El relator para la independencia judicial de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, ha oficializado su informe sobre el estado de la justicia boliviana y su sistemática degradación político-institucional. El gobierno de Luis Arce Catacora, se ha limitado a sostener que el informe servirá de “insumo” para el sistema judicial. Sin embargo, en las veinte páginas quedan documentadas las principales falencias y debilidades de la justicia boliviana, que venimos denunciando desde hace tiempo los grupos de profesionales independientes, y el gobierno se hace el desentendido.

El informe recomienda que todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial, y pone de manifiesto la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Es crucial que la justicia sea una política de Estado y se sostenga en el tiempo, con amplio respaldo y participación de todas las fuerzas políticas y sociales. Queda establecida la urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional, que permita iniciar y concretar este proceso a la brevedad posible.

El informe insiste en el crucial criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del Estado Constitucional de Derecho y los estándares contenidos en los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. El Estado debe dotar de recursos apropiados al órgano judicial, que permita una mejora de sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y amplíe y mejore su cobertura en todos los municipios del país.

El relator especial insta al gobierno a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del órgano judicial, que incluya un diseño institucional para una gestión más eficiente. Es indispensable que la administración y gestión del sistema judicial se encuentre en instancias especializadas y que quienes son la parte sustantiva del sistema de justicia, los jueces, vocales y magistrados, se constriñan a administrar justicia y no se involucren en asuntos administrativos y de gestión.

El Estado debe establecer una efectiva carrera judicial, por medio de legislación que tome en consideración los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, incluyendo, entre otros aspectos, la idoneidad para desempeñar las funciones judiciales, criterios y procedimientos apropiados para la selección y designación, y garantías normativas e institucionales de inamovilidad de quienes se desempeñen con integridad.

Urge cambiar los procedimientos de designación de las principales autoridades del poder judicial. El problema central es la falta de independencia de los jueces que debe resolverse cambiando la forma de nombrar magistradas y magistrados. Y aunque el gobierno enarbole la independencia judicial, le conviene tener un sistema judicial débil, frágil, sometido y pervertido para poder conseguir sus fines políticos: el control monolítico del aparato estatal y la reproducción del poder político.

En realidad, un Órgano Judicial sin independencia no solo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la ley de la selva, sino además pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Sin embargo, la solución no pasa por cambiar solamente a las principales autoridades judiciales. 

Hay que transformar no sólo el sistema de designación de las principales autoridades judiciales, e imponer en todos los niveles la meritocracia, sino fundamentalmente hay que fortalecer al Órgano Judicial, MP, policía y sistema carcelario en su conjunto. Y este fortalecimiento pasa por reconocer los cargos vitalicios, exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado”, presupuesto económico suficiente y la evaluación periódica de forma que se cualifique la formación y capacitación permanente de los jueces, fiscales, y policías.

El informe grafica no solo el estado de descomposición en que se encuentra el sistema judicial boliviano sino también la necesidad de introducir reformas estructurales urgentes, salvo que el gobierno sea funcional a la delincuencia, la corrupción y la impunidad.