El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, será interpelado esta tarde en la Asamblea Legislativa por la inseguridad en la ciudad de El Alto. Pero, analistas y políticos coincidieron en que detrás de ella está la intención del expresidente Evo Morales de impulsar la censura con su bancada, sacarlo del camino, para retomar el control de la “lucha antidrogas” y ponerle fin, según las fuentes, a una pugna que solamente ha hecho evidente la protección al narcotráfico.

Este medio se comunicó con el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, quien tras escuchar la pregunta se disculpó y señaló que ingresaba a una reunión en la Casa Grande del Pueblo, aunque señaló que el tema no era la interpelación. Otros diputados y senadores tampoco respondieron la consulta.

Waldo Panozo, analista y policía en servicio pasivo, señaló que el MAS es un consorcio de sectores sociales, pero es prácticamente de propiedad de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. “Con Evo Morales ha ingresado a la política en los 90 y luego a la Presidencia, hace más de 15 años. Hoy, con Morales fuera del Gobierno, se está generando un Estado paralelo. La guerra entre el expresidente y el ministro de Gobierno es una lucha por los espacios de poder, y en eso tiene que ver lo ilícito. Hay protección oficial al narcotráfico, y obligatoriamente en esto está implicada la Policía”, dijo Panozo.

Por eso, ve que estamos en una encrucijada. “El Gobierno de Arce ha perdido el control del manejo de la violencia legítima para imponer autoridad e imponer seguridad en nuestro país. Los cárteles vienen a operar, pero solo para trasladar la droga. Se perdió el control migratorio de peruanos, mexicanos, colombianos y, principalmente, brasileños que entran al país y conforman grupos de cárteles internaciones que, en mi criterio, reciben protección de la actual como del anterior Gobierno y ellos mismos lo hacen evidente con las acusaciones mutuas. Gozan de protección, tienen apoyo económico y en el consorcio político llamado MAS, hay legisladores y piezas en el Ejecutivo que son de las seis federaciones, y manejan la administración del Estado con esos intereses”.

El diputado por Creemos Erwin Bazán señaló que “el ministro de Gobierno golpeó con operativos contra los narcos que se efectuaban desde el aeródromo La Cruceña, con la evidencia de que el exjefe antidrogas de Evo Morales, Maximiliano Dávila, protegió en 2019 operaciones realizadas en ese mismo lugar”.

Poco después, dijo Bazán, “seguramente en venganza, Morales denunció operaciones que se le atribuían a la protección a narcos en Valle Sacta, y acusa al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, de proteger a narcos. Según el diputado opositor, el viceministro es dirigente cocalero de Yungas cercano al vicepresidente David Choquehuanca.

“¿No le suena eso a una pelea de cárteles? La pregunta es, ¿quién es el que tiene compromisos muy grandes de mantener la circulación de la droga en Bolivia que tuvo que venirse rápido de Argentina? Ahora, ¿esos compromisos son solo de Morales?, ¿o los narcos se rearticularon y hallaron otros interlocutores en el Gobierno?, cuestionó Bazán.

El diputado Alejandro Reyes, de CC, coincidió con este criterio y aseguró que “Del Castillo debe responder al narcotráfico, la violencia, el resto es capricho personal de Evo Morales. CC no será funcional a eso, no nos involucraremos en un conflicto interno por el capricho de un dictador. Lo más probable es que no votemos, lo que quiere el jefe de los cocaleros es sacar a Del Castillo para poner ahí a Juan Ramón Quintana para mantener sus negocios”, aseveró.

Contexto

El 16 de marzo de 2022, Del Castillo declaró que “hay gente, dirigentes y diputados, que se están llenando los bolsillos con la coca”.

El 22 de marzo, la bancada oficialista definió interpelarlo, lo que no se dio hasta ahora.

El 27 de marzo, 38 personas fueron detenidas y 66 avionetas incautadas durante una operación antidrogas en el aeródromo La Cruceña, a 25 kilómetros de Santa Cruz. El mismo Del Castillo señaló que las naves eran usadas para transportar sustancias controladas.

El 6 de abril, Evo Morales denunció que las autoridades antidrogas, apuntando a Mamani, habían detenido un operativo que descubrió un megalaboratorio con cuatro fábricas de cocaína en el Valle de Sacta. La investigación está paralizada.