El informe del relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García-Sayán, rebasó el peor diagnóstico esperado sobre la justicia boliviana. Mencionó con prioridad el caso de la expresidenta Jeanine Áñez antes que al de los exministros del gobierno de Evo Morales, que estuvieron un año en la embajada México. 

El documento denuncia que el Gobierno presiona y ejerce un patrón constante de amedrentamiento contra los operadores y rivales, insta a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas, advierte que la elección de magistrados por voto popular debe erradicarse para evitar injerencia política, conmina a tener un defensor del pueblo titular y a contar una ley de acceso a la información pública, entre otras recomendaciones.

A esas cinco se suman otras, como carrera judicial débil, al igual que la fiscal, su carencia en el área rural, el impacto de la corrupción que incide en la confianza, que un colegio de abogados debe ser independiente, que solo el 44% de los jueces son de carrera, que el presupuesto para justicia no llega ni al 0,5% del PIB, etc. 

El Gobierno, a través del viceministro de Justicia, César Siles, destacó que en las páginas 1, 9, 15 y 19 del informe, se manifiesta que las víctimas de las “graves violaciones de los derechos humanos producidas en el contexto de la crisis sociopolítica de 2019/2020 siguen esperando justicia”.

Sobre la injerencia política en la justicia, la Relatoría dijo que abordó el caso de la independencia a lo largo de varios años, como el proceso penal contra la exalcaldesa de La Paz Gaby Candia, ocurrido en 1998, “que se habría caracterizado por fuertes presiones políticas y mediáticas”. 

Se refirió a la detención, el 11 de julio de 2011, de la jueza Natalia Rosas Fernández, “estableciendo, además, preocupación por un patrón de amedrentamiento sistemático ya que serían varios los jueces encarcelados y procesados por presión del Ministerio de Gobierno”.

Se refirió también a la destitución de Gualberto Cusi, Zoraida Chánez y Ligia Velásquez, exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014.

En el reporte menciona que en febrero de 2020 hubo preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia por el Ministerio de Gobierno de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, así como actos de hostigamiento en contra de exministros de Morales y dirigentes del MAS que se refugiaron en la embajada mexicana durante un año.

En contraparte, el relator dedicó tres acápites para referirse a la detención de la expresidenta. Indicó que Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2021. Enfrenta dos procesos: “Golpe de Estado I”, en el que fue imputada, junto con otros actores, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En el conocido como “Golpe de Estado II”, se encuentra imputada por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución.

García-Sayán observó, “con preocupación”, la existencia de tipos penales ambiguos, tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes. Además, destaca la recomendación que explica que garantizar la independencia del sistema de justicia incluye que las autoridades se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse.

Sobre el caso Áñez, en específico, complementó que los dos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Tomando en consideración que ella cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator. “Este pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”, señaló pese a que suspendió una visita a la cárcel, aunque sí se reunió con su hija, Carolina Ribera, y sus abogados.

Complementa que este caso coloca de manifiesto “problemas estructurales de la administración de justicia, como la generalización de la detención preventiva”. 

Por ello, el Relator fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. 

Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud. Recordó que, en el caso particular de una huelga de hambre, esta obligación estatal se tenía que respetar escrupulosamente”.

Luego, en sus recomendaciones, “instó al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana.

 Las detenciones preventivas deben ser excepcionales”.
Acotó que corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal.

El Gobierno, con relación a la situación judicial de la expresidenta que considera ‘de facto’, sostiene que el informe señala en su página 15 que en presencia del Relator Especial, el ministro de Justicia y la Misión Técnica del Acnudh firmaron un protocolo para la observación de procesos judiciales.

El documento prevé “que la Misión Técnica haga seguimiento a casos de crímenes de lesa humanidad como los vinculados a la crisis de 2019-2020; causas contra miembros del Poder Judicial y del Tribunal Electoral, entidades de creación constitucional, el Poder Ejecutivo”, en alusión a los procesos contra Añez. Esta medida fue asumida para preservar el cumplimiento y observación de “las garantías judiciales y el debido proceso en este y los demás casos”, según el informe.

El Ministerio de Justicia ve que el caso Añez no fue destacado como “ejemplo de injerencia”. Además, con respecto a la crisis sociopolítica de 2019-2020, el ministerio relieva que García-Sayán en su informe sostiene que “el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Debe garantizarse la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho
de las víctimas a participar”.

Elecciones judiciales
La Constitución de 2009 estableció que las autoridades máximas del Órgano Judicial, incluido el Consejo de la Magistratura, serían elegidas mediante sufragio universal. Se han llevado a cabo dos elecciones de altas cortes en el país, en 2011 y 2017. “En la mayoría de las entrevistas efectuadas durante la visita se expresó preocupación sobre este sistema de designación. El Relator Especial recogió una extendida valoración crítica indicando que dicho sistema está politizado y no siempre ha conducido a escoger a las personas más idóneas”.

También tomó nota con preocupación de la baja legitimidad de dichas votaciones dada la escasa participación del electorado. Según el Órgano Electoral, la participación fue del 78% en 2017, uno de los porcentajes más bajos de los últimos años en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se suele superar el 90% de concurrencia. 

Otro aspecto relevante es que la mayor parte de votos fue en blanco o nulo. El informe de García-Sayán destaca que es necesario que Bolivia tenga un defensor del pueblo titular, y una ley de acceso a la información.