Al margen de lo ya señalado días atrás en este mismo espacio acerca del informe de la visita a Bolivia del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y de las 12 recomendaciones hechas al final del documento, es necesario detenerse en el acápite sobre los problemas estructurales del sistema de justicia boliviano, pues ahí están los aspectos centrales.

Al conocerse el documento, algunas oposiciones se desgañitaron asociando el estado de la justicia con la gestión gubernamental, como si no tuviesen su parte en la culpa, y el oficialismo adoptó el documento como base para debatir y buscar acuerdos para la necesaria reforma del sistema. Nuestra edición de Animal Político de ayer ha identificado siete ámbitos en los que la justicia presenta problemas estructurales, y en todos ellos el Estado tiene una gran tarea pendiente.

El primero de esos problemas está en el deficiente acceso a la justicia en el país, traducido en retardación, causada por “códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como a la corrupción”. Asociada a este problema aparece la detención preventiva como castigo y el exceso de personas privadas de libertad sin sentencia.

Desde el punto de vista de la gestión institucional, el informe enfatiza en la necesidad de mejorar la carrera fiscal, pues por un lado el Ministerio Público tiene escaso personal en relación con la población total, y por el otro las y los fiscales no cumplen con todas las previsiones legales. Algo similar pasa con los jueces en ejercicio, de los cuales, solo el 44% es de carrera y el resto, transitorios.

Asimismo, aparece como problemático el hecho de que las elecciones de autoridades del Órgano Judicial no hayan servido, como quiso el constituyente, para eliminar la politización en las designaciones de estas autoridades, sino todo lo contrario. La alta abstención y los muchos votos nulos son vistos como el mayor defecto de este modelo. Igualmente, el informe enfatiza en la necesidad de designar un Defensor del Pueblo titular, pues la acción de la institución “se ve debilitada en su desempeño”.

La justicia indígena, dice el informe, ha sido limitada excesivamente debido a que la ley de deslinde jurisdiccional, propuesta por las organizaciones de las personas indígena originario campesinas, fue transformada radicalmente en su tratamiento legislativo, hasta reducir a casi nada lo que debía ser un sistema de justicia de igual jerarquía con el ordinario.

El debate pendiente es tan grande que cada día que pasa se hace mayor y más urgente; y sin embargo es evidente que las partes involucradas, particularmente desde el ámbito político, carecen de suficiente voluntad para iniciarlo y mucho más para lograr acuerdos y consensos necesarios para la transformación. En el camino, las otras instancias encuentran poco estímulo para intentar transformaciones y la gran perdedora es la población, que no accede a la justicia y teme caer en manos de sus administradores.