En febrero a Bolivia vino Diego García-Sayán, “Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados”, observó una profunda desconfianza entre actores políticos y sociales del país sobre la administración de justicia que está lejos del pueblo, por ello emitió un informe y expresa 20 recomendaciones al Gobierno.

En primera instancia el Relator no destaca la gestión del gobierno, al contrario, exhorta a respetar los Derechos Humanos, especialmente el abuso por las detenciones preventivas. Verificó que en Bolivia NO EXISTE independencia del Sistema Judicial, y recomienda que la independencia judicial sea una política de Estado sostenible, respaldada por las fuerzas políticas y sociales.

Insta al Gobierno a poner fin al abuso de las detenciones preventivas y otorgar todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normativa boliviana. Así como disponer las reformas necesarias al Código Penal y Código de Procedimiento Penal en los temas particulares de prisión preventiva, para evitar su abuso, como se cometió contra Marco Antonio Aramayo, ex director del Fondo Indígena, que murió en detención preventiva. Por la cual también la ex presidenta Jeanine Añez sigue presa. Eso NO es humano, independientemente del delito, en ningún otro país existe ese viacrucis como en Bolivia.

Habla de elaborar una reforma estructural y fortalecimiento del Órgano Judicial, que incluya un diseño institucional para una gestión más eficiente, con instancias especializadas y que los jueces, vocales y magistrados se dediquen administrar justicia y no se involucren en asuntos administrativos y de gestión.

Plantea un Debate nacional para la selección y designación de los Magistrados, que no sea político, sino solamente de calidad y mérito profesional, con los Valores de Derecho, respetando la Independencia de la Judicatura y dotar de recursos al Órgano Judicial y aplicar la carrera judicial con INDEPENDENCIA.

Ante el 70% de jueces interinos, se debe legalizar las designaciones antes de 2022 con el Consejo de la Magistratura, la Ley Nº 898 para dar cumplimiento de la Ley 1.173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Y evaluación e idoneidad permanente que garanticen la solvencia profesional, apego a la democracia, erradicar la corrupción con políticas de transparencia, RENDICIÓN DE CUENTAS y sanción a los jueces corruptos; restituir la Justicia Indígena establecida en la Constitución, reformando la Ley de Deslinde Jurisdiccional, con la participación y contribución de los pueblos indígenas.

En cuanto a la crisis sociopolítica de 2019-2020, el Ministerio Público debe avanzar en las investigaciones de oficio sobre Senkata, Sacaba y la Zona Sur. Frente al empantanamiento en la elección del Defensor del Pueblo, exhorta la institucionalización de la Defensoría, sin intervención del partido oficialista y una Ley de acceso a la información pública.

Bolivia debe tener una política criminal que permita guiar el trabajo del Ministerio Público, del Instituto de Investigaciones Forenses, fortalecer sus capacidades, la formación de su personal y sustento institucional al Comité de Género del Órgano Judicial en concordancia con los principios del Estado de Derecho y Garantías de los Derechos Humanos, en la lucha contra la IMPUNIDAD, para la protección de las mujeres frente a la violencia de género y abordar la alta proporción de personas privadas de libertad sin sentencia.

El Soberano observa que existe distorsión en la coordinación de poderes, como en los casos del Tribunal Constitucional, que retiró una sentencia después de publicarla, en relación con la detención por Rebeldía, así como la Sentencia 084/2017, INCONSTITUCIONAL. Dicho organismo declaró que la reelección es un Derecho Humano, cuando se demostró lo contrario en la Declaración Consultiva del Pacto de San José. Es decir que la reelección NO es un derecho humano. Lo peor es que a los corruptos los premian, siendo designados hasta como embajadores, como Nemesia Achacollo, responsable del desfalco del Fondo Indígena, y Ramiro Guerrero como Viceministro de Tierras. Finalmente, los jueces deben ser sujetos a evaluación permanente, porque muchos NO conocen los principios constitucionales y toman decisiones al margen de la Ley.

Angélica Siles Parrado, Abogada-Economista, ex Asambleísta Constituyente.