El informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, quien estuvo en Bolivia entre el 15 y 22 de febrero para diagnosticar el estado de la Justicia en Bolivia, concluye que “los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados” y pone como ejemplo el caso que involucra a la expresidenta Jeanine Áñez.
Sostiene que los procesos “Golpe I” y “Golpe II”, que involucran a la exautoridad, “han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero” y recuerda que, en el transcurso de su estadía en Bolivia, García-Sayán se enteró sobre la huelga de hambre que cumplía la exmandataria, siendo “testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”.
Las conclusiones del Relator se encuentran en 20 recomendaciones para la administración de la Justicia en Bolivia, entre las cuales pide respetar la independencia del Órgano Judicial, elaborar un plan de reforma estructural y poner fin a las detenciones preventivas e insta al Gobierno a designar un Defensor del Pueblo.
"Se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. Hay consensos favorables recogidos por el Relator Especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución", refiere la primera conclusión sobre la visita del experto de las Naciones Unidas.
