Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 29 de mayo de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
En la semana que concluye se conoció finalmente el informe sobre la situación de la justicia boliviana que fue elaborado por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Diego García-Sayán. En un cuidadoso texto con lenguaje diplomático, identifica grandes males como la retardación, la falta de acceso, el abuso de la detención preventiva, la corrupción y la injerencia política.
Son 20 páginas de diagnóstico y recomendaciones que llevan a la conclusión de que los rimbombantes anuncios de reforma hechos por el gobierno del presidente Luis Arce desde el día en que asumió el cargo, hace un año y siete meses, no fueron más que eso: rimbombantes anuncios. Y lo peor es constatar, una vez más, que los bolivianos mantenemos un sistema judicial instrumentalizado y corrupto, lo que seguramente no debe preocupar a quienes se benefician de ello.
“Se constató... que patrones de injerencia en el Órgano Judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados”, se lee en el documento, conclusión que coincide con el informe que en julio de 2021 presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos ocurridos en el país entre noviembre y diciembre de 2019.
“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial”, señala una parte de ese documento y otra revela que “el GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”.
La injerencia data de hace muchísimos años, pero ¿cómo se profundizó? El informe de García- Sayán, al referirse al actual mecanismo de elección de autoridades judiciales, ese que en 2011 y 2017 puso a los bolivianos a elegir de una lista filtrada por la aplanadora legislativa de dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS), menciona que “recogió una extendida valoración crítica indicando que dicho sistema está politizado y no siempre ha conducido a escoger a las personas más idóneas”. El sistema en sí fue un importante avance para la justicia, pero como el MAS lo manejó tuvo un efecto distinto al esperado.
“Cuanto más alejado esté el poder político de los procesos de selección y designación, mejor”, complementa el informe, y en las conclusiones es aún más contundente: “La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”.
Por donde se vea, mientras se mantenga un mecanismo que filtra políticamente las candidaturas para la elección de las principales autoridades del sistema judicial, la injerencia continuará incólume. Y la justicia, además, mantendrá sus cifras rojas.
Aquí algunos datos revelados en el informe del relator: el Servicio Plurinacional de Defensa Pública llega únicamente a 99 de los 339 municipios que hay en el país y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima sólo a 43; existen 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria para atender a más de 11 millones de personas, de los que el 47 % desempeña funciones de modo transitorio, y la retardación de justicia llega al 57% de los casos (dato de 2020). En 2021, la Contraloría General calculó que una causa en el Órgano Judicial puede tomar hasta 10 años en resolverse.
Hay más. Aumentan los casos de feminicidio que continúan en la impunidad (entre 2013 y 2021 se reportaron 869 y entre 2013 y 2020 sólo se contabilizaron 272 procesos) y en 20 recintos penitenciarios urbanos con para albergar 5.346 personas hay 18.703, el 64,10% de ellas bajo detención preventiva.
Mientras la justicia continúe como está y lo único que se haga sean anuncios políticos de transformaciones que nunca llegan, estamos camino al abismo. Es hora de hacer algo en serio.



