolidación del estado de derecho en el país.